Aparicio y Granado piden «altura de miras» para reformar las pensiones

Sin ocupar un lugar preponderante en la agenda más inmediata, la urgencia de reformar el sistema de pensiones para garantizar su viabilidad es evidente. Acometer tal labor lleva ya largo tiempo en el capítulo de tareas pendientes y se ha tornado imperiosa precisamente en el momento de mayor inestabilidad política de las últimas décadas.

La lenta salida de la crisis económica, un fragmentado parlamento con escasa predisposición al consenso y la reciente escalada de tensión en Cataluña complican devolver el foco a un asunto que, no obstante, sí centraba en exclusiva el debate en la mesa de redacción organizada por El Mundo-El Correo de Burgos en colaboración con Ibercaja.

En este foro, el exministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, el exsecretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, y el director gerente de fondos de pensiones de Ibercaja, José Carlos Vizárraga, analizaron la situación y plantearon las que a su juicio han de ser medidas imprescindibles para favorecer la sostenibilidad de un sistema que ha de cambiar para sobrevivir, adaptándose a una realidad presente y futura que dista de la que asistía a la creación del modelo en vigor.

Coincidían los tres en reclamar a quienes asuman este deber la suficiente «altura de miras» y «generosidad» para llegar a amplios acuerdos que permitan avanzar y que han de contar «obligatoriamente» esta vez con respaldo de agentes sociales, algo que no ocurría en el Pacto de Toledo rubricado en 1995.

Preguntados por una de las grandes dudas que late en los hogares de los españoles bombardeados a temporadas con titulares sobre huchas en mínimos, también la respuesta fue unánime: «No se va a poder cobrar en función de lo cotizado en la actualidad». «El sistema de reparto no reserva lo aportado por cada uno para el futuro. Se usa para pagar las pensiones del presente», precisaba Aparicio.

Más tajante resultó Granado que detallaba que se trata de un contrato generacional en el que «los hijos pagan las pensiones de sus padres». «Quien quiera cobrar deberá preocuparse de que las generaciones jóvenes ganen suficiente dinero», algo que en la actualidad «no ocurre». «No se pueden pagar pensiones altas con salarios bajos y contratos precarios», subrayaba.

Juan Carlos Aparicio, por su parte, auguró que «la tensión normal del mercado debería corregir tal situación», que consideró consecuencia de una situación anormal como ha sido la profunda recesión económica.

A ella volvía a referirse el también exalcalde de Burgos para justificar medidas «provisionales» que, reconocía, han detraído ingresos a la Seguridad Social. De poner este asunto sobre la mesa se encargaba Granado: «Se han tomado decisiones para que las empresas pagaran menos con la intención de que emplearan ese ahorro en generar empleo y ha resultado ser un espejismo», lamentaba el socialista, para conminar a elevar estos pagos, eliminando ciertas tarifas planas o bonificaciones, contribuyendo así a incrementar los ingresos, que es, a su juicio, la única manera de reconducir la escasez de fondos para sufragar el gasto en pensiones.

Aparicio se resistía a tildar tales medidas de erróneas. Sin embargo, reconocía que «ya en momentos de recuperación» quizá deban repensarse, incluso suprimirse incentivos extraordinarios. Apuntaba además a una idea en auge, la de sufragar parte de este tipo de gasto social con la recaudación del IVA, como «una buena opción».

Alimentar las arcas será clave para afrontar el futuro, más allá de los cambios de calado del sistema, pues «ante un más que posible incremento de los intereses de la deuda adquirida hasta el momento», consideró Granado, para el que «el gestor que no se preocupe de tener más ingresos tendrá que recortar gastos, es así de sencillo».

Sea como fuere, las decisiones que «ojalá» se tomen cuanto antes, fuera o dentro del Pacto de Toledo, «no serán buenas noticias en términos generales», auguró Vizárraga, «salvo que nos conduzcan a un sistema complementario que dé cabida a planes de pensiones privados particulares o de empresa que, además, premie el ahorro de los ciudadanos». Significaba la «paradoja» que arrojan las encuestas al respecto: «Un 80% de la población reconoce estar preocupado y solo un 20% tiene plan de pensiones».

El exministro del PP opinaba que solo incentivos específicos y un marco normativo estable permitirían alimentar esta cultura que, según Vizárraga, urge acercar a «los más jóvenes, que son los que más tiempo tienen por delante».

El estímulo tendrá que facilitar además, según consensuaron los tres ponentes, que aquellos con rentas más bajas tengan acceso a estos planes. Invitaba el representante de Ibercaja a lograrlo con la complicidad de las empresas. «El problema es el tamaño de la mayoría de ellas en este país. Porque las pymes, en realidad, son micropymes», advirtió Aparicio, y tienen dificultades añadidas en este sentido.

Para «garantizar el derecho de sus trabajadores al ahorro», reclamado por Vizárraga, Octavio Granado proponía que estos negocios exploren su capacidad de «mutualizarse, como ya hicieron las empresas en el año 1900 para hacer frente a los riesgos en el trabajo».

Lanzada la idea, el debate patrocinado por Ibercaja y moderado por el director de EL MUNDO-EL CORREO DE BURGOS, Ricardo García Ureta, se detenía en los cambios de los sistema de protección social de otros países que pueden inspirar el camino a emprender. Al respecto, Juan Carlos Aparicio señalaba que «debemos compararnos con quien podemos, en función de las características del país y de su economía». Dicho esto, confesaba su admiración por la reforma llevada a cabo en Alemania «con progresividad y consenso social». Descartaba seguir la estela de otros estados «a los que solemos mirar por proximidad y que, pese anuncios reiterados, no han dado ni un solo paso, como es el caso de Francia».

Granado eludía apostar por un ejemplo concreto y se mostraba partidario de «analizar antes lo que cada país ha hecho para llegar al escenario previo a las reformas». «Por ejemplo, para equipararnos con otros países en España todo el mundo tendría que cotizar igual, algo que no ocurre porque existen distintos regímenes especiales. ¿Y cómo lo hacemos? Pues igual hay que pensar que algunos impuestos deben servir para compensar las diferencias», añadió.

Vizárraga, por su parte, miraba al Reino Unido y su recién implantado sistema de adscripción automática a planes de pensiones de empresa. Considera factible importar el modelo «poco a poco y con la implicación necesaria de administración, empresa y trabajadores», apostilló.MÁS INFORMACIÓN EN LA EDICIÓN IMPRESA