El PSOE veta los estatutos del consorcio del Desvío en un ejercicio de fuerza

a modificación de los estatutos del consorcio del Desvío del Ferrocarril deberá esperar. El equipo de Gobierno se quedaba ayer solo en su aprobación en el Pleno municipal y tras un debate a dos voces con el Partido Socialista. Después de que ambos partidos dieran luz verde a la modificación de los estatutos del consorcio del Polígono de Villalonquéjar, PSOE y PP se embarcaron en un diálogo sobre el compromiso de unos y otros que acabó con los estatutos del consorcio ferroviario en el cajón del ‘no’.«Con la reestructuración de la deuda de los consorcios, el PSOEtuvo que adoptar un compromiso desde la oposición que el PP nunca habría tomado y lo estamos viendo ahora a otro nivel», aseguró el viceportavoz del grupo municipal socialista, Antonio Fernández Santos, quien echó en cara al alcalde de Burgos, Javier Lacalle, que «no haya cumplido con los acuerdos adoptados con el PSOE hace un año».El socialista se refería al acuerdo suscrito que recogía, entre otros puntos, la necesidades reclasificar la deuda del consorcio del Polígono de Villalonquéjar con el fin de evitar que en 2019 esa deuda se compute como municipal y sea el Ayuntamiento de Burgos el que deba asumirla en su totalidad. «No ha cumplido con los compromisos asumidos», criticó el socialista, quien volvió a hacer hincapié en el papel «clave» del PSOE para «reestructurar las deudas y evitar que la ciudad se arruinara para siempre» al tiempo que solicitaba que «esa labor se nos reconozca realizando actuaciones clave como la reclasificación del consorcio de Villalonquéjar».Llegados a este punto, el socialista explicó que su grupo votaría en contra de la modificación de los estatutos del consorcio del polígono en una demostración de fuerza política y con el objetivo de hacer ver al equipo de Gobierno que el PSOE es imprescindible para sacar adelante multitud de propuestas. «El desvío ferroviario ya es una entidad no financiera y su deuda no puede computar como municipal por eso vamos a dar una lección al alcalde, que se de cuenta de que los nueve concejales del PP no pueden sacar adelante ninguna propuesta en solitario y traicionando sus compromisos».Por su parte el primer edil reconocía «la responsabilidad asumida por los socialistas en los consorcios» y confirmaba el cumplimiento de todos los puntos del acuerdo firmado con el PSOE. «Hemos mantenido conversaciones con el ministerio de Hacienda para hacer todo lo posible por la reclasificación del consorcio de Villalonquéjar, pero la última palabra es del ministerio». En este sentido, Fernández Santos teme que la labor de los populares «se haya relajado porque ahora quien esta en el Gobierno central es el PSOE y es la excusa perfecta para no hacer nada».Por su parte, el concejal popular Salvador de Foronda advertía que «no aprobar la modificación de los estatutos de ambos consorcios puede suponer que cambie la clasificación de uno, del otro o de los dos y tengamos que asumir la deuda desde el Ayuntamiento» y señalaba que el voto en contra de los socialistas «no es una decisión política correcta» y tira por tierra, «una oportunidad de culminar algo clave».Consorcio del polígonoDistinta suerte corrió la modificación de los estatutos del consorcio del polígono de Villalonquéjar. La modificación salió adelante con los votos de PP y PSOE y la postura contraria del resto de concejales.El edil Marco Antonio Manjón (Imagina) y el concejal no adscrito mostraban sus dudas sobre el papel de las fundaciones bancarias. «No es lógico que a esta parte se le adjudique la venta de las parcelas directamente y el Ayuntamiento pierda su liderazgo», comentó Gómez, mientras que Manjón planteba «apostar por una gestión plenamente municipal de los consorcios».Más dura se mostraba la portavoz de Cs, Gloria Bañeres, quien ponía en duda la legalidad de la modificación de los estatutos. «El personal al servicio de los consorcios solo debe ser municipal y se está dando a una entidad privada toda la responsabilidad, es un delito de prevaricación».PP y PSOE se encargaban de desmentir las acusaciones de la edil, apoyándose en el informe redactado por el secretario municipal que recoge que «la modificación es legal», según explicó el portavoz socialista, Daniel de la Rosa, quien aprovechó su intervención para recordar a Lacalle que «de no lograr la reclasificación del consorcio deberá dimitir», tal y como se comprometió en el acuerdo firmado hace un año con el PSOE.