La dependencia toca techo con 8.000 asistidos

L. B. / Burgos

La ayuda a la dependencia ha tocado techo en la provincia de Burgos. Así, lo que el gerente regional de Servicios Sociales, Jesús Fuertes, define como «plena atención» significa que todos los potenciales beneficiarios han solicitado una valoración de su situación de dependencia y han recibido ya respuesta de la Administración o están a punto de obtenerla. En resumen: se ha alcanzado el objetivo previsto. Que les haya convencido o no el dictamen no figura en la estadística que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades publica periódicamente en su página web. Los datos correspondientes a Burgos hace meses que apenas varían. Esta tendencia estable demuestra, a juicio de Fuertes, «que ya no hay margen para seguir creciendo». Y eso que «las cifras de beneficiarios actuales están incluso por encima de las marcadas para 2015». Así, los únicos cambios que se esperan son las altas y bajas rutinarias, que modificarán poco la situación actual. Según la Junta, en estos momentos en Burgos 12.927 personas tienen ya valorada su situación de dependencia a través del correspondiente dictamen. 8.047 recibían buenas noticias, es decir, les corresponde recibir prestación. El grueso, 7.916, tienen identificadas y reconocidas las ayudas y las reciben. Una persona puede obtener varias. Por esta razón en total en la provincia la cifra de prestaciones, a 30 de junio de 2013, ascendía a 10.383.  El 70% cobra en servicios La mayor parte de estas ayudas (más del 70%, en concreto) se percibe en forma de servicio, bien como plaza en centros de día, como atención residencia, como teleasistencia o como actividades de promoción de la autonomía. El resto son de carácter económico por cuidados en el entorno familiar. El gerente regional de Servicios Sociales, Jesús Fuertes, saca pecho ante los datos y considera que la Junta ha desarrollado de manera óptima esta ley. «Se han puesto los medios adecuados para hacerlo y los datos confirman que lo hemos hecho bien y rápido», indica. Lo cierto es que, con un 98%, la proporción de situaciones resueltas -aquellas con derecho a prestación que ya la reciben- supera en 20 puntos la media nacional. No obstante, la opinión de aquellas personas que día a día trabajan con beneficiarios de esta ley dista de ser tan positiva como la expresada por el responsable regional. Aunque confirman que, tal y como celebra la Administración, se ha llegado a todos los perceptores con interés en acogerse a ella, centran su valoración en los aspectos negativos. María Jesús Delgado, presidenta de la asociación Párkinson Burgos, lamenta que esta ley echó a andar sin estar bien pensada «y así sigue». Lo mismo opina Carmen Ríos, trabajadora social de la agrupación de enfermos de alzhéimer, que subraya la falta de un presupuesto que la acompañara. Así, ambas señalan los recortes actuales de las ayudas como inevitables a merced de la evolución del panorama económico y los achacan a una mala planificación. Delgado considera además que es posible que fuera necesario modificar el acceso a algunas ayudas que no correspondían. Por su parte, Ríos indica que la reforma realizada el año pasado por el Gobierno no ha resuelto, sin embargo, situaciones injustas «que se remedian analizando los casos de manera detenida». El trabajador social de la asociación de personas con parálisis cerebral (Apace), Roberto Pérez, incide en la reciente drástica reducción de las aportaciones a los beneficiarios. «Los gastos adicionales a los que deben hacer frente sus familias son muy elevados», explica para concluir que los cambios en la ley han mermado notablemente la calidad de vida de los beneficiarios. Sin embargo, el gerente regional de Servicios Sociales defiende los nuevos baremos «porque se ajustan más a la realidad» y recuerda que en Castilla y León no se han aplicado suspensiones o aplazamientos en los pagos «aunque la ley lo permite». Los representantes de las distintas asociaciones coinciden además en exigir más agilidad en las valoraciones, aunque Fuertes destaca precisamente que la región es la más rápida. Con todo, reconoce que el compromiso es mejorar.  Por si a la Administración no se le ocurre cómo Delgado les sugiere que pongan en marcha mecanismos de revisión de las valoraciones. Y es que en el caso de las enfermedades degenerativas el paso de un grado a otro es cuestión de meses. «La ley debería estar en condiciones de responder a esta realidad», apunta. A esa idea se suma Ríos, que, no obstante, no ve demasiado futuro a esta norma. Asegura que por los comentarios de las familias de la asociación es el sentir general. «Tal y como están las cosas la gente no confía en que estas ayudas duren mucho», explica. Pérez, por su parte, insiste en reclamar que las partidas concedidas se cobren antes. Sabe que la ley está en contra porque determina plazos muy amplios, «demasiado».