Los bancos urgen la disolución del consorcio para cobrar la deuda

Los representantes de las entidades bancarias acreedoras de los 167 millones de euros del desvío del ferrocarril, lejos de conceder una tregua al Ayuntamiento de Burgos, instan a la disolución del consorcio del ferrocarril en un burofax enviado ayer al alcalde. No esperarán al resultado de la reunión convocada para esta mañana en la que se pretenden analizar, en el seno del consejo rector, las consecuencias de que el Pleno tomase el pasado viernes el acuerdo de rechazar el convenio propuesto para la reestructuración de la deuda.

Aseguran en esta comunicación certificada que «impone una cuota única de liquidación, compuesta por la totalidad del activo y del pasivo a imputar al Ayuntamiento de Burgos como único sucesor». De esta manera, tanto los terrenos liberados fruto del desvío, que se esperan vender en 118 millones de euros, como la deuda pasarían a ser del Consistorio y se exige un pago único.

El burofax remitido al alcalde, Javier Lacalle, está firmado por Caixabank, Ibercaja Banco y Dexia Sabadell. En este documento recuerdan la situación «deudora» del consorcio y hablan de un inminente inicio de los trámites para reclamar los 167 millones.

Es urgente para los tres representantes que se inicien los trámites de liquidación en cumplimiento de lo dispuesto en el convenio del 16 de mayo de 2014 y en el artículo 17 de los estatutos de la entidad, que contemplan su disolución. Apuntan también que esta cuestión debía haberse producido «no más tarde del 31 de marzo de 2016» que es la fecha en la que prescribía el último acuerdo que firmó el alcalde.

Para el concejal de Hacienda y consejero delegado del consorcio, Salvador de Foronda, esta reacción de las entidades por burofax es la esperada ya que insiste en que el Ayuntamiento es el «garante de la deuda». Se remitió a las declaraciones que realizaba este lunes el alcalde en que pedía a los grupos de la oposición, que votaron en conjunto «no» al convenio de refinanciación, que expongan sus alterativas a ese acuerdo. Foronda afirma que hay que «tomarse en serio» este asunto ya que opina que no caben nuevas negociaciones con los bancos, cuestión a la que se agarran tanto PSOE como Imagina Burgos y Ciudadanos.

Por su parte, el concejal socialista Antonio Fernández Santos desconocía en la tarde de ayer el envío del burofax, pero entiende esta comunicación como un intento por presionar para sacar adelante la propuesta de convenio que se llevó al Pleno de la semana pasada y que fue rechazado por 17 de 26 votos posibles (faltaba un concejal del PP). Considera que los bancos, el Partido Popular y también la Cámara de Comercio y la Confederación de Asociaciones Empresariales (FAE) están haciendo un frente común en la defensa de los intereses de los primeros, en lugar de mirar por el beneficio de la ciudad.

Fernández Santos asegura que no entiende el motivo de la reunión «urgente» convocada para esta mañana de los consorcios del desvío y de Villalonquéjar IV. En su opinión, está clara la posición con respecto al convenio y, por tanto, cree que el siguiente paso es «abrir una nueva mesa de negociación». «El Pleno rechazó el acuerdo de reestructuración de la deuda y el alcalde debe defender en una nueva negociación esta postura que es la de la mayoría y si no sabe defender los acuerdos plenarios que se vaya a su casa», opinó el edil socialista, que añade que «lejos de apoyar esta posición, sigue defendiendo su acuerdo con las entidades bancarias».

Para el socialista, tanto la convocatoria de la reunión del consorcio como el envío a los medios de comunicación por parte del gabinete de prensa del Ayuntamiento del burofax de las entidades es un «nuevo regate corto del alcalde» en un nuevo intento por «presionar» al resto de grupos políticos en lugar de optar por defender los intereses de la ciudad.

El Pleno Municipal censuró un acuerdo que preveía pagar al menos 118 de los 167 millones con la venta de terrenos. Mientras que el Ayuntamiento se haría cargo de la denominada deuda no sostenible, los 47 millones restantes (más 20 millones de intereses) con un pago anual de 3,7 millones de euros durante los próximos 15 años.

Los socialistas han planteado en las semanas previas al Pleno que no descartaban una quita o incluso han hablado de ampliar el plazo de amortizaciones a 25 años. Pero lo que primero plantean es que se estudie si el Ayuntamiento es el único sucesor en la deuda o si por el contrario las entidades firmantes en su día, Caja de Burgos y Caja Círculo, tienen alguna responsabilidad.