Los sindicatos sostienen que sí se puede intervenir Aspanias

El conflicto entre Aspanias y sus trabajadores continúa enquistado, aunque los sindicatos parecen ver la luz al final del túnel. Para ello, lo único que piden al consejero de Presidencia, Ángel Ibáñez, es que sea «valiente» y no se ponga «de perfil» dada la capacidad del Protectorado de Fundaciones de Castilla y León de «intervenir la gestión».

Así respondía ayer el delegado de UGT y presidente de uno de los comités de empresa de la entidad, Eugenio Delgado, a las declaraciones de Ibáñez sobre dicha cuestión. Según el procurador burgalés, en la solicitud de los sindicatos «no se da ninguno de los supuestos para intervenir las cuentas o la gestión de Aspanias».

En este sentido, aseguró que esa es la conclusión del informe jurídico del Protectorado mientras hacía hincapié en que «difícilmente una Administración puede intervenir unas cuentas o una gestión de una entidad sin que lo determine una autoridad judicial».

Los sindicatos aseguran que sí se puede intervenir en la gestión de la entidad porque así lo recogen los estatutos del Protectorado.

No opinan lo mismo los sindicatos, que ayer se concentraron frente la Delegación Territorial de la Junta en Burgos, los centros de Aspanias en Villalonquéjar y el G-3, la plaza del Cid y  la Plaza Mayor de Salas de los Infantes. Su principal pretensión es que Ibáñez «dé un golpe encima de la mesa» porque tiene capacidad para ello.

«Tienen la posibilidad en sus estatutos (los del Protectorado) porque los hemos mirado y valorado», esgrimía Delgado sugiriendo la opción de efectuar una intervención «temporal» de la gestión, que no de las cuentas.

Ibáñez, por su parte, señaló que ha mantenido encuentros tanto con los responsables de la entidad como con el comité de empresa para abordar el conflicto. Y no dudó en apelar al «entendimiento para resolver problemas» porque «con el compromiso y la buena voluntad de las partes se llegará a buen puerto».

Asimismo, detalló que la Fundación es un ente privado con un régimen jurídico propio de funcionamiento interno donde «hay un patronato elegido por las personas que conforman la entidad», de ahí las dificultades para intervenir.

En cuanto a los ocho expedientes abiertos por la Consejería de Familia y las denuncias y condenas en el ámbito laboral promovidas por el comité de empresa, consideró que «deben seguir su tramitación» porque «son asuntos que se instruyen, se comunican a la entidad, se aportan alegaciones y se determinará si hay o no incumplimiento». Lo que ocurre es que «hay que separar procedimientos», agregó. 

Pese al choque de posturas sobre la posibilidad de que el Protectorado intervenga o no, lo cierto es que los sindicatos tienen la «esperanza» de que la Junta tome cartas en el asunto.

Alejandro Obregón (USO): «Si lo que quieren es jugar a desgastarnos, a que nos cansemos, no lo van a conseguir».

«Parecía que los únicos que dábamos guerra éramos los delegados de los comités de empresa, pero se van sumando familias que están viendo que las cosas no van bien y la consejera también ve que la gestión no es la correcta», argumentaba Delgado en alusión a las críticas vertidas por la titular de Familia, Isabel Blanco, sobre el  modus operandi de la entidad. 

Mientras tanto, las nóminas de febrero siguen sin llegar y «los trabajadores ya no pueden más». Porque no se trata de una «situación puntual» sino de un problema que «se está cronificando», advertía el delegado de UGT a sabiendas de que gracias a las plantillas «se está garantizando la calidad de los servicios sin cobrar en muchos casos o con retrasos». 

«Que tengan claro que no nos vamos a quedar callados. Si lo que quieren es jugar a desgastarnos, a que nos cansemos, no lo van a conseguir», sentenciaba desde la plaza del Cid Alejandro Obregón, delegado de USO, antes de incidir en que Aspanias y la Junta «saben perfectamente que no vamos a parar».

Es lo que tiene, tal y como agregaba Delgado, enfrentarse a una «gestión continuista» que se negó a «empezar de cero» tras la salida del anterior gerente, José María Ibáñez, el año pasado.