Más desahucios a la vista

La suspensión de ejecuciones hipotecarias en 2017 y el posterior cambio de procedimiento por parte de las entidades bancarias provocó un considerable incremento de los desahucios durante el siguiente ejercicio en la provincia de Burgos. En total, se intervinieron 323 fincas -casi un tercio viviendas habituales-, lo que supone un incremento del 74,5% respecto al año anterior. Visto lo visto, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) teme que la situación empeore progresivamente. 

Aunque los datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dejan entrever que el número de lanzamientos practicados el año pasado disminuirá tras registrarse 70 entre enero y septiembre frente a los 146 de 2018, la portavoz de la PAH, Julia Braceras, cree que el cómputo anual culminará con «un repunte aún mayor». En su opinión, las estadísticas oficiales no ofrecen «datos reales». Entre otras cosas, porque «las ejecuciones de alquiler van en aumento» y, además, «bajan las ejecuciones porque han estado paradas dos años por vencimiento anticipado hasta que ha salido la sentencia» del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Sea como fuere, el Instituto Nacional de Estadística (INE) refleja que el número de inscripciones de certificaciones por ejecuciones hipotecarias en Burgos aumentó hace dos años un 35,4% en viviendas tras registrarse 107 casos: 25 en inmuebles de nueva construcción y 82 de segunda mano. Asimismo, se procedió al embargo por impago de 36 fincas rústicas (12,5% más), 79 solares (690%) y 101 fincas urbanas (26,2%).  En cuanto a los propietarios, los desahucios a personas jurídicas crecieron considerablemente al pasar de 18 a 56 en un solo año. Entretanto, la cifra de personas físicas afectadas por esta clase de procedimientos disminuyó un 16,3%. 

En Castilla y León, tan solo Burgos, Ávila y  Segovia incrementaron las ejecuciones.

La comparativa interanual entre los dos últimos ejercicios analizados contrasta de pleno con la caída progresiva desde 2014, cuando se llevaron a cabo 1.116 ejecuciones hipotecarias en la provincia. En términos generales, el descenso rondaría el 71%. Y en el caso de viviendas, el INE recoge una bajada del 78,6%. 

El caso de Burgos no es extrapolable a Castilla y León en su conjunto. De hecho, el incremento de ejecuciones hipotecarias de un año a otro solo afectó a Ávila y Segovia, que cerraron 2018 con 1.042 y 393 embargos, respectivamente. Dentro de este ranking, Soria fue el territorio que menos sufrió este fenómeno con 24 ejecuciones, ninguna de ellas en fincas rústicas y nueve sobre viviendas. 

Cuando el propietario o inquilino de un inmueble no puede hacer frente a los pagos, los bancos reclaman la cantidad adeudada, después ejecutan el embargo y por último acuden a subasta. «Si no tienes otra cosa, al final pagas con la casa», esgrime Braceras convencida de que las administraciones públicas deben tomar medidas «contundentes» para evitar -o al menos paliar- los efectos de un desahucio.

«Un desahucio de alquiler es muy rápido: en cuatro o cinco meses estás en la calle».

Si hablamos de cifras, la portavoz de la PAH sostiene que de un tiempo a esta parte «se han distribuido de diferente manera». Más que nada porque «mucha gente hizo la dación en pago y hoy son inquilinos de alquileres que no se están renovando y que acaban en lanzamiento». Son los denominados «desahucios silenciosos» en los que el afectado «se va donde puede:a ocupar o a casa de un familiar». 

Otro de los grandes problemas que afectan a la vivienda y sobre los que la PAHpone el foco es la irrupción, cada vez mayor, de los fondos buitre. Los alquileres sociales desaparecen y los inquilinos no pueden asumir las subidas económicas derivadas de la especulación. Muchos de estos casos no aparecen en las estadísticas del CGPJ.

El motivo, tal y como remarca Braceras, obedece a que «la gente intenta evitar el procedimiento de ejecución».  Así pues, el lanzamiento no se produce porque «se van antes e incluso a algunos les pagan» para abandonar su domicilio.  Por otro lado, señala que «un desahucio de alquiler es muy rápido: en cuatro o cinco meses estás en la calle».