PP y PSOE apoyan el convenio en el seno del consejo de rector

El camino hacia la firma del convenio entre el Ayuntamiento de Burgos y el consorcio de Villalonquéjar para refinanciar la deuda de 109,8 millones de euros sigue despejándose paso a paso a la espera de trámites importantes como la votación en Pleno municipal del próximo viernes y de conocer la respuesta de las entidades acreedoras (Caixabank e ICO). Así, después del acuerdo entre el equipo de Gobierno y el grupo municipal socialista del pasado 1 de diciembre, ayer se conocieron las cláusulas firmadas entre ambos en el seno del consejo rector del consorcio, el órgano en el que están representados los grupos políticos municipales, así como la Fundación Caja de Burgos.El alcalde, Javier Lacalle, aseguraba que PP y PSOE aprobaron en la reunión de ayer el convenio a suscribir con el Ayuntamiento. «El 90% de los miembros del consejo rector han votado a favor de ese convenio con los únicos votos en contra de los representantes del Ciudadanos, la señora Bañeres, y de Imagina, el señor Salinero», manifestó el primer edil. El convenio introducirá las condiciones marcadas por el grupo municipal socialista para favorecer en el próximo Pleno municipal la reestructuración de la deuda. De esta manera, el portavoz del PSOE, Daniel de la Rosa, remarcaba que el dictamen que pase por la Comisión de Hacienda que se celebra esta mañana y que después va al Pleno del próximo viernes, deberá recoger el «condicionado».En el seno del consejo rector se pusieron sobre la mesa esas cuatro condiciones, entre ellas la propuesta de revisar el convenio en un plazo de siete años en el caso de que el plan de ventas de terrenos industriales en Villalonquéjar no vaya según lo previsto. Este punto deberá quedar recogido de «manera explícita» en el convenio o bien a través de «un documento anexo que se elevará a escritura pública a la hora de firmar con las entidades», en el caso de recibir el visto bueno del Pleno. Así, lo concretó el edil socialista que añadió que lo mismo ocurrirá con la cláusula referida a que las entidades no reclamarán los intereses de demora devengados durante el periodo durante el que se ha prolongado la negociación.Lacalle explicó a este respecto que el convenio original, que fue rechazado en dos ocasiones en sendos Plenos municipales en julio y en septiembre, ya recogía esa condonación de los intereses hasta la fecha del 31 de octubre. «Es cuestión de que esta condición se mantenga por dos meses más para que pueda aprobarse», concretaba el alcalde, que ve posible que las entidades puedan ampliar ese plazo, aunque indicó que es una cuestión que deberán estudiar en sus respectivos consejos. A partir de que se concrete si el convenio se aprueba por elAyuntamiento el próximo viernes, la pelota quedará en el tejado de Caixabank e ICO que deberán indicar si están de acuerdo, por su parte, en el convenio de refinanciación.

El siguiente paso sería ya la firma ante notario con las entidades bancarias, una cuestión que podría concretarse en la segunda quincena del mes de diciembre, según explicó el alcalde.CAMBIO DE ESTATUTOS

Por su parte, el portavoz socialista, Daniel de la Rosa, precisó que en la reunión de ayer se ha arrancado el «compromiso formal» con la fundación Caja de Burgos de abordar con elAyuntamiento la adaptación de los estatutos a la legalidad vigente. El concejal indicaba que el interés de esta entidad es no perder «posición» en el seno del consejo rector.En cuanto a la condición referida a lograr el cambio en la clasificación del consorcio por parte de la Oficina Nacional de Contabilidad y de Eurostat, De la Rosa indicó que ya se comprobará qué ocurre en el primer trimestre de 2019. Esta es una cuestión sobre la que el consejo rector no tiene que pronunciarse ya que afecta directamente al ámbito de la deuda del Ayuntamiento. Los socialistas reclaman que el consorcio pase de considerarse sector de la administración pública a sociedad no financiera para lograr que solo la parte no sostenible de la deuda compute en el stock de deuda municipal. Así, en lugar de sumarse los 109,8 millones, se quedaría en unos 47 millones de euros, la parte que no se cubriría con la venta de terrenos industriales.La portavoz de Ciudadanos, Gloria Bañeres, que ha sido crítica con el acuerdo alcanzado entre PP y PSOE que deja fuera cuestiones que para la formación naranja son relevantes, comentó que estarán pendientes de que las entidades mantengan el compromiso de no cobrar los intereses de demora, dado que si mañana dijeran que no, el acuerdo entre PP y PSOE no serviría de nada y «volveríamos a la casilla de salida». Con respecto al cambio de los estatutos, la concejal añadió que los servicios técnicos empezarán a principios de año a elaborar un borrador. Para Bañeres no existe diferencia entre la propuesta de convenio que se rechazó primero en julio y después en octubre y la que ayer recibió el visto bueno del consejo rector hasta que no se conozca la respuesta concreta de las entidades sobre los intereses de demora y la posibilidad de renegociar dentro de siete años.