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MUNICIPAL

Podemos exige a Mañueco e Igea que «paguen de su bolsillo» la factura de las restricciones

Hernando reclama la «dimisión inmediata» de ambos porque «no tienen ninguna legitimidad para estar ni un minuto más al frente de la Junta»

El concejal de Podemos, Israel Hernando, en una imagen de archivo. ECB

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Burgos

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«Cuando un gobernarnte decide echarse al monte y no cumplir la legalidad causa un daño irreparable a la población y es un auténtico atentado a la democracia». En estos términos se ha expresado esta mañana el concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Burgos, Israel Hernando, antes de pedir la «dimisión inmediata» del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y del vicepresidente, Francisco Igea. De igual manera, ha exigido que sean ellos, y no la Administración, quienes «paguen de su bolsillo» las pérdidas económicas que han sufrido hosteleros y comerciantes a causa de las restricciones.Aparte de señalar que «los actos deben tener consecuencias», Hernando ha considerado que Mañueco e Igea «no tienen ninguna legitimidad para estar ni un minuto más al frente de la Junta», ya que «de manera deliberada decidieron incumplir la ley». Sin embargo, «lejos de reconocerlo, han iniciado una represalia contra el sector comercial y la hostelería». Pero no con la intención de «salvar vidas». Su único objetivo, a juicio del edil de la formación morada, es promover la «confrontación con el Gobierno de España» y «buscar cierto protagonismo personal». Teniendo en cuenta que el Tribunal Supremo dedició «restaurar la legalidad vigente en Castilla y León» tras dar por sentado que el Gobierno regional «ha incumplido la ley cuando decretó un toque de queda ilegal porque el Estado de Alarma no lo permitía», Hernando ha subrayado que este imperativo gubernamental «ponía otras medidas a disposición de las comunidades autónomas que han dado buenos resultados». Por todo ello, el concejal de Podemos ha mostrado su apoyo a los comerciantes y hosteleros afectados mientras les animaba a que «reclamen a la Junta por la pérdida de sus ingresos». En su opinión, este «lucro cesante» es «perfectamente imputable».