El PP apela a la reducción de la deuda y la oposición solo ve afán de recaudar

L. B. / Burgos

Entre tasas, precios públicos e impuestos discurrió ayer el último Pleno municipal antes de las vacaciones estivales. La sesión se prolongó más allá de las cinco horas que evidenciaron la brecha que separa al equipo de Gobierno de los tres grupos políticos de la oposición. Especial relieve cobró la citada grieta en los puntos referidos a la modificación de las 34 ordenanzas fiscales que regulan las tarifas de los servicios públicos o el pago de tributos.

Todas ellas se aprobaron con el único voto positivo del Partido Popular y el rechazo de PSOE, Unión, Progreso y Democracia (UPyD) e Izquierda Unida (IU), que se posicionaron contra un incremento que oscilará entre el 2,1% correspondiente al IPC, que afecta a 14 tasas,  el 5% que subirán el IBI, las basuras o el Impuesto de Vehículos y aumentos superiores de todos los tamaños que gravarán el uso de servicios de distinto tipo, desde prestaciones de carácter social hasta la colocación de terrazas, entre otras actividades.

El concejal de Hacienda, Salvador de Foronda, tomó la palabra en tres ocasiones y subrayó la intención con la que el área municipal que encabeza propone este incremento generalizado. «Queremos reforzar la cobertura del coste de los servicios, que supera los 30 millones, y pasar del 8% actual a un 25%. Tratamos de garantizar la estabilidad presupuestaria de 2013 y, antes, cumplir el objetivo de reducir la deuda a 130 millones de euros a finales del presente ejercicio», indicó y recordó que, a pesar de las quejas de otras formaciones por la reducción de las exenciones contempladas en las nuevas ordenanzas, «existen bonificaciones para las rentas más bajas».

Lo contrario arguyeron los ocupantes de la bancada opuesta a la del equipo de Gobierno en el Salón de Plenos. El portavoz socialista, Luis Escribano, cuestionó el fondo y la forma de las ordenanzas y rogó, sin éxito, que se dejaran sobre la mesa para «reflexionar en agosto sobre si son justas». Opinó que con estas medidas «están estrujando a la gente de manera intolerable» tras «haber derrochado sin freno en el pasado en proyectos tan dudosos como, por ejemplo, el nuevo puente de la Evolución, el paseo de la Isla, el puente Castilla o el plan Catedral», relató.

Sobre el grado de cobertura del coste de las prestaciones, Escribano alertó de los peligros de perseguir la «equivalencia». «¿Para que sirven las administraciones públicas más que para ofrecer servicios a los ciudadanos con lo que recaudan de todos y favorecer el acceso a ellos a los que menos recursos tienen?», preguntó para concluir que, de no ser esa la misión, «es preferible que asuman estos servicios empresas privadas».

Lo mismo consideró el único representante de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, Raúl Salinero, que señaló que las tasas y los precios públicos suponen un repago de los servicios municipales que se financian con «el dinero de todos los ciudadanos». Lamentó la «falta de sensibilidad» del equipo de Gobierno con aquellos que tienen menos recursos y vinculó el aumento de precios con un mero «afán recaudatorio».

A esta conclusión se sumaba el PSOE. Carmen Hernando recordó que las medidas aprobadas ayer no estaban contempladas en el plan de ajuste elaborado hace meses y su compañera Esther Peñalba, que tildó de atraco las ordenanzas, acusó al Partido Popular de querer desmantelar los servicios públicos.

En la misma línea se manifestaba el portavoz de UPyD, Roberto Alonso, que ilustró al equipo de Gobierno sobre políticas comerciales. «Una subida de precios solo consigue ahuyentar a los usuarios porque no pueden pagar. Lo que hacen los buenos vendedores para aumentar su actividad es precisamente lo contrario, bajan los precios, tienen más clientes y, en consecuencia, crece la recaudación», detallaba.  

Con todo, Alonso fue más allá y lamentó que el Ayuntamiento haya elegido el camino más fácil. «Para equilibrar la balanza podía reducir el gasto o aumentar el ingreso y ha preferido hacer esto último cuando el verdadero cáncer de esta y de todas las administraciones es el despilfarro. Antes de aplicar la quimioterapia del aumento de tasas habrá que atreverse a extirpar el tumor del gasto excesivo», indicó.

El capítulo de impuestos suscitó comentarios de similar corte. Así, Foronda precisó que 37 ciudades españolas tienen un Impuesto sobre los Bienes Inmuebles (IBI) superior al de Burgos y destacó que «este dinero revierte de forma directa en el ciudadano». Alonso auguró que lo único que logrará el incremento de este y los demás tributos  «es que haya muchos más impagos de personas particulares y también de empresas que están próximas a la quiebra».

Hernando por su parte estimó que junto a esta subida los recientes aumentos del IBI propiciados por la revisión del valor catastral y por la orden del Gobierno central han elevado el impuesto un 20% en los últimos años.

Salinero consideraba el aumento «desproporcionado» y acusaba a los ediles 'populares' de estar «muy alejados de la realidad social de Burgos».