La salud influye, y mucho, en la exclusión social

Por norma general, se tiende a relacionar los problemas económicos que desembocan en exclusión social con el desempleo y las dificultades de acceso a la vivienda. Sin embargo, la salud se ha convertido de un tiempo a esta parte en un «elemento diferencial», por no decir el «más importante», en Castilla y León.

Así lo recoge el último Informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social presentado ayer por Cáritas en Burgos. La principal conclusión, a juicio del sociólogo y coordinador de la investigación, Guillermo Fernández Maíllo, es que los «mecanismos de protección no están pensados para el aumento del volumen de personas» en una Comunidad cada vez más «envejecida». 

«La inversión, o se eleva, o va a seguir nutriendo el espacio de la exclusión», apuntó el sociólogo convencido de que Castilla yLeón debe afrontar un «problema grave» que se ha recrudecido durante los últimos cinco años porque «no se está teniendo en cuenta que el aumento de edad no es estático». En cifras, casi el 60% de la población en situación de exclusión social se ve afectada por alguno de los indicadores contemplados en el campo de la salud, lo que se traduce en un aumento superior al 137%.

Obviamente, las enfermedades graves y la discapacidad dificultan notablemente el acceso al empleo y, por ende, a una situación económica estable. Según el Informe Foessa, hay actualmente alrededor de 67.000 hogares en los que todos los adultos que allí residen presentan graves problemas de salud, discapadidad o dependencia, de ahí las «limitaciones para las actividades de la vida diaria».

El 15,3% de los residentes en Castilla y León se encuentra en situación de exclusión social.

Más llamativo resulta el hecho de que unos 50.000 cuentan con algún enfermo grave o crónico que no ha recibido asistencia médica y cerca de 54.000 en los que se ha dejado de comprar medicinas o seguir tratamientos por falta de recursos económicos. 

En términos generales, el 15,3% de los residentes en Castilla y León (368.000) se encuentra actualmente en situación de exclusión social. Ahora bien, la incidencia en aquellos hogares con personas dependientes y con discapacidad se dispara hasta el 22,2 y el 31,1%, respectivamente.

En cualquier caso, pese a la «mutación social» de la Comunidad respecto a 2007, la recuperación económica tras la crisis ha sido menos palpable que en conjunto del país. Prueba de ello es que entre 2013 y 2018 los índices de exclusión disminuyeron un 7,5% mientras la media nacional arrojaba una caída del 27,8%. 

Mayor desigualdad

La desigualdad latente en Castilla y León también es visible dentro de ese 15% de la población que atraviesa problemas económicos. Lo más preocupante, tal y como refleja el informe, es que 214.000 personas se encuentran en situación de exclusión social severa. Se trata de un peligroso «cambio de tendencia», ya que del 5,1% durante el «pico más alto de la crisis» se alcanzó casi un 9% en 2018.

Según Fernández Maíllo, la vivienda «insegura» o «inadecuada», el «desempleo persistente» o la «problemática de la salud» afectan de pleno a este sector de la población cuyas necesidades, a día de hoy, parecen «invisibles»dentro de las «propuestas de los partidos políticos». 

Hay sector, «en aumento», al que «se le han ido acumulando progresivamente las dificultades».

De acuerdo a los datos recogidos en el informe, la «polarización» de la sociedad castellanoleonesa es cada vez mayor, máxime cuando la pobreza severa se ha incrementado casi un 30% durante el último lustro. El diagnóstico de Fernández Maíllo al respecto es que la región cuenta con un sector «muy mayoritario» al que «le están yendo muy bien las cosas» a pesar de que un pequeño subgrupo se sitúa «al filo de la navaja».

Por otro lado, nos encontramos con otro sector poblacional, «en aumento» y «prácticamente invisible», al que «se le han ido acumulando progresivamente las dificultades». Así las cosas, Castilla y León es la segunda Comunidad Autónoma de España -solo superada por Cantabria- con mayor «desigualdad multidimensional». 

Vivienda y empleo

Cómo no, la vivienda es uno de los principales indicadores a la hora de analizar la exclusión social. Dentro de este apartado, el informe subraya que los gastos excesivos en los hogares han crecido un 75% mientras la tenencia en precario -generalmente ocupación o estancia en domicilios ajenos- representa al 5,2% de la población. Asimismo, alrededor de 143.000 personas residen en sus domicilios sin saber si seguirán allí el mes que viene y unas 164.000 se alojan en viviendas que no reúnen unas «condiciones dignas para vivir».

Cómo no, el empleo también es un factor indispensable para salir o estancarse en la exclusión social. Sin embargo, la precariedad del mercado laboral ha provocado que el 13% de la población que atraviesa problemas económicos sea incapaz de salir de esta situación pese a tener trabajo.

El mito de que el extranjero copa las ayudas «está siendo utilizado para poner ese tema en la agenda».

La «buena noticia», dentro de lo que cabe, es que la recuperación económica se ha notado «a nivel global», hasta el punto de que la sociedad integrada -personas con una «vida digna en términos materiales»- representa al 57% de la población. No en vano, 287.000 castellanoleoneses corren el riesgo de caer en la exclusión si hay una nueva crisis.  

Ayudas a inmigrantes, un «problema ficticio»

«Es bueno repetirlo, porque se está generando a veces un cierto miedo, por parte de la población, a que sean los que capten las ayudas sociales». Con esta reflexión desmontaba de un plumazo Guillermo Fernández Maíllo los prejuicios relativos a la población inmigrante tras remarcar que nueve de cada diez personas en riesgo de exclusión social en Castilla y León son de nacionalidad española. Con este rotundo y esclarecedor dato, puso el foco sobre un «problema ficticio» que «está siendo utilizado por determinados grupos sociales para poner ese tema en la agenda».

El perfil mayoritario de las personas en situación de exclusión social recogido en el Informe Foessa arroja alguna que otra sorpresa. Por ejemplo, el hecho de que tres de cada cuatro hogares no tienen menores a su cargo. Por otra parte, se pone de manifiesto que el 58% de los afectados son hombres, que el grupo predominante oscila entre los 45 y los 64 años y que el 45% tiene empleo, lo que demuestra que «trabajar no es garantía de poder sobrevivir». Además, la investigación refleja que el riesgo de exclusión es menor en las ciudades de mayor población como Burgos, León y Valladolid.