Alegría en Treviño y malestar en la Junta

El Condado de Treviño realizará la desescalada en Álava gracias a la presión ejercida por el PNV al negociar su apoyo a la prórroga del Estado de Alarma planteada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Con esta exigencia bajo el brazo, los nacionalistas vascos han logrado incluir en el decreto una enmienda, especialmente pensada para el enclave burgalés, que permite a los territorios en limbo administrativo -de acuerdo a la planificación de fases debido a la crisis sanitaria- recibir el «tratamiento propio de la provincia que les circunda, sin que sea obstáculo que ésta pertenezca a Comunidad Autónoma distinta a la de aquellos». 

Como era de esperar, la noticia no ha sentado nada bien en la Administración autonómica de Castilla y León. Para la consejera de Sanidad, Verónica Casado, la inclusión de Treviño como moneda de cambio en las negociaciones entre la formación jeltzale y el Ejecutivo central constituye un asunto «grave y complicado». Sobre todo, porque en un escenario de crisis sanitaria de «altísima envergadura» no deberían primar «criterios políticos» a la hora de adoptar una decisión que atañe al conjunto de la ciudadanía. En su opinión, no es «razonable» que un partido recurra a su «fuerza negociadora» para avanzar posiciones sobre un territorio que «es de Castilla y León». 

El hecho de que el PNV haya canalizado y llevado a buen puerto las reivindicaciones de los dos ayuntamientos del Condado (Treviño y La Puebla de Arganzón) no quita para que el Gobierno regional tire la toalla. De hecho, la titular autonómica de Sanidad avanzó que si el enclave no registra casos positivos a partir de ahora, «lo propondremos para la desescalada». Es decir, la intención de Castilla y León es que este territorio burgalés ubicado en zona alavesa se «incorpore» de nuevo a la Comunidad en próximas fases. Sea como fuere, Casado prefirió no entrar en futuribles sobre la posible anexión de Treviño al País Vasco porque en estos momentos no resulta conveniente abrir «otro tipo de debate» al margen del estrictamente epidemiológico y sanitario.

El presidente de la Diputación, César Rico, teme que el siguiente paso sea la segregación. «Es un tema muy recurrente cuando hay elecciones en el País Vasco».

Tampoco ve con buenos ojos la propuesta el presidente de la Diputación de Burgos, César Rico. En su opinión, el Gobierno de Pedro Sánchez ha tomado una «decisión incorrecta» porque el plan de desescalada progresiva nada tiene que ver con cuestiones de «asistencia sanitaria». En este sentido, cabe recordar que la Institución Provincial mantiene en vigor un acuerdo marco con la Diputación Foral de Álava que incluye la prestación de servicios sanitarios en la provincia vecina. Más que nada, por la cercanía geográfica del Condado a Vitoria. 

A juicio de Rico, los nacionalistas vascos no se conformarán con la aprobación de esta medida puntual. La anexión, desde su punto de vista, es un «tema muy recurrente cuando hay elecciones en el País Vasco». Por lo tanto, no le cabe la más mínima duda de que el PNV seguirá enarbolando la bandera de Treviño. Tal vez antes de lo previsto, pues también ha puesto sobre la mesa del Gobierno central la convocatoria de comicios en julio. Sobre dicha cuestión, el portavoz parlamentario del partido jeltzale en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, estimaba ayer «conveniente» que «el Estado diera cobertura al buen desarrollo de unas elecciones» para solventar la actual «situación de anomalía institucional y democrática en Euskadi que debe subsanarse». 

En sintonía con Rico, el portavoz 'popular' en la Diputación de Burgos, Borja Suárez, expresó su malestar por el acuerdo alcanzado entre el PNV y el Gobierno al entender que podría culminar en la segregación definitiva del enclave «por la puerta de atrás». En declaraciones a Ical, el también vicepresidente segundo de la Institución Provincial recalcó que la postura de su partido sobre el futuro de Treviño no ha variado ni un ápice: «Nos oponemos, nos hemos opuesto y nos seguiremos oponiendo a ello». Así las cosas, confía en que la enmienda de marras «se ciña exclusivamente al ámbito de la crisis». En cualquier caso, sostiene que «una vez más, el Gobierno de España pierde todas las formas al adoptar una serie de acuerdos sin contar con el resto de los grupos que conforman el arco parlamentario».

El PNV insiste en que, gracias a esta medida, los enclaves se beneficiarán de «mejores servicios y atención más próxima».

Obviamente, la lectura del PNV y EH Bildu es radicalmente distinta. Desde que se conocieron los primeros detalles del plan de desescalada contemplado por el Gobierno, ambas formaciones han trasladado la problemática de Treviño al situarse ‘en tierra de nadie’. Y es que la aplicación de límites provinciales para los desplazamientos impedía, sobre el papel, cualquier libertad de movimiento a sus habitantes al ubicarse por completo en suelo alavés. Por ello, el diputado abertzale Jon Iñarritu interpeló la semana pasada al Ejecutivo con el objetivo de esclarecer «qué va a pasar con Treviño». 

Posteriormente, el Partido Nacionalista Vasco valoraría el acuerdo con el Ejecutivo con «satisfacción» porque, gracias a la presión ejercida en Madrid, los enclaves dispondrán de «mejores servicios y atención más próxima» durante las siguientes fases de desconfinamiento. Asimismo, Esteban no desaprovechó ayer la ocasión para cargar contra el centralismo al remarcar que «desde Madrid todo parece plano, pero el mundo es redondo y complejo». Con esta declaración, y su insistencia para que las administraciones regionales gocen de mayor autonomía, celebró que el PSOE y Unidas Podemos hayan aceptado «primar la proximidad geográfica». 

Alegría en el Condado

Los habitantes del Condado, mayoritariamente proclives a la segregación por sus efectos prácticos, como cabría deducir por los resultados electorales de las últimas municipales que ganaron partidos nacionalistas vascos,  esperaban como agua de mayo el visto bueno del Gobierno. También los alcaldes de los dos principales núcleos de población. «Era lo que pretendíamos desde el inicio», subrayaba el regidor de Treviño, Enrique Barbadillo, visiblemente satisfecho tras obtener la confirmación que tanto esperaba. Además, agradeció el trabajo desarrollado por el «gran equipo» que atesora su partido, el PNV, en el Congreso de los Diputados. 

El alcalde de La Puebla, Pablo Ortiz, celebra el acuerdo alcanzado al margen de colores políticos. «No es cuestión de ponerse ninguna medalla».

También respiraba aliviado el primer edil de La Puebla de Arganzón, Pablo Ortiz (EH Bildu). En clave política, lo más importante es que las formaciones nacionalistas vascas representadas en Madrid han conseguido que Treviño sortee el obstáculo normativo al que se enfrentaba durante la desescalada. Y aunque valora de forma muy positiva la intervención de Iñarritu la semana pasada, «no es cuestión de ponerse ninguna medalla» porque ambos partidos han remado en la misma dirección. 

Para que su petición de auxilio se debatiese en Madrid, los ayuntamientos treviñeses y la Diputación Foral de Álava remitieron una carta conjunta al Ministerio de Sanidad y las delegaciones del Gobierno del País Vasco y Castilla y León. De esta forma, tanto los alcaldes como la Institución Provincial ponían de manifiesto su incertidumbre a corto plazo al no contemplarse la situación específica de los enclaves en materia de desplazamientos. A este respecto, el regidor de La Puebla precisa que solo se envió la misiva a estas tres administraciones porque el único interlocutor competente para tomar decisiones en estos momentos es el Ejecutivo central. 

De no haberse aprobado la enmienda planteada por el PNV «estaríamos incumpliendo el decreto». Para Barbadillo, la opción alavesa era la única factible por «distancias», por «vinculaciones» y por «sentido común». En la misma línea, Ortiz se alegra de que «por una vez ha imperado el sentido común» en Treviño. Y es que al margen de los sentimientos identitarios de cada uno, los dos alcaldes han dejado claro que, en este caso, lo que debe primar por encima de todo es el bienestar de sus vecinos a la hora de adaptarse al plan de desescalada por fases contemplado por el Gobierno.