PP y PSOE descongelan el acuerdo sobre Villalonquéjar

El acuerdo para refinanciar la deuda del consorcio de Villalonquéjar, que asciende a 109,8 millones de euros, es viable. Después de varias semanas de comunicación por correspondencia entre el grupo socialista y el popular, intercambiando preguntas y respuestas, así como nuevas dudas y condiciones para llegar a un entendimiento, ayer en una reunión cara a cara entre Javier Lacalle y Daniel de la Rosa se hizo la luz.El alcalde rubricó las cuatro condiciones que el PSOE reivindicaba incluida la de asumir responsabilidades si no se logra la clasificación del consorcio como sociedad no financiera para evitar que en 2019 el total de la deuda recaiga sobre las arcas municipales. En concreto, el texto del acuerdo que firmaron Lacalle y De la Rosa dice que «si después de realizar todas las gestiones para lograr el cambio de clasificación del consorcio no se consiguiera durante los primeros meses de 2019, el grupo popular en general y el alcalde en particular, asumirán las máximas responsabilidades». Así, la palabra dimisión no aparece y tampoco una fecha concreta en el caso de no fructificar las negociaciones ante la Oficina Nacional de Contabilidad y la Oficina de Contabilidad de la Unión Europea (Eurostat).Al principio el PSOE, reclamaba esa dimisión del cargo de alcalde primero a 1 de enero y después a 1 de febrero. En el texto firmado se habla de «primeros meses de 2019» y de «máximas responsabilidades».

El alcalde, Javier Lacalle, aseguraba a este periódico, después de producirse la firna, que agradecía «el esfuerzo» del grupo socialista para modular los términos del acuerdo. Y reconoció que el de ayer será el entendimiento más importante entre los «dos principales partidos políticos con representación en el Ayuntamiento» de lo que queda de mandato. «Más importante que el del presupuesto», añadió.Por su parte, el portavoz del PSOE, Daniel de la Rosa, aseguraba que han mantenido la «exigencia» ya que, en su opinión, este cambio en la clasificación del consorcio es vital para el futuro de la economía de la ciudad. También recuerda que ya se consiguió una vez con el consorcio del desvío ferroviario. La deuda de esta otra entidad ascendía a 168 millones de euros, pero al Ayuntamiento se le imputó la parte considerada «no sostenible», la que no se podrá cubrir con la venta de terrenos y que asciende a 47 millones de euros. Este consorcio está clasificado como sociedad no financiera en lugar de como sector de la administración pública.«Somos conscientes de que hasta los primeros meses de 2019 no se podrá conseguir, pero de no ser así el alcalde tendrá que asumir su responsabilidad y así queda atestiguado negro sobre blanco en el acuerdo que acabamos de suscribir», aseguró el socialista.El texto explica que el PP «se compromete a solicitar el cambio en la clasificación a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) con las cuentas del consorcio durante el próximo 2018, confiando siempre en que no se modifiquen los criterios del Eurostat, en Luxemburgo, que se establecen como regulación de la economía nacional en función de determinadas variables del Banco Central Europeo».De conseguirse este objetivo, la deuda que acabaría registrada a nombre del Ayuntamiento pasaría de 109,8 millones de euros a 28,5 millones.OTRAS CONDICIONES

Con respecto al resto de condiciones plasmadas en el acuerdo hay menos controversia entre PP y PSOE. Así, se comprometen a solicitar a las entidades bancarias (ICO y Caixabank) la condonación de los intereses de demora devengados durante este periodo de negociación.Se impulsará en el seno de los consorcios del polígono industrial y del desvío el cambio de los estatutos de ambas entidades a lo que establece la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración y la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.Por último, ambos grupos ven factible negociar un nuevo acuerdo de reestructuración a partir del séptimo año del presente convenio en el caso de que las previsiones de venta de terrenos cambien a la baja.

El alcalde reconocía ayer que en los dos últimos días se han acelerado las conversaciones para llegar a un entendimiento que permita en un próximo Pleno aprobar el convenio de refinanciación entre el Ayuntamiento y el consorcio. Para Lacalle este acuerdo es «un ejercicio de responsabilidad en el que no tiene que haber ni ganadores ni perdedores».Por su parte, el portavoz socialista también repitió en varias ocasiones la palabra responsabilidad en una rueda de prensa convocada después de la firma del acuerdo. «Desde la máxima responsabilidad actúa el Partido Socialista que pone sobre la mesa el desarrollo económico y la creación de empresas», insistió. A juicio de De la Rosa este acuerdo de refinanciación, contribuirá a despejar «dudas e incertidumbre» para que «decenas» de empresas que estaban recabando información para instalarse en Burgos «tengan las garantías de poder hacerlo».CIUDADANOS CONSIDERA QUE «SE CIERRA EN FALSO»

Mientras PP y PSOE llevan intercambiando cartas desde el 30 de octubre, después de que 27 de ese mes se volvió a rechazar el acuerdo en un pleno extraordinario, los concejales de Ciudadanos se ofrecían a ser el grupo que «desatascase el acuerdo» con menos condiciones de las que reclamaban los socialistas. Sin embargo, su ofrecimiento no se vio con buenos ojos por parte del equipo de Gobierno.

Ayer tras conocer la firma de las condiciones socialistas por parte del alcalde, desde la formación naranja opinan que «se ha cerrado en falso». La portavoz del grupo, Gloria Bañeres, manifestó su «preocupación» porque «la ‘Gran Coalición’ perpetúa de esta forma la deuda de los burgaleses al margen de la legalidad». «El Grupo Municipal de Cs entiende que dicho acuerdo solo se justifica con el interés del PP/PSOE en tapar las responsabilidades de ambas formaciones en la gestión de los consorcios, origen del endeudamiento millonario de la ciudad», asegura. Desde la formación naranja, aseguran que tanto populares como socialistas han debido afanarse en la búsqueda de sinónimos a la palabra dimisión y, según recalca Bañeres, la han sustituido por «máximas responsabilidades».