La rehabilitación de San Cristóbal empezará en un mes

Con el ánimo subido comienzan el año los vecinos del barrio de San Cristóbal. Cual regalo de Navidad llegaba, por fin, el 30 de diciembre el convenio definitivo que les permitirá renovar sus bloques de viviendas y buena parte del entorno. Rubricado el documento por todos los integrantes en el ente responsable de la gestión del Área de Rehabilitación Urbana (ARU), el próximo paso es recibir el millón de euros de adelanto para comenzar a contratar las obras. La portavoz del equipo de Gobierno, Gema Conde, les aseguró que dispondrán de ese montante «en la primera quincena de enero». Eso sí, antes quieren contar con todas las licencias pertinentes por lo que la plataforma vecinal estima que «en mes o mes y medio» podrán comenzar los primeros trabajos.

320 viviendas distribuidas en 17 comunidades de propietarios se beneficiarán de este proyecto que viene de lejos. Las obras se realizarán de forma simultánea y se contratarán con empresas distintas «para avanzar más rápido y llegar a tiempo», explica la portavoz de los residentes, Irene Olmos. Y es que la rehabilitación debe culminarse antes del 31 de diciembre de 2016. Por fortuna, una parte importante del trabajo previo ya está lista y los proyectos de cada comunidad de vecinos, definidos. El arquitecto responsable, Agustín Herrero, reconoce que de no ser así tendrían dificultades para acabar a tiempo. «Hemos ultimado los detalles hasta hace un mes y de esta manera hay margen incluso para algún cambio de última hora», indica, para precisar que, con todo, hay que agilizar las gestiones al máximo.

El ente gestor del ARU tendrá autonomía para contratar los trabajos. Lo hará con luz y taquígrafos pues la página web del Ayuntamiento de Burgos ofrecerá toda la información de todo el procedimiento administrativo de una rehabilitación que, ahora sí, da sus primeros pasos. Y es que los trámites previos a la rúbrica del convenio han dilatado los plazos previstos inicialmente.

Cabe recordar que el acuerdo de regeneración urbana de este espacio -en el que confluyen las tres administraciones, local, regional y central- se firmaba el 23 de diciembre de 2014 entre el entonces consejero de Fomento, Antonio Silván, el secretario de estado de Vivienda, Julio Gómez-Pomar, y el alcalde de Burgos, Javier Lacalle. Se establecían pagos de hasta 7,3 millones de euros que se reparten entre los 2,5 del Estado, 1,7 de la Junta y una cantidad igual del Ayuntamiento y 1,2 millones a aportar por los particulares. 5,3 millones de destinarán para el arreglo de viviendas mientras que en la reurbanización y transformación del entorno se destinarán 1,7 millones de euros. El convenio establece también 293.309 euros de gastos de gestión del proyecto.

No obstante, la mejora del barrio no podía comenzar sin el convenio entre el Ayuntamiento y los vecinos que diera potestad al ente gestor para contratar las obras. Ese texto encomendaba además a la institución local, como novedad, la urbanización de los espacios públicos, que hasta la fecha iba a asumir el propio ente. Olmos reconoce su sorpresa por el cambio pues, indica, «nunca fue una exigencia de los vecinos» y «ya teníamos previsto incluso por dónde comenzar».

Sea como fuere, Herrero añade al respecto que la mejora de la urbanización arrancará por lo menos complejo e incluirá actuaciones diversas. «Se priorizarán la jardinería y la renovación del mobiliario urbano», augura.

El resto, quedaría pendiente para la segunda fase del ARU -el plazo de finales del 2016 es para la primera- que incluiría más viviendas y los trabajos en el subsuelo de los espacios públicos. Todo el proyecto deberá estar terminado antes del 31 de diciembre de 2017, una década después de que comenzarán a sonar las primeras reivindicaciones vecinales.