El último aliento para consolidar la paz

‘Para nosotros cada nuevo día es un logro enorme y más aún cuando vemos que la comunidad avanza’. Éste sentimiento que la Comunidad de San José Apartadó (Colombia) explica en su web se vivía en 1997, cuando se constituyo con el fin de ser, tal y como relata el himno campesino, ‘luz brillante de neutralidad’. Esa apuesta por la no violencia no le decantó a favor de las guerrilleros de las FARC. Tampoco a favor del Ejército y los grupos paramilitares. Y tuvo sus consecuencias.

En una comunidad rural de la montaña colombiana de 1.500 habitantes, el 20% han sido asesinados por cuestiones políticas. La mayor parte líderes de organizaciones sociales. En la zona se han producido más de 200 asesinatos en los que han participado desde las autoridades militares oficiales a las guerrillas. Tal es la situación y compromiso con la paz de esta comunidad de agricultores comunales que cuando en el año 2000 se instalo una Comisaría Militar en la zona, emigraron a otro lugar. Volvieron a empezar de nuevo.

Recientemente han celebrado 20 años de la fundación de este rincón de paz. Y una delegación del Ayuntamiento de Burgos ha participado en la Comisión europea de verificación de los Derechos Humanos en Colombia formado por personas con cargos institucionales y representantes de organizaciones sociales de Alemania, Italia, Bélgica y España. En ella han participado la concejal de Imagina, Eva de Ara, el exconcejal de PSOE, Luis Escribano, Javier Batallé en representación de Ciudadanos así como Ana Celia Martinez que inició el apoyo y hermanamiento de Burgos con la comunidad en el año 2003 como funcionaria del Consistorio.

Todos ellos remarcan que la firma de la paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC es muy frágil. «Nos hemos entrevistado con líderes de organizaciones de derechos humanos, con el ejército colombiano, la comisión de paz, las FARC, el defensor del pueblo allí, autoridades religiosas de la zona así como representantes de la Comisión del Paz del Senado y del Alto Comisionado de los Derechos Humanos», relató Batallé.

La conclusión es clara. El proceso en los entornos rurales y áreas como la Comunidad de San José Apartadó, donde el desarrollo económico que caracteriza a las zonas urbanas de Colombia a penas ha llegado, es tremendamente frágil. «La presencia internacional es, ahora, más necesaria que nunca, se debe apoyar y presionar para que los acuerdos de paz se materialicen», destacó la edil Eva de Ara. Aseguró que a pesar de las dificultades, de los asesinatos y agresiones que sufren los líderes de organizaciones de defensa de los derechos humanos por parte de los grupos paramilitares que se vincula a robos o crímenes pasionales no son así. «Es un tipo de agresión que ha cambiado. Se producen al atardecer o al anochecer siempre en presencia de vecinos o familiares. Se ataca de forma individualizada» relatan.

De ahí que reivindiquen la necesidad de seguir presionando al Gobierno de Colombia para que cese la «lentitud en aplicar los acuerdos de paz de La Habana e iniciar la legislación relacionada», que se inicie el desarrollo de «infraestruturas en las zonas de transición porque los integrantes de las guerrilla bajan a los pueblos pero no tienen medios e infraestructuras para instalarse, se construyen infraviviendas con palos y plásticos», relataban los integrantes de la comitiva.

Tras 20 años, y 13 años de apoyo directo desde Burgos seguir el proceso de implantación de la estabilidad y convivencia pacífica es más necesario que nunca. «Si se deja el apoyo, la presión ante las acciones de los paramilitares, el proyecto estará avocado al fracaso inevitablemente porque sólo la persecución de los delitos de organizaciones paramilitares traerán la paz, si no se persigue el problema no tendrá arreglo».

Burgos seguirá apoyando el proceso de paz en la Comunidad de San José Apartadó, una comuna agrícola dedicada a sembrar, allí donde reina el odio y el dolor, paz y esperanza. Una labor a la que el consistorio burgalés destina apoyo moral e institucional «a cada asesinato o violación de derechos se realiza una llamada, se envía una carta de protesta», señala la portavoz del equipo de Gobierno, Gema Conde. Y años después de iniciar ese apoyo y seguimiento, en 2003, se inició el apoyo económico con un aportación de 50.000 euros para mejorar las condiciones de vida (saneamiento de aguas, edificios comunales, aulas...) de las que se quieren solventar los asuntos de justificación que requieren desde los organismos de control municipal para que perciban las dos últimas anualidades de una partida económica que se reserva cada año en los presupuestos del Consistorio.