Caen los desahucios y las reclamaciones de cláusulas suelo

La actividad en los juzgados de Burgos durante el primer trimestre del año experimentó una caída del 11,07% respecto al mismo periodo del año anterior. Dadas las fechas, el impacto del Covid-19 fue mínimo, de ahí que no se pueda considerar determinante el factor pandemia que, obviamente, repercutirá notablemente a lo largo de todo 2020. En cualquier caso, la provincia registró entre enero y marzo 8.848 asuntos, casi la mitad (4.231) relacionados con procedimientos penales. Del resto, 3.737 se resolvieron por la jurisdicción civil, 662 por la social y 218 por vía contencioso-administrativa. 

A comienzos de año, permanecían en trámite 17.144 asuntos. Es decir, 2.182 más que el 1 de enero de 2019. Una vez finalizado el mes de marzo, quedaban pendientes 17.193, un 18% más en términos interanuales. Entretanto, los juzgados de la provincia resolvieron 8.989, mayoritariamente por lo penal, frente a los 10.024 del primer trimestre del pasado ejercicio. En cuanto al número de sentencias, se dictaron un 10,3% menos mientras 16.602 permanecían en trámite. De igual manera, la cifra de asuntos disminuyó un 5,6% al pasar de 3.957 el año anterior a 3.737 en el actual. 

El año pasado se ejecutaron 490 lanzamientos, más de 40 al mes.

Los efectos de la crisis seguían siendo palpables en Burgos antes de que el coronavirus interrumpiese abruptamente gran parte de la actividad económica. Antes de que el Gobierno central suspendiese los desahucios a mediados de marzo, se practicaron 97 lanzamientos. La gran mayoría, -82 concretamente- se debieron a impagos de alquiler de vivienda mientras que 13 estuvieron relacionados directamente con ejecuciones hipotecarias. En términos generales, la práctica de estos procedimientos disminuyó casi un 26% respecto al primer trimestre del año pasado. No en vano, a lo largo de 2019 se llevaron a cabo 490 lanzamientos, más de 40 al mes. 

Según recoge el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su último informe sobre los efectos de la crisis, el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Burgos -el único competente en esta materia- ingresó 335 reclamaciones relacionadas con cláusulas suelo. La comparativa interanual muestra un descenso cercano al 45%. El motivo, básicamente, reside en que los principales procedimientos sobre cláusulas abusivas se iniciaron con anterioridad. Sea como fuere, la estadística más reciente revela cierto alivio en un juzgado que hace no mucho se encontraba al borde del colapso. No en vano, pese a resolverse 483 casos -31 más que en 2019-, al término del mes de marzo aún quedaban 891 en trámite. La cifra, eso sí, resulta muy inferior a la del ejercicio anterior, cuando se cerró el trimestre con 1.429 procesos abiertos. 

El principal temor que subyace en los juzgados a raíz de la crisis sanitaria es el más que previsible atasco tras la paralización de juicios durante el Estado de Alarma. Para evitarlo, abogados y procuradores han aprovechado el mes de junio para tramitar todos aquellos asuntos que no se pudieron meter en cuarentena. Lo que está claro, y así lo remarca la abogada especializada en derecho bancario, Nuria Lavín, es que se notará «mucho retraso de cara a las vistas». De hecho, la jueza titular de Primera Instancia número 4 ha fijado señalamientos sobre cláusulas suelo para «octubre y noviembre» mientras la magistrada de refuerzo alarga el plazo hasta «enero y febrero». 

De momento, no se ha suscrito ningún acuerdo para agilizar asuntos de cláusulas suelo.

Con el fin de desatascar este tipo de asuntos, la Audiencia Provincial de Valladolid alcanzó el mes pasado un acuerdo de mediación con una entidad bancaria. Además, el juzgado competente reforzó su plantilla, llegando incluso a incorporar tres magistrados más. De momento, en Burgos no se ha suscrito ningún pacto similar, aunque Lavín no descarta que se pueda seguir la misma línea para evitar colapsos en la Administración de Justicia. Por otro lado, aún está por ver el pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre los gastos de tasación, por lo que las solicitudes de devolución todavía se mantienen al 50%.

Otra de las consecuencias que acarrea cualquier situación de crisis son los concursos de acreedores, que aumentaron un 100% durante los primeros tres meses del año tras pasar de 7 a 14. En este periodo, se tramitaron en los juzgados 151 propuestas de despido y 316 devoluciones de cantidad, lo que arroja sendos incrementos del 28 y del 10%. Asimismo, el informe del CGPJ contabilizó tres asuntos relacionados con ocupación ilegal de viviendas, dos resueltos y 13 todavía en trámite.