El Ayuntamiento, responsable único de la deuda del consorcio

El informe redactado por el gabinete de abogados madrileño liderado por el catedrático de Derecho Administrativo Antonio Jiménez-Blanco no deja lugar a dudas: el único responsable de la deuda del consorcio del desvío es y será el Ayuntamiento.Este documento, cuyo encargo se acordó en respuesta a la solicitud conjunta de PSOE, Imagina Burgos y Ciudadanos tras el rechazo del Pleno a la propuesta de convenio para reestructurar la deuda del ente, ‘libera’ así a los otros dos componentes de tal órgano -CaixaBank e Ibercaja, herederos de las extintas cajas de ahorros burgalesas- de cualquier obligación. Achaca además tan «singular» reparto a lo señalado en los propios estatutos aprobados en 2002 que, según detalla, se refrendaba e «intensificaba» en el acuerdo entre las mismas partes rubricado en 2014.Cabe recordar que el citado informe se auguró al contratarlo como clave para «armar» la defensa del Ayuntamiento ante las exigencias de los bancos (CaixaBank, Ibercaja y Dexia, tercer acreedor financiero aunque no forma parte del consorcio), partidarios de liquidar este ente para que el Consistorio haga frente al pago del total de los 167 millones de euros, habida cuenta del rechazo mayoritario de la propuesta de reestructuración.SIN VENTAJA

No obstante, sus conclusiones distan de otorgar una posición ventajosa al Ayuntamiento. Eso sí, señalan que, en todo caso, de disolverse el consorcio la situación «no empeoraría sustancialmente» pues en la actualidad este ya es el único responsable de la deuda acumulada por el ente. Es decir, que la obligación ya está ahí por mucho que no forme parte de hecho de la contabilidad municipal. Así, que sea otro órgano el que la ostente no supondría un obstáculo en caso de que los acreedores acudieran a los tribunales para exigir el pago «aunque solo fuera por lo extendida que está la doctrina judicial del levantamiento del velo de personas jurídicas, esto es, ir a buscar a quien está detrás», señala Jiménez-Blanco. Y detrás, en este caso, está solo el Ayuntamiento.El informe constata además que se cumplen las premisas para solicitar la disolución del consorcio y que no implicaría un proceso de liquidación pues en sus propios estatutos se establece que derivaría en una «sucesión a título universal en la totalidad del patrimonio, activo y pasivo». Eso sí, requería un acuerdo previo del Pleno al que el catedrático, sin embargo, no deja margen, al considerar que si no se alcanza o se rechaza esta transmisión de deuda las consecuencias judiciales «podrían terminar siendo más gravosas».El informe -que recoge y completa los ya emitidos por los funcionarios municipales al respecto- restringe, y bastante, las medidas a adoptar. O se disuelve el consorcio y el Ayuntamiento asume íntegra la deuda, que ya es suya, o se llega a un acuerdo con los bancos. Al respecto, precisa que puede ser el ya rechazado u otro resultante de una nueva negociación.Eso sí, subraya que «nadie ignora que, cuando se está en una situación de morosidad, la fuerza negociadora suele resultar muy limitada». Y, a la luz de sus conclusiones, ese es precisamente el caso, fruto de un cúmulo de decisiones cuestionables cuyo origen, según atisba Jiménez-Blanco se remonta «a la asunción por el Ayuntamiento de Burgos de un empeño económico extraordinariamente gravoso», en referencia al convenio del desvío suscrito con Fomento en 1998.