El bipartito desoye a Intervención para aprobar el patrocinio del VIII Centenario

El equipo de Gobierno bipartito (PSOE y Ciudadanos) se ha saltado dos informes desfavorables de Intervención municipal para pagar sendas facturas presentadas por la ‘Fundación VIII Centenario de la Catedral de Burgos 2021’ por valor de 802.850 euros. 

El mecanismo legal que permite abandonar la estela de control del interventor es su elevación a la Junta de Gobierno, que ayer, con los votos favorables de todos sus miembros (7 del PSOE y 3 de Ciudadanos), convalidó «la omisión de la función interventora en la aprobación del gasto, propuesta de adjudicación y reconocimiento de la obligación en relación con el pago del contrato de patrocinio» con esta fundación.

Con este trámite, el bipartito pretende abonar las facturas por la programación cultural realizada durante 2020, como corroboró la portavoz del equipo de Gobierno, Nuria Barrio en una rueda de prensa, a pesar de que gran parte de las actividades previstas no se han realizado por la pandemia, y obviando los demoledores informes de la Intervención municipal fechados el 30 de diciembre de 2020 y el 22 de enero de 2021.

En este último concluye que no se han subsanado los errores de los que alertó en diciembre y advierte que la consecuencia de omitir la función interventora es la paralización del expediente.  «La convalidación no sana otros vicios que pudieran existir en el expediente y tampoco libera de las responsabilidades en que se hubiera podido incurrir», señala en el documento.

Además, subraya que la omisión de la fiscalización previa «supone una irregularidad en la gestión del gasto público de las entidades ya que, además de no cumplirse un trámite esencial, se elude uno de los principales mecanismos de control interno de las entidades locales, favoreciendo que se realicen gastos sin crédito presupuestario, con irregularidades o con deficiencias en su contenido». También argumenta que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno tipifica como «falta muy grave la omisión del trámite de intervención previa de los gastos , obligaciones o pagos».

A pesar del informe (la página de conclusiones se reproduce en la imagen que acompaña a esta noticia) el Instituto Municipal de Cultura y Turismo (IMCT) ha elevado a la Junta de Gobierno el expediente para el pago de las facturas que sustancian el contrato de patrocinio a través de un procedimiento negociado sin publicidad. 

Este contrato de patrocinio se aprobó en una Junta de Gobierno celebrada el pasado 30 de diciembre. Y ese mismo día se produjo la firma del convenio entre el alcalde de la ciudad, Daniel de la Rosa, y el vicepresidente de la Fundación VIII Centenario, Antonio Méndez Pozo.

A las pocas horas, ese 30 de diciembre, esta entidad envió al Ayuntamiento de Burgos sendas facturas por el patrocinio de las actividades culturales del año 2020 (700.000 euros) y por el patrocinio de la Vuelta Ciclista a España 2021 (102.850). 

Subsanar defectos

También en esa jornada se emite el informe de fiscalización previa del contrato de patrocinio en el que el interventor del Ayuntamiento concluye que la fiscalización favorable del expediente queda condicionada a la subsanación de los defectos apreciados, que son muchos y variados.

En primer lugar, indica que no consta en el expediente la resolución del órgano de contratación del procedimiento negociado y sin publicidad que adjudica a la Fundación VIII Centenario el patrocinio. Precisa que en la documentación preparatoria del expediente del contrato de patrocinio no queda acreditada «adecuada y suficientemente las necesidades que se pretenden cubrir mediante el mencionado contrato, ni la idoneidad de su objeto y el contenido para satisfacerlas». De esta manera, solicita  justificar la necesidad publicitaria que existe en relación con la concreta marca, producto o servicio y cómo la actividad del patrocinado es idónea para satisfacerla.

La intervención reclama más documentación que permita valorar las prestaciones que realizará el patrocinado con un informe de evaluación en el que se justifique el retorno de la inversión que va a realizar el Ayuntamiento. «Debe existir un equilibrio entre las prestaciones: la económica, que será un precio de mercado, en relación con la difusión publicitaria. Si esto no queda demostrado, el contrato está encubriendo una subvención», alega. Por último, solicita que se justifique la utilización de un procedimiento negociado.

En lugar de subsanar las deficiencias apreciadas,  la Junta de Gobierno ha preferido convalidar la omisión de la función interventora para sacar adelante un expediente con muchos interrogantes. Al mismo tiempo, sitúa en una posición comprometida legalmente a toda la Junta de Gobierno y abre un cisma entre el interventor y los responsables políticos.