POLÍTICA DE VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA
Fomento gestiona 23 casas del Sareb en Burgos sin los CEAS
La capital es uno de los 20 municipios que no colabora al «no incluir medios para gestionarlo»
La Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León y la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) firmaron un convenio en 2015 para la cesión de 100 viviendas destinadas a un parque social de inmuebles repartidos por 28 municipios. En Burgos se gestionan un total de 23 casas de las que 16 están alquilados formalmente. Seis no lo están porque precisan una rehabilitación, que se lleva a cabo al 50% entre Fomento y Sareb. Este último está obligado a cambiar de inmueble si la vivienda cedida es muy mala y el gasto del arreglo es excesivo. Una de las viviendas está «ocupada sin contrato legal aunque se trabaja para que el ocupante regularice su situación». Pero Fomento no tiene ningún convenio de colaboración con los ayuntamientos de Burgos y Miranda incluidos en el mapa de inmuebles disponibles del Sareb. «La concejala Gema Conde nos informó verbalmente de que no tenía interés en firmarlo», aseguran fuentes de Fomento. Una actitud que choca con la petición realizada por la propia edil hace unas semanas cuando apuntaba a que «necesitamos viviendas como el comer y la Junta debería retomar su política de promoción de VPO».
Conde aclara que «no nos negamos a la colaboración interadministrativa, todo lo contrario, pero no podemos asumir sus competencias sin contraprestación, hacerlo sin medios para gestionarlo y hacerlo con nuestro personal de los CEAS, que viene de un acuerdo marco de Servicios Sociales con unas competencias donde no está esta gestión de vivienda, sería irresponsable». Insiste en que «no nos negamos a la colaboración interinstitucional pero llegamos a lo que llegamos». El convenio con los Servicios Sociales incluye a 23 trabajadores sociales a jornada completa y otro a media jornada lo que sitúa a Burgos por debajo del ratio medio de un trabajador social por cada 5.000 habitantes. En la ciudad hay uno por más de 6.000. Tampoco ven viable una convocatoria propia de estos puestos ya que «las competencias son autonómicas, si al expirar el convenio de colaboración decide asumirlas con sus trabajadores no habría tareas de este tipo que gestionar». Por ello Conde apuesta por «establecer refuerzos en función de las tareas y la vigencia de los acuerdos de colaboración».
Unas reticencias que no han visto ayuntamientos de capitales de provincia como Ávila, León, Segovia o Zamora y otros municipios como Ponferrada, la Granja de San Ildefonso, Laguna de Duero y Benavente que sí han suscrito el convenio de gestión del parque social de Fomento. Si bien el mismo criterio que el Consistorio burgalés han tenido otros 20 municipios incluidos en el convenio de 2015 con viviendas cedidas por el Sareb que no han suscrito este acuerdo marco acordado con la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) en noviembre de 2017. Por este mismo acuerdo la negativa de colaboración en la gestión del Parque Público de Alquiler de Fomento impide que el Ayuntamiento de Burgos, que es uno de los que cuenta con un Parque Municipal de Vivienda Social propio, negocie con el Sareb ya que impide a los municipios de más de 20.000 ser interlocutor con el ‘banco malo’.
Ni Burgos ni Miranda están entre la lista de municipios que han firmado este documento donde se recoge la fórmula de trabajo y donde establecen que son los Centros de Acción Social (CEAS) los que deben «valorar, a través de sus profesionales, la concurrencia de las condiciones concretas de vulnerabilidad que permitan determinar la necesidad de vivienda de una persona o de una unidad familiar mediante la emisión del informe correspondiente».
Desde Fomento consideran a los CEAS «gestionados por los Ayuntamientos (con financiación de la Gerencia de Servicios Sociales)» como la mejor ‘ventanilla única’ que «dictamina si la persona tiene derecho a una adjudicación preferente y el grado de urgencia»; luego una comisión a tres bandas asigna el inmueble disponible a la familia candidata. Apuntan que «a la persona afectada le importa poco a quien pertenezca o quién gestione un inmueble, lo que le importa es que le den una vivienda».