Los constructores detectan más de mil fallos en el Plan General que paralizan licencias

R. TRAVESÍ / Burgos

El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que redacta el equipo Ezquiaga Arquitectura, continúa levantando críticas.La penúltima corre a cargo de la Federación de Empresarios de la Construcción de Burgos (Fecbu) que ha detectado, de momento, más de un millar de errores que piden sean solventados y rectificados durante el actual periodo de tramitación.

La patronal de constructores presentará esta semana un escrito en el Registro del Ayuntamiento para dar a conocer estos fallos en la redacción del PGOU y para su corrección en vía administrativa. De esta manera, apuntan fuentes de la Federación, se evitarán probables recursos en los tribunales que, a la postre, ocasionará una paralización del Plan General.

La Fecbu, integrante de la Confederación de Asociaciones Empresariales (FAE) de Burgos, ya expresó en enero pasado sus discrepancias con el Ayuntamiento por el proceso para la redacción del PGOU, un documento clave para el planeamiento y el desarrollo urbano de la ciudad en los próximos años.

Mala calificación

Entonces, criticaron la falta de claridad en el criterio para determinar las zonas a las que afectaba la paralización de la concesión de licencias y el temor a que ese tipo de situaciones estuvieran sujetas a arbitrariedades por la falta de concreción. Temores que, finalmente, se cumplen con los errores detectados. «Cuando examinamos el documento, vemos que hay sectores que tienen una mala calificación y que afectan a la suspensión de licencias», explica la patronal que aúna a los constructores.

Los principales fallos -que en algunos casos califican de «bulto»- están relacionados con las llamadas zonas de planeamiento asumido, lugares donde con la ordenanza del plan anterior se permitía la construcción de edificios de viviendas y ahora no tienen esa calificación ni ese planeamiento. «Hay muchos casos en que el viejo y el nuevo plan no chocan y, por tanto, se puede seguir con la tramitación iniciada porque ya hay un planeamiento asumido», explican desde la Federación.

El representante de la Federación muestra su sorpresa con el elevado número de errores que recoge el nuevo Plan General. «Un documento de estas características siempre suele tener algún fallo porque contiene mucha información pero más de un millar es exagerado», reconoce. Y su lectura es la «injustificada celeridad» al apuntar que «una cosa es tramitar de forma rápida el PGOU y otra, muy distinta, es hacerlo mal por las prisas, que traen como consecuencia errores».

La Federación de Empresarios de la Construcción (Fecbu) y la Asociación Burgalesa de Promotores Inmobiliarios (Abuproin) emitieron en febrero un comunicado conjunto en el que reclamaban al Ayuntamiento agilidad, pero sobre todo rigor en la tramitación del nuevo Plan. El objetivo era que no se produjeran demoras injustificadas para su aplicación y así permitir su desarrollo sin complicaciones.

Impugnaciones judiciales

Los empresarios de la construcción consideran que estos fallos detectados permitirán al equipo de redactor del Plan solventarlos y, a la postre, evitará problemas en el futuro al Ayuntamiento. Problemas en forma de impugnaciones en la vía del Contencioso Administrativo.

La Federación de Empresarios de la Construcción de Burgos reparte culpas entre el equipo redactor del nuevo Plan -que recayó a finales de 2007 en Ezquiaga Arquitectura y Territorio por 1,3 millones de euros- y el propio equipo de Gobierno municipal. «Si el Ayuntamiento encarga un trabajo tendrá que supervisar y conocer los resultados. De no ocurrir esto, entiendo que es una desidia que tiene una trascendencia para el futuro de la ciudad», asevera un representante de la patronal. A renglón seguido, añade que nadie les puede tachar de dilatar el proceso de la elaboración del Plan General por denunciar fallos, porque la Federación -explican- sólo desea que el documento sea el mejor posible.

A vueltas con el periodo de información pública

El nuevo Plan General de Ordenación Urbana está todavía en periodo de información pública. Hasta el próximo 10 de mayo, está a disposición de los ciudadanos para comprobar el futuro urbanístico de la ciudad. Un error de forma porque parte de la documentación del PGOU no se colgó en la página web, lo que obligó a la Concejalía de Fomento a ampliar el plazo para la presentación de alegaciones hasta esa fecha.

Un plazo que podría ampliarse otros 45 días naturales después de que el Ayuntamiento de Burgos publicara la semana pasada el Documento de Referencia para la Evaluación Ambiental del Plan General. El anuncio especifica que la consulta podrá consultarse durante ese tiempo, lo que dilataría todo el proceso hasta el mes de junio. El concejal de Fomento, Javier Lacalle, asegura que el periodo de exposición pública sólo afecta al informe medioambiental y no a la totalidad del documento. La Federación de Empresarios de la Construcción (Fecbu) tiene sus dudas porque considera que es una parte integrante del Plan e, incluso, cree que se contraviene la norma. De todos modos, remitirán un escrito al Ayuntamiento para conocer su criterio por escrito.

La Fecbu mantiene cada semana dos reuniones para analizar plano por plano el Plan General de Ordenación Urbana y, de momento, recopilan los errores que encuentran y después  llegará la fase de ordenarlos para presentarlos en forma de alegación. «Hay que estructurar esos fallos para ofrecer una sistematización que ahora carece», afirma un representante de los empresarios de la construcción de Burgos.

Lacalle ha reconocido en varias ocasiones que el Plan General de Burgos será el más avanzado de España, al ser el único adaptado a las nuevas leyes urbanísticas autonómicas y nacionales, además de nacer con el máximo consenso. Extremo del que discrepan tanto la oposición como asociaciones de vecinos, constructores, promotores y Colegio de Arquitectos. El concejal siempre ha destacado el ejemplo de la tramitación del documento, con el objetivo de que el PGOU estuviera aprobado antes de que concluya el mandato. La previsión es que su entrada en vigor, tras el visto bueno definitivo de la Junta de Castilla y León, llegue a lo largo de 2011.