El Plan Estratégico sigue pagando el alquiler tras año y medio ‘cerrado’

En abril de 2017 se constituía la comisión liquidadora de la Asociación Plan Estratégico, sin embargo dos años después la liquidación sigue sin hacerse efectiva. El pasado 27 de marzo este proceso vivía su último episodio con la celebración de una sesión extraordinaria de la comisión de Hacienda. En la cita, la oposición municipal rechazaba que el Ayuntamiento de Burgos haga frente a la deuda de 387.000 euros que el Plan Estratégico tiene con cerca de cuarenta entidades. Una negativa que llega después de que el pasado mes de enero el Juzgado de lo Mercantil concluyera en un auto que no admite a trámite el concurso de acreedores solicitado por la comisión liquidadora ante la falta de recursos para hacer frente a las deudas porque se trata de una entidad pública.En esa deuda de 387.000 euros, además de las diferentes cuantías que las asociación adeuda a diferentes entidades y empresas de la ciudad, se incluye el gasto en concepto de alquiler que la asociación sigue acumulando a pesar de llevar más de un año y medio fuera del espacio.Ubicado en la calle SanPablo, la asociación abonaba al mes 898 euros por el alquiler de la oficina en la que ejercía sus laborales a la entidad bancaria Ibercaja. Y sigue haciéndolo actualmente, aunque eso sí, la cuantía pasa cada mes a engrosar la deuda de la entidad.Fue en el mes de febrero de 2017 cuando la junta directiva de la asociación acordaba su disolución y en el mes de abril se despedía a los trabajadores del Plan. El cierre definitivo de la oficina de la calle San Pablo se producía en octubre, ya que desde la salida de los trabajadores y hasta ese momento fue utilizada únicamente por el gerente de las asociación, Mario Sanjuan. Así las cosas, se ha seguido abonando el alquiler durante 18 meses y eso implica un incremento de la deuda en más de 16.000 euros. Al margen del alquiler, la entidad tenía diversos gastos fijos mensuales y bimensuales como el servicio de limpieza de la oficina, el leasing de una impresora, contratos de telefonía e internet o el servicio de alarma, entre otros. Servicios que a este periódico no le consta si han sido dado de baja o siguen incrementando la deuda de la asociación.Al margen de la deuda que el Plan Estratégico mantiene con las más de cuarenta empresas y entidades, catorce entidades le deben 1.065.219 euros. De esa catorce entidades, el mayor deudor es el Ayuntamiento de Burgos, que adeuda al Plan 788.000 euros.Cabe recordar que ante la negativa de la oposición de dar luz verde al pago de los 387.000 euros a través del Ayuntamiento, el concejal de Hacienda, Salvador de Foronda, avanzó que someterá de nuevo votación en el próximo Pleno municipal el pago de la deuda. El edil pedía «sensatez» a los grupos de la oposición y advertía que «si esto no sale adelante y no se paga a los acreedores, la responsabilidad será de cada uno de los concejales que vote que ‘no’» y «cuando los acreedores reclamen al Ayuntamiento habrá que decir qué concejales se negaron al pago y responderán ellos».Obligaciones de la comisión liquidadoraLa Comisión Liquidadora de la Asociación Plan Estratégico está conformada por trece miembros representantes de fundaciones bancarias, entidades empresariales y sociales y de administración local. A ellos que se suman el secretario general del Ayuntamiento y el ex gerente de la entidad y está presidida por el alcalde de Burgos, Javier Lacalle.Tal y como recoge la Ley Orgánica del Derecho de Asociación las labores de los miembros de la comisión liquidadora pasan por velar por la integridad el patrimonio de la asociación; concluir las operaciones pendientes y efectuar las nuevas que sean precisas para su liquidación;cobrar los créditos de la asociación;liquidar el patrimonio y pagar a los acreedores;aplicar los bienes sobrantes de la asociación a los fines previstos por los estatutos y solicitar la cancelación de los asientos en el registro.La ley aborda que en caso de insolvencia de la asociación el órgano de representación o si es el caso, los liquidadores deben promover inmediatamente el oportuno procedimiento concursal ante el juez competente. En este caso, aunque el Plan instó al concurso de acreedores como única opción para el pago de las deudas, el Juzgado de lo Mercantil concluía el pasado mes de enero que no admitía a trámite el concurso al entender que el Plan es una entidad de carácter público. La Ley Concursal es clara en relación con que el sector público no se puede declarar en concurso de acreedores y al entender que el Plan lo es, su deuda pasa a ser responsabilidad del Ayuntamiento.