SOCIEDAD
Repuntan los desahucios por impago de alquiler
El primer trimestre del año cerró con 92, uno al día y un 18% más que en el mismo periodo de 2017
Imagen de un desahucio en una vivienda del centro histórico.
La estadística judicial se acompasa con las advertencias lanzadas con intensidad creciente por las organizaciones sociales, con el auge de los precios del alquiler en el punto de mira. Sin ir más lejos los responsables de Cáritas Burgos denunciaban esta misma semana el incremento de las rentas como un grave problema que frenaba el acceso a un hogar a familias en exclusión. Los datos oficiales van más allá y pese a la cacareada recuperación reflejan un aumento en el número de desahucios motivados por impago de arrendamientos en el inicio de 2018.
En concreto, el informe trimestral sobre los efectos de la crisis económica en los órganos judiciales arroja que entre enero y marzo se practicaron 126 lanzamientos -es decir, desalojos- en la provincia. Del total, 33 se debieron a ejecuciones hipotecarias por el incumplimiento de los propietarios de las obligaciones adquiridas con los bancos, y 92 se ampararon en la Ley de Arrendamientos Urbanos o, lo que es lo mismo, fueron motivados por no percibir el dueño la cuantía mensual pactada con el inquilino.
Si bien la primera cifra es la más baja en los últimos cinco años, la vinculada al alquiler supone un desahucio al día en el arranque del año, un 18% más que en el mismo periodo de 2017. Y esto, según afirman desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Burgos «es solo el principio» de un fenómeno alimentado por múltiples factores: «Es la tormenta perfecta», alertan.
El incremento del precio de los alquileres es uno de ellos, quizá el más evidente y ensombrece bastante el panorama con el que se topan muchos de los que en los últimos años, golpeados por la recesión, cambiaban una hipoteca a la que no podían hacer frente por un alquiler social. «La mayoría de los contratos se hicieron por cinco o tres años y están venciendo en la actualidad. El problema es que esas casas se han vendido en este tiempo, la mayor parte a fondos buitre que no están dispuestos a mantener las condiciones y se deshacen de los inquilinos disparando las rentas», relatan fuentes de la agrupación ciudadana.
Además, las precarias condiciones laborales -también señaladas por Cáritas como causa principal de exclusión- dan forma a la figura de trabajador pobre que pese a contar con un salario no puede hacer frente a un alquiler mensual de «400 o 500 euros». Por si fuera poco «no hay vivienda pública y el parque municipal sigue sin entregar, ni siquiera convocar, las apenas cinco casas adquiridas el año pasado». El remate: un mercado inmobiliario que se reactiva e invita a vender a quienes hasta ahora alquilaban por no encontrar compradores.
En suma, durante 2017 se alcanzaron los 574 lanzamientos, de los que 364 corresponden a impagos de alquiler. Si bien el total descendía levemente respecto al año anterior, la estadística evidencia que la mejoría se limita a las ejecuciones hipotecarias, cuyo desplome a niveles previos a la crisis mitiga el impacto del alza de los desalojos vinculados a la Ley de Arrendamientos Urbanos, cuya modificación, por cierto, urge la PAH al Gobierno recién estrenado por Pedro Sánchez, al que afean la ausencia de un Ministerio de Vivienda.