La economía social resiste el envite

L.B. / Burgos

La economía social capea el temporal de crisis mejor que la que carece de este apellido. No es una hipótesis, ni una percepción subjetiva. Los datos lo demuestran. Esta realidad no implica que las empresas que se mueven en el denominado tercer sector sean ajenas a las estrecheces imperantes, alimentadas por la falta de liquidez, los impagos y retrasos o la escasez de contratos. Las padecen, sí, y todas las voces consultadas coinciden en destacarlo de antemano, pero en su caso estos envites no desembocan en la destrucción masiva de empleos que asola el mercado laboral ordinario. De nuevo la estadística refrenda esta afirmación.

Así, el movimiento en los registros de negocios y puestos de trabajo correspondientes a empresas de inserción, centros especiales de empleo, sociedades laborales y cooperativas -las cuatro principales formas de economía social- es mínimo, incluso positivo si el análisis se remonta a la última década.

¿La clave? En realidad parece sencillo. Tanto, que sorprende. «Lo importante son las personas. Por encima de los beneficios, que ni siquiera se contemplan porque si los hubiera se reinvertirían en mejorar la actividad para crear más oportunidades, que es el verdadero objetivo de este tipo de empresas», explican desde El Cid, centro especial de empleo burgalés que suma 75 trabajadores.

En la misma línea se pronuncia Miguel Santos, presidente de la Federación Castellano Leonesa de Empresas de Inserción y responsable de la Fundación Lesmes, entidad local que promueve tres de las cinco empresas de inserción de la provincia. De hecho, va más allá al apelar a la rentabilidad socioeconómica añadida de este planteamiento al facilitar un medio de vida a personas que de otra forma, sin un apoyo específico, al menos en un primer momento, se verían obligados a subsistir gracias a las prestaciones, lo que «a la larga significaría un gasto mucho más elevado para las administraciones», precisa.

No se resiste a añadir que, en el caso de las empresas de inserción, «lo ideal sería que los empleados saltaran después al mercado laboral convencional con total autonomía». Lamenta, no obstante, que el inmovilismo económico actual convierta este objetivo en «imposible» hoy en día.

Burgos cuenta con cinco empresas de inserción que generan 40 puestos para personas en riesgo de exclusión social y otros tantos empleos ordinarios.  Estas cifras suponen la mitad de las acumuladas en la región. «La mayoría son pymes dedicadas a servicios como limpieza, lavandería, reformas, hostelería o tratamiento de residuos», aclara Santos, buen conocedor del terreno.

Mucho más elevados son los números relativos a centros especiales de empleo. Ascienden a 28 en la provincia y juntos superan los 600 trabajadores con discapacidad.

En cuanto a las sociedades laborales, según la información que ofrece Jesús Sánchez, técnico de Aemta la agrupación regional que las reúne, existen «entre 100 y 125» y rondan el medio millar de empleados. Las características de este modelo en el que los trabajadores son, en su mayoría, socios, «permiten que afronte mejor la crisis al tener mayor flexibilidad y poder reaccionar con agilidad ante situaciones adversas», valora Sánchez.

La Junta de Castilla y León añade a estas empresas de economía social las 313 cooperativas que, en distintos ámbitos (a saber, agrarias, de consumo, de vivienda o de trabajo) 'operan' en la provincia.

En términos generales estas entidades se mantienen y, de media, han logrado la proeza de salvaguardar el 90% de los empleos creados en los últimos años. Al menos de momento, porque el futuro se vislumbra complicado al depender de ayudas públicas y de contratos en vigor que se verán lastrados por el próximo incremento del IVA.

Santos es optimista y confía en la palabra dada por los representantes del Gobierno regional que garantizan el mantenimiento de las líneas creadas para impulsar este sector. «Tal y como están las cosas es la mejor noticia que nos pueden dar», señala y aunque reconoce que «la partida destinada a estos apoyos es insuficiente, en comparación con otras comunidades autónomas, la apuesta de Castilla y León es clara».