Piden 8 años de cárcel a un exjefe de Eurofrits

El exjefe de logística de Eurofrits, V.R.R., y su cuñado, P.L.P.F., dueño de una empresa de transporte, se enfrentan a sendas penas de ocho de cárcel por los supuestos delitos de estafa continuada a la empresa de productos congelados con la facturación de falsos transportes de mercancía. La Audiencia Provincial juzga el martes 3 de marzo a V.R.R., P.L.P.F. y LE.P. por los delitos de estafa continuada, así como por fraude a la empresa de transportes.La empresa solicita ocho años de cárcel para los dos primeros acusados y seis para el tercero, así como una multa de 1,9 millones para la empresa de transportes. La Fiscalía pide una pena de tres años para los acusados. El acusado V.R.R. trabajó como jefe de logística. Un puesto que, según el escrito de la acusación, le permitió «urdir» una trama para defraudar a la empresa, junto a su cuñado, P.L.P.F., hasta 390.972 euros.Al ser el encargado de planificar los transportes según los pedidos de los clientes de Eurofrits, acordó con la empresa de su cuñado que emitiera facturas por valor mayor a los transportes realizados, incluyendo portes no realizados. Cuando la empresa se dio cuenta de los hechos le despidió en julio de 2015. Hechos que, recuerda la acusación, admitió el cuñado en el juzgado y que estuvieron haciendo cerca de 10 años. V.R.R. declaró en el juzgado que lo hacía también con otros transportistas, aunque en una segunda comparecencia se negó a declarar. Según el escrito de la acusación, V.R.R. también emitió facturas falsas con otro transportista. L.E.P. por un importe que asciende a 71.743 euros. La versión que ofrece la defensa del acusado es radicalmente opuesta, ya que apunta a los responsables de la empresa como los impulsores de la trama de las facturas falsas. La defensa señala que su trabajo estaba fiscalizado por el departamento financiero, por lo que las únicas personas con capacidad de contratación en nombre de Eurofrits eran los consejeros y apoderados, no el acusado, que tuvo conocimiento, siempre según esta versión, de la existencia de una ‘caja B’, con productos que no eran facturados y el importe se abonaba en metálico. Actividad que, según el acusado, hicieron entre 1997 y 2006 por un valor de 2,3 millones de euros.Se quejó a los responsables, que no le hicieron caso.Según la defensa, el acusado accedió a documentación que acreditaba que la composición real de los productos no era la que se hacía creer a los clientes, lo que suponía «un fraude millonario». El acusado señala que fueron los responsables los que le ordenaron hacer las facturas falsas.Cuando en julio de 2015 dijo a los responsables de la empresa que lo iba a poner en conocimiento de las autoridades si no dejaban de hacerlo, le despidieron.