El juez decreta el archivo de la pieza leonesa de la Operación Enredadera

MIGUEL ÁNGEL ZAMORA / León

La pieza leonesa de la Operación Enredadera quedó archivada ayer por decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 1 de León, Fernando Javier Muñiz Tejerina, que recoge la propuesta de la Fiscalía Anticorrupción, de acuerdo a la cual se solicita el sobreseimiento «puesto que analizadas las correspondientes intervenciones telefónicas y los expedientes de contratación intervenidos, concluimos que las observaciones de las comunicaciones registradas no podrán ser entendidos nunca como delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias o fraude en la contratación, de acuerdo a los fundamentos jurisprudenciales expuestos». Por eso el magistrado entiende que «de lo actuado, no aparece debidamente justificada la perpetración de los delitos que dieron motivo a la formación de la causa», por cuyo motivo se decreta el sobreseimiento.Juan Muñiz Bernuy, del Bufete Muñiz Bernuy Abogados y letrado defensor de José Luis Ulibarri, mostró ayer su satisfacción por la decisión y se mostró esperanzado respecto al sobreseimento de la pieza correspondiente a Astorga.Las sospechas iniciales se dirigían hacia José Luis Ulibarri Cormenzana, Ángel Luis García Martín, Miguel Hernán Manovel García, Sadat Maraña, José María López Benito, Juan José Simón Callejo, Miguel Martínez Puente y Javier Herrero. Se les investigaba por tres presuntos delitos que no se han podido probar.De la malversación de caudales públicos se considera en el auto del magistrado que «no hay base como para dirigir la investigación penal puesto que no es sostenible entender que los cargos públicos con respecto a los que se dirigen las presentes actuaciones hubieran infringido el deber de administración leal de los fondos públicos». En lo tocante a la acusación de un supuesto delito de fraude en la contratación, «habiendo examinado 18 expedientes objeto de requisación y las sociedades que resultaron finalmente adjudicatarias en el seno de los mismos, no se puede inducir un concierto de voluntades entre servidores públicos y los empresarios implicados en esta investigación que devengara en la conducta penal estudiada».Similar argumento se utiliza en lo tocante a la acusación del delito de tráfico de influencias: «Las sociedades que han resultado adjudicatarias en el seno de los expedientes no pueden inducir un prevalimiento que devengue responsabilidad criminal en los términos expuestos».INSTRUCCIÓN ACABADA

Concluida la fase de instrucción «no quedan diligencias pendientes de practicar», explica el magistrado en el auto. El apartado de fundamentos de derecho recoge además afirmaciones tajantes: «No se aprecia que deba continuar esta instrucción con un carácter meramente prospectivo, manteniendo indefinidamente el estatus de investigados a las personas a las que se comunicó tal condición». El magistrado asume las conclusiones de la Fiscalía Anticorrupción y resuelve el archivo de las actuaciones.Manifiesta el fiscal Jorge Andújar que las conversaciones mantenidas «pudieran resultar inicialmente sospechosas», circunstancia que justificaría los autos de intervenciones telefónicas «así como las restantes medidas dispuestas», pero una vez que no se ha encontrado actuación delictiva alguna «concluimos que las actas, sin conexión con expedientes de contratación pública, no podrán ser entendidos como delito de malversación».«SÓLO CABÍA ARCHIVARLO»

«Era la única resolución posible que cabía adoptar», aseguró ayer el letrado Juan Muñiz Bernuy. «Ante la ausencia de comportamiento delictivo y ni tan siquiera irregular de mi defendido solamente cabía el sobreseimiento».Las actuaciones incluyen un oficio de la Unidad de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales de acuerdo al cual «no se ha podido correlacionar ninguna empresa adjudicada en los expedientes de obra pública propiedad de ninguno de los investigados con las conversaciones telefónicas más comprometedoras efectuadas por estos».La Udef priorizó en la investigación «a las personas ligadas al Ayuntamiento de León». Luego «se procedió a extraer de las bases de datos la totalidad de las conversaciones, que fueron leídas una por una para separar las referidas al Ayuntamiento de León» y comprobar después si se podían inferir irregularidades en la contratación. No se halló ninguna.