La Policía informará en una semana sobre el estado de 12 locales municipales

J. MAIQUES / Burgos

No puede volver a repetirse lo sucedido con la cafetería Espolón. Y si hay algún otro local municipal en situación irregular, eso se tiene que acabar, y ya. De ahí, que el Ayuntamiento tenga abierta una auditoría para conocer la situación en la que se encuentran otros 12 locales de titularidad pública y la próxima semana, cuando la Policía Administrativa termine de visitarlos para conocer si los contratos están en regla, «estarán disponibles los primeros resultados», tal y como señala el concejal de Patrimonio, Eduardo Villanueva.

Para que la auditoría tenga una fiabilidad absoluta, el área de Patrimonio está recopilando toda la información a través de tres vías de trabajo complementarias con las que se quiere conocer la situación de la cafetería y el camping de Fuentes Blancas, la cafetería de Fuente Prior, el BNB, el Vagón del Castillo, la explotación del negocio de la Casa de la Cultura de Gamonal,  así como los locales que tiene en Villafría, Villalonquéjar, San Cristóbal, Cortes, Castañares, San Julián y la Barriada de Illera. Algunos de ellos negocios en toda regla, y otros utilizados también como centros culturales.

De la primera de las vías de análisis abiertas se encarga la Policía Administrativa. Su labor, que iniciaron la semana pasada, consiste en acudir a todos estos locales para pedir los contratos, comprobar que no están subarrendados a terceras personas (cosa que está prohibida) y conocer si cuentan con las licencias preceptivas.

Pero, ¿no tiene el Ayuntamiento todos estos datos y la misma información? En teoría sí, pero se quiere contrastar la información que está en poder del titular de la explotación con la que está guardada en la Casa Consistorial. Eso, salvo que haya alguna sorpresa y no exista alguno de esos contratos.

La segunda pata de esta auditoría consiste en realizar una inspección de tributos para conocer si existen ingresos de estos locales y, en ese caso, comprobar a cuánto ascienden. Aquí, también corresponde controlar si los dueños de la explotación pagan, por ejemplo, las facturas de luz y agua. Eso, salvo que estén eximidos por el contrato.

Finalmente, el último pilar de este análisis consiste en revisar, si los hay, cada uno de los expedientes de todos los locales municipales que, en estos momentos, están explotando un negocio. Esta labor la está realizando el personal de la Concejalía de Patrimonio.

Con todo esto, la próxima semana se tendrán los primeros resultados pero, probablemente, no serán los definitivos. Eso sí, parece lógico que después de la visita de la Policía a los locales se tendrán que disipar muchas dudas.

Precisamente, la comprobación del estado de estos locales es ahora lo primero que quiere saber el alcalde, Javier Lacalle. Y es que, el primer edil ya dijo el pasado martes que «lo que me preocupa, en estos momentos, es saber en que situación están el resto de inmuebles que tiene arrendados el Ayuntamiento. Y ver si queda algo por abonar a las arcas municipales», señaló.

Así las cosas, el encargo de Lacalle al máximo responsable del área de Patrimonio, Eduardo Villanueva ha sido claro y se resume, fundamentalmente, en tres cosas: saber si todos estos locales tienen contrato, cuando vence la explotación de los mismos y si tienen alguna deuda pendiente.