«Desastre medioambiental» en el campo petrolífero de La Lora

 

El Juzgado de Instrucción número 2 de Burgos investiga la presunta comisión de un delito contra la flora y fauna asentada en los alrededores del campo petrolífero de La Lora. En calidad de querellantes, figuran el Ministerio Fiscal y la Junta de Castilla y León. La responsabilidad, en caso de acreditarse los hechos denunciados, recaería sobre la empresa adjudicataria de la concesión, la Compañía Petrolífera de Sedano (CPS).

Con los yacimientos en fase de desmantelamiento, la caída de dos perros en balsas repletas de crudo en agosto del año pasado hizo saltar las alarmas. Después, agentes medioambientales de la zona comprobaron que, aparte de los canes, se producían habitualmente ahogamientos de aves. Por no hablar de la contaminación de suelos por fugas en algunos depósitos. 

Un perro empapado en crudo de La Lora.

El Servicio Territorial de Medio Ambiente en Burgos confirma que actualmente «hay diligencias abiertas en vía judicial» tras levantarse varias denuncias administrativas y un atestado en vía penal. Fueron los agentes medioambientales, dada la reincidencia de la compañía, quienes pusieron los hechos en conocimiento de la Fiscalía. Como agentes de la autoridad que ostentan la condición de Policía Judicial Genérica, la Ley de Enjuiciamiento Criminal les da potestad para ello. 

Según ha podido saber este periódico, la apertura de diligencias arrancó el pasado 25 de febrero con la declaración ante la Fiscalía de dos agentes que han sido testigos de los hechos denunciados. Su testimonio coincide con el de varios vecinos de Sargentes de la Lora y Valdeajos que, al percatarse del «desastre medioambiental» que se estaba llevando a cabo durante el desmantelamiento, pusieron sobre aviso a los encargados de vigilar la flora y fauna de la zona.

También, cómo no, hicieron fotos para acreditar lo que está sucediendo. Las instantáneas más recientes, tomadas ayer mismo, muestran cómo se encuentran hoy por hoy los yacimientos. 

Instantánea de ayer en el campo petrolífero.

«Se hizo desde el Servicio Territorial de Medio Ambiente un requerimiento a la empresa para que cubriese las balsas en que se estaban produciendo los ahogamientos de fauna y se llevó a cabo, pero en una de las balsas la nieve ha hundido la malla y se está en fase de reconstrucción», precisan desde la Junta. No en vano, también aseguran que «corresponde  a la Subdirección de Hidrocarburos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miterd) el control y seguimiento de este desmantelamiento».

En este sentido, se ampara la Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, dictada el 27 de diciembre de 2020 y publicada el 7 de enero, por la que se formula el informe de impacto ambiental de la segunda fase del plan de abandono. 

El texto recoge, entre otras cosas, que CPS (filial de la compañía británica Leni Gas & Oil) puso de manifiesto en su documento ambiental que «la ejecución del plan de abandono del campo petrolífero de Ayoluengo, siguiendo las medidas de prevención, minimización y corrección de impactos previstas, no supone posibilidad de contaminación del suelo o los acuíferos de la zona».

Asimismo, la Resolución señala que «si durante la ejecución de los trabajos se detectara algún impacto no contemplado en el documento ambiental o en la información adicional presentada, el promotor deberá paralizar sus actuaciones y ponerlo en conocimiento de la administración competente en la materia, que deberá valorar posibles actuaciones a realizar». 

«Aunque ahora han vallado las balsas porque inicialmente no tenían nada, siguen siendo permeables para las aves rapaces y para los anfibios», denuncia un testigo.

Sobre el papel, la intervención prevista por CPS para desmantelar el campo petrolífero de La Lora «no afecta a ningún área crítica» pese a encontrarse dentro de los límites de aplicación del Plan de Conservación del Águila Perdicera en Castilla y León.

Sin embargo, Medio Ambiente ya informó en su momento de la existencia de al menos un nido de alimoche (especie vulnerable) a unos 700 metros al norte de los yacimientos. Además, el entorno sirve como refugio de aves esteparias como aguiluchos cenizos y pálidos, búhos campestres, alcaravanes, calandrias, terreras comunes  y la bisbitas campestres.

«Trampa mortal»

«Aunque ahora han vallado las balsas porque inicialmente no tenían nada, siguen siendo permeables para las aves rapaces, tanto diurnas como nocturnas, y para los anfibios». Lo corrobora un testigo que, a lo largo de los últimos meses, ha visitado la instalación en multitud de ocasiones para comprobar si la adjudicataria tomaba medidas para evitar que se sigan produciendo ahogamientos.

La mayoría, según ha podido observar de primera mano, se deben a que «los ratones caen en las balsas, las rapaces van a por ellos y se quedan pegadas». Una vez impregnadas en crudo, les resulta imposible salir y fallecen en cuestión de minutos. 

Al menos uno de los depósitos, al que se puede acceder sin mayor problema, se encuentra abierto. «Como te caigas, es imposible salir por tus propios medios».

Aparte de que las vallas «no son efectivas» de cara a evitar muertes de animales, también se aprecian otra serie de peligros que conllevan un «riesgo evidente de caída para una persona», especialmente niños. Es el caso de al menos uno de los depósitos cuyas escaleras metálicas carecen de los mecanismos de seguridad necesarios para impedir su acceso a la parte superior, que se encuentra abierta «con decenas de litros de petróleo» en su interior.

«Como te caigas, es imposible salir por tus propios medios», señala este vecino de la zona a sabiendas de que se trata de una «trampa mortal» sin «ningún tipo de vallado» ni señalización para evitar que nadie se aproxime a la instalación. 

Se puede acceder sin mayor problema a este depósito pese a estar abierto.

También llama la atención, y así lo corroboran las imágenes a las que ha tenido acceso este diario, la «contaminación de suelos». El problema reside en los depósitos, «llenos de contenido y con fugas» que provocan «derrames» de crudo que van «directamente» a la superficie. A este respecto, el testigo indica que buena parte del terreno no está cubierta por soleras de hormigón, de ahí que se pueda estar incurriendo en un «delito» al tratarse de terrenos «naturales».

No está de más recordar, visto lo visto, que el campo petrolífero de Ayoluengo se encuentra en una Zona Especial de Conservación (ZEC) y en una Zona de Especial de Protección para las Aves (ZEPA) dentro del parque Hoces del Alto Ebro y Rudrón. Asimismo, ambas áreas pertenecen a la Red Natura 2000. 

Las fugas producen derrames de crudo por el suelo.

Una vez denegada la prórroga solicitada por CPS para seguir explotando los pozos petrolíferos tras expirar la concesión en 2017, y en vista de que el Gobierno no tenía intención de mantener abierta la instalación, el Ayuntamiento de Sargentes trata de impedir que el desmantelamiento siga adelante. Básicamente, porque supondría dejar atrás más de cinco décadas de historia petrolífera y, por ende, un patrimonio industrial que se pretende poner en valor como recurso turístico.

Para evitarlo, la Corporación municipal solicitó la declaración de los yacimientos como Bien de Interés Cultural (BIC), aún pendiente de respuesta y bajo la más absoluta incertidumbre tras la aprobación de la segunda fase del plan de abandono. 

En el texto, el Ministerio para la Transición Ecológica no ve la necesidad de efectuar una «evaluación ambiental ordinaria» porque «no se prevén efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, siempre y cuando se cumplan las medidas y prescripciones establecidas en el documento ambiental y en la presente resolución».