Licencias detecta medio centenar de ruinas

Las multas coercitivas hacia los propietarios de edificios en mal estado de conservación e incluso en situación de ruina son el último paso de un largo camino que emprende la Concejalía de Licencias ante inmuebles en estado de abandono. Sin embargo, resulta la actuación más efectiva. Cuando los propietarios se ven ante la disyuntiva de pagar una sanción o bien solucionar de inmediato el problema en su finca suelen decantarse por la segunda opción.

Esta es la experiencia del día a día de los responsables del área de Licencias en el Ayuntamiento de Burgos que aseguran que se hacen numerosos requerimientos para reclamar una acción de conservación o bien para iniciar los trámites de un derribo, pero no es hasta que se emite la multa cuando se actúa. En el 80% de las situaciones en las que se decreta la ruina de una propiedad no se presenta el proyecto de demolición y limpieza del solar hasta que se emite la multa coercitiva.

La normativa de las Inspecciones Técnicas de Construcción ha marcado un antes y un después para conocer el estado del patrimonio urbano de la ciudad, que goza de buena salud en una mayoría muy amplia de las edificaciones. Sin embargo, hay puntos negros en los que determinadas propiedades caminan hacia la ruina ante la mirada de los vecinos más cercanos sin que estos puedan hacer nada. Así, es a partir de la entrada en vigor de esta norma, a finales de 2012, cuando se detectan más ruinas en la ciudad, fruto precisamente de los expedientes de inspección que corren a cargo de los propietarios. Anteriormente eran las quejas vecinales o bien las denuncias de la Policía Local y la intervención de los bomberos las que ponían de manifiesto el mal estado de conservación de cualquier inmueble.

La concejal de Licencias, Ana Bernabé, pone como ejemplo los dos últimos años con 20 y 22 edificios declarados en ruina y detectados en 2014 y 2015, respectivamente. Es un porcentaje bajo teniendo en cuenta que cada año entran en el padrón de la ITC una media de 600 propiedades, sin embargo es un número superior a las ruinas que se constataban antes de la normativa.

Se considera que una edificación está en ruina económica cuando el conjunto de las reparaciones, excepto el valor del suelo, excede del 50% de la valoración del inmueble. Al realizar la inspección se comprueba que fallan la estructuras, las cubiertas, las instalaciones... Y cuando se reclama al propietario que se haga cargo de los desperfectos, muchas veces la respuesta es negativa. Si los técnicos del área ratifican que existe esa ruina económica con la visita al lugar y el cálculo del las inversiones necesarias se declara la ruina y se puede derribar el inmueble.

A veces en lugar de ruina económica, lo que existe es una ruina inminente en ese caso la actuación por parte de la propiedad debe ser rápida.

Cuando la Inspección Técnica es desfavorable pero la edificación no entra en el rango de ruina económica, desde Licencias se requiere al propietario para que haga las reformas. Si no las realiza se emiten órdenes de ejecución y si en el plazo de dos o tres meses, previamente establecido, no se actúa se informa de que el Ayuntamiento puede actuar de forma subsidiaria o bien se emite la multa coercitiva. La sanción representa un 10% sobre el valor de las obras a ejecutar y se impone mensualmente durante un máximo de diez meses.

Antes de la crisis económica desde Licencias se contrataba a una empresa para las ejecuciones subsidiarias, la última fue Jovilma, pero tras su entrada en concurso de acreedores no se ha vuelto a contar con una constructora para estas actuaciones. Esto es algo que va a cambiar este 2016 ya que en el recién aprobado presupuesto se contempla una partida para contratar a una empresa para las actuaciones subsidiarias en aquellas ocasiones en las que no pueda intervenir la brigada de obras.

Cuando se toma la decisión de que la administración actúe de forma subsidiaria, de lo que se trata es de ganar tiempo ante un problema de seguridad en un edificio, pero que sea el propietario quien finalmente acabe pagando la factura de este gasto.Del Villa Jimena a Huelgas pasando por Progreso

Al comenzar esta información se recogía el dato de la eficacia de las multas coercitivas a la hora de conseguir una reacción por parte del propietario. Pues bien un ejemplo de ello está en el antiguo hotel Villa Jimena, en la zona de Pisones, en Burgos. En los últimos diez años esta propiedad ha cambiado de dueños en tres o cuatro ocasiones. Ahora es el Sareb (conocido como banco malo) el que tiene en sus manos este inmueble. Decenas de denuncias de los vecinos, algún que otro incendio y gente entrando y saliendo a sus anchas de este edificio provocaron numerosos requerimientos a los distintos propietarios para que fuera tapiado y mantenido en unas mínimas condiciones de salubridad. Se tapió hasta tres veces, sin embargo a los pocos meses, volvía a la situación inicial. Pues bien, en los últimos meses cuando elAyuntamiento conoció que el Sareb se hacía cargo de la propiedad emitió una multa coercitiva cercana a los 7.500 euros. Según informan desde Licencias, el resultado ha sido que ya han presentado en el Ayuntamiento un escrito indicando que tienen presupuesto aprobado para ejecutar las obras necesarias. No servirán para levantar un nuevo edificio, pero sí para acondicionar la parcela, sanear, arreglar el vallado y tirar los escombros.

Otro ejemplo es de un edificio en la calle Alfonso VIII, frente al Monasterio de las Huelgas, ahora en manos de una sociedad relacionada con Caja Rural. En este caso, lleva en situación de ruina varios años y tras varios requerimientos se ha presentado un proyecto de sustitución que rehabilitará el edificio. En la calle Progreso 18, también se está en el paso de que se ha dictado orden de ejecución con amenaza de ejecución subsidiaria o de multa coercitiva. Por ahora se está a al espera de respuesta.