Lacalle acusa a C’s de «engañar a los burgaleses» con Villalonquéjar

Los plazos para acordar la refinanciación de la deuda del Consorcio de Villalonquéjar apremian. El plazo límite dado por los acreedores es el 31 de octubre. No habrá más prórrogas. Y el alcalde de Burgos, Javier Lacalle, afea la actitud de Ciudadanos tras el cruce de notas y declaraciones de ambas formaciones políticas la semana pasada.

«El 31 de octubre está ahí, todo lo que sea posible hacer se hará pero imposibles en los trámites administrativos no se pueden hacer, se tiene que cumplir la ley y los plazos que impone», señalaba Lacalle al requerimiento de la formación naranja de modificar los estatutos del Consorcio para adecuarlos a la normativa legal vigente. «No se puede engañar a la gente no hay tiempo para modificar los estatutos porque es un trámite que lleva entre cuatro y seis meses».

Lo que sí avanzó el primer edil es que uno de los puntos que se incluirá en la sesión plenaria del próximo viernes es el inicio del proceso de modificación de los Estatutos. Algo que está pendiente desde las modificaciones de normativa y socios del consorcio sobre los que en su día se emitieron informes pero «creímos entonces que no era necesario». Pero Lacalle explica que la propuesta de Ciudadanos llegó «el pasado lunes» en un proceso en el que la documentación que «no puede desarrollarse en unos días».

Las cuentas hablan de una deuda total que supera los 100 millones de euros. El plan de refinanciación establecía cuatro tramos para abonar la deuda de más de cien millones de euros dividido en cuatro partes: deuda sostenible de 73,3 millones a pagar en 15 años con la venta de terrenos; 28,4 millones de euros dudosos a abonar en 25 años por parte del Consistorio; un préstamo de siete millones para pagar los 6,9 pendientes del préstamo con Caixabank e ICO y los intereses no vencidos de 1,025 millones de euros que abonaría el Ayuntamiento. Una propuesta que rechazó el pleno de agosto.

Para buscar y consensuar apoyos se trabaja en un documento conjunto en el que Ciudadanos exige regularizar los Estatutos de este y otro consorcio y ampliar la representación municipal puesto que es el Ayuntamiento quien asume las cargas de estos entes.

Una modificación que exige la ley que hasta ahora no se ha llevado a cabo «porque no se ha planteado» aunque el primer edil refleja que la propuesta de Ciudadanos «es del pasado lunes». Una documentación que «no puede desarrollarse en unos días».

Ciudadanos hizo ayer público un cronograma de desarrollo de sus exigencias para dar su apoyo a la refinanciación. En ese cronograma no se establece la aprobación de los nuevos Estatutos sino una aprobación inicial. Aunque antes de la comisión de Hacienda que se celebra hoy exigían aprobar una modificación presupuestaria o con cargo a remanentes para abonar la deuda con Caixbank y el ICO de siete millones antes de finalizar el año. También se solicita desestimar los recursos de reposición ante la decisión del consejo rector del 8 de julio y llevarlo al pleno del viernes.

Por otro lado, reclaman que toda la documentación de los consorcios (el de Villalonquéjar y el del Desvío) esté a disposición del presidente y la secretaria de a comisión de investigación de los mismos antes del viernes. Ciudadanos también condiciona su acuerdo a la reestructuración de la deuda a que se elabore un informe, con un presupuesto de 18.000 euros, para abordar la extinción de los consorcios y derivar su activo y su pasivo a la Sociedad de Promoción así como instar en el pleno del viernes a la Junta a la compra de parcelas de la ampliación IV y V de Villalonquéjar para la instalación de empresas de base tecnológica habida cuenta del estancamiento del proyecto del Parque Tecnológico.

SAINETE

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Daniel de la Rosa, calificó ayer de «sainete» la controversia protagonizada por PP y Cs. Recordó que ambas formaciones firmaron un acuerdo, por el que «Lacalle sigue de alcalde» para solucionar la deuda de Villalonquéjar. Criticó duramente que en el punto 6 del dictamen que se lleva hoy a Hacienda se requiera a la Junta la adquisición de parcelas en Villalonquéjar para empresas de base tecnológica, ya que supone«una renuncia expresa» al Parque Tecnológico.