MUNICIPAL
El Ayuntamiento destinará a inversión el 25% del superávit
La modificación presupuestaria se aplaza a abril a la espera del decreto del Gobierno de Rajoy / El superávit en las cuentas asciende a 27,7 millones de euros
La modificación del presupuesto que hace unos días el alcalde, Javier Lacalle, anunciaba que se llevaría a un Pleno extraordinario previsto para el próximo 22 de marzo se va a retrasar unas semanas hasta el próximo 13 de abril.El concejal de Hacienda, Salvador de Foronda, explicaba ayer que se quiere esperar a que el Gobierno central emita el decreto -ya anunciado por el ministro Cristóbal Montoro- por el que se permitirá a las administraciones locales con superávit destinar una parte a realizar inversiones sostenibles. A la vez, el edil anunciaba que del balance realizado entre los ingresos y gastos del pasado ejercicio de 2017, el Ayuntamiento de Burgos cuenta con un superávit de 27,7 millones de euros. Mientras, el remanente de tesorería, que «son los fondos líquidos en entidades bancarias» asciende a 45,5 millones de euros, a los que habría que añadir los datos económicos del IMC, de la Gerencia de Fomento y de la Escuela de Relaciones Laborales.De esta manera, las cantidades que presentaba ayer De Foronda coinciden con las avanzadas este miércoles por el viceportavoz del grupo municipal socialista, Antonio Fernández Santos, que apuntaba a un remanente, sumadas todos los organismos, de 51 millones de euros.
A partir de disponer del decreto del Gobierno de Mariano Rajoy, desde el equipo de Gobierno se darán los pasos para llevar al Pleno de abril hasta tres modificaciones de crédito, que se sumarán a la ya firmada por el alcalde de 12 millones de euros comprometidos para obras ya contratadas como la grada del Plantío o la reforma de la Plaza Mayor, entre otras.De esta manera, con cargo al superávit se prevé contar con 8,3 millones de euros para pagar deudas financieras y comerciales (4 millones para el consorcio de Villalonquéjar y 4,3 para las facturas pendientes de la cuenta 413) y con 7 millones de euros para ejecutar inversiones sostenibles durante los ejercicios de 2018 y 2019.La tercera de las modificaciones presupuestarias ascenderá a 4,2 millones de euros, en este caso se utilizará dinero del remanente de tesorería, y servirá para dotar de partida a las subvenciones para entidades culturales y sociales de la capital burgalesa. En este apartado estaría incluida, entre otras, la partida que espera el Comité de Folclore de Burgos para poder celebrar la nueva edición del Festival Internacional que se desarrolla cada mes de julio.De Foronda aclaró que la idea de posponer el Pleno tiene todo el sentido dado que, sin el decreto del Gobierno que autorice el destino a inversión del superávit, «solo se podrían utilizar los 27,7 millones para pagar deuda». Según añadió, queda por precisar qué tipo de obra se considerará sostenible por parte del Gobierno central y, entre las posibilidades, se barajan «cuestiones de Policía Local y de los ámbitos social, cultural y deportivo». También se refirió que sobre la mesa -en ese reparto de los siete millones- están los acuerdos alcanzados con el grupo municipal socialista de obras que no se pusieron en marcha durante 2017.De esta manera, de los 27,7 millones de euros de superávit están comprometidos los 12 millones del decreto de alcaldía con la primera modificación presupuestaría, así como los 8,3 millones que se emplearán a pago de deuda comercial y financiera y los 7 millones de inversión.REMANENTEPor otro lado, en este encaje que se está realizando con la liquidación del presupuesto del pasado ejercicio, el equipo de Gobierno tiene la vista puesta en el remanente (55,3 millones en los que está incluido los 27,7 de superávit) para destinar otros 3 millones de euros para inversiones en 2018, que no podrían ser actuaciones que pasen al siguiente ejercicio. También se prevé utilizar parte de estos 18 millones restantes en dotar presupuestariamente la nueva relación de puestos de trabajo, en el caso de que Intervención dé el visto bueno, así como a dar cobertura a la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores municipales.