El PSOE persiste en una propuesta alternativa a la deuda del desvío

El acuerdo adoptado en el consorcio del desvío del ferrocarril para reestructurar la deuda de 167 millones de euros durante 15 años con las entidades bancarias sigue en el dique seco por las evidentes diferencias políticas, que ya provocaron que se retirara del orden del día del Pleno extraordinario del pasado 22 de junio.

El motivo de esa retirada era que el PSOE considera que se debe buscar una alternativa al acuerdo aprobado por el consejo rector del consorcio. Una propuesta, hay que recordar, que consistía, a grandes rasgos, que el Ayuntamiento se hacía cargo de 47 millones con una cuota anual de 3,7 millones, más 17 millones de intereses, mientras que se pretende conseguir los 118 restantes mediante la venta de los terrenos del desvío.

En la reunión informal de ayer, convocada por el concejal de Hacienda, Salvador de Foronda, participaron representantes del PSOE, Imagina y Ciudadanos, así como de las entidades financieras. No fue un encuentro oficial, sino más bien una toma de contacto después de que el PSOE le dejara claro al equipo de Gobierno que no iba a avalar un acuerdo de estas características que, según los socialistas, hipotecaría el futuro de la ciudad durante las próximas décadas.

En el encuentro de ayer quedó claro que las posturas están igual de alejadas que cuando se decidió no llevar el acuerdo al Pleno extraordinario de junio. El PSOE insistió en la necesidad de buscar un acuerdo diferente y, en este sentido, tiene previsto presentar el próximos días un documento que recogerá la propuesta alternativa de los socialistas, según confirmó ayer a este periódico su portavoz, Daniel de la Rosa, quien adelantó que será «una propuesta realista».

El PSOE, que se abstuvo cuando se votó la propuesta que presentó Foronda, votó enj contra cuando el acuerdo se llevó a lacomisión de Hacienda. El edil del PSOE Antonio Fernández Santos justificó el voto negativo en el acuerdo que firmó el alcalde, Javier Lacalle, con las entidades acreedoras para aplazar la refinanciación de la deuda, lo que abría la puerta a la disolución del consorcio si no se cumplían con los plazos de pago, lo que haría que toda la deuda se traspasaría al Ayuntamiento. El PPrespondió con lo que denominó la «cláusulaOlivares», en referencia al alcalde socialista y a la actuación que realizó en año 2003 cuando «se decide constituir» el mencionado consorcio. Según el PP, el artículo 18 de los estatutos estableció que el Ayuntamiento asumiera en el futuro las obligaciones que no pudiera afrontar el consorcio.