Podemos exige que la Iglesia pague el IBI en propiedades ajenas al culto

El grupo municipal de Podemos reclamará en el próximo Pleno, que se celebra este viernes, que los bienes de la Iglesia ajenos a la actividad de culto o de enseñanza concertada comiencen a tributar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). El viceportavoz de la formación morada, Israel Hernando, pone como ejemplo de propiedades de la Iglesia que deberían cotizar aquellas que tienen fines lucrativos como apartamentos turísticos, residencias de estudiantes o de personas mayores, colegios privados o fincas agrarias.Las dudas sobre el cobro de impuestos a la iglesia quedaron despejadas, a juicio de Hernando, en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dio la razón al ayuntamiento de Getafe en un litigio con las escuelas pías en este caso en relación con el Impuesto de Instalaciones, Construcciones y Obras. «El fallo no dejó lugar a dudas de que la Iglesia debe pagar impuestos en actividades de acto lucrativo o de lo contrario incurriría en competencia desleal y las exenciones podrían ser declaradas ayudas ilegales del Estado», sostiene. En el caso de Burgos, se cobra el ICIO a la Iglesia en obras con fines lucrativos y este es el argumento que Podemos considera que debe utilizarse para el IBI. Desde Podemos esperan recabar el apoyo del Partido Socialista en esta proposición que ya se ha aprobado en la ciudad de Miranda de Ebro con una alcaldesa socialista. Y recuerdan los pasos dados por el Gobierno central, con PSOE y Podemos, donde la ministra Carmen Calvo ya ha comunicado al Nuncio Apostólico la intención de emprender una reforma del régimen fiscal de la Iglesia. Hernando se muestra expectante a la reacción de los socialistas burgaleses ante este planteamiento ahora que gobiernan con un grupo como Ciudadanos al que consideran de derechas.En cuanto al texto de la proposición que se llevará al Pleno de mañana, la formación morada solicitará que se haga un inventario de los bienes de la iglesia para esclarecer las propiedades que no estén destinados a los usos que marca la ley para las exenciones fiscales y, una vez cotejado, reclaman que se incluyan en el padrón para empezar a cobrar el IBI.