Las estaciones de servicio denuncian su exclusión de las ayudas Covid

La Agrupación de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles de Castilla y León, Avecal, denuncia discriminación de las administraciones al comercio minorista de combustible para la automoción dentro de las medidas de recuperación de los efectos económicos de la Covid-19.

«Para las administraciones hay sectores de primera y de segunda y vemos como se lanzan ayudas desde el Estado donde no estamos y otras de apoyo desde la Junta de Castilla y León donde, directamente, se nos excluye», explica el presidente de Avecal, Rafael Pizarro.

Por eso reclaman que en vez de plantear ayudas por sectores se establezca por empresas con pérdidas y viables

Las gasolineras están excluidas de los 7.000 millones de ayudas extraordinarias a empresas y autónomos en respuesta a la pandemia planteadas por el Estado.

Desde Avecal aseguran que el 70% de las pymes del sector cumplen los criterios. La gran mayoría de operadores son pymes, micropymes o autónomos a quienes ha penalizado la falta de movilidad durante el confinamiento y los posteriores cierres perimetrales, aunque han podido abrir.

Las pérdidas de facturación van desde el 40% en las estaciones de servicio ubicadas en ciudades al 90% de las que se encuentran en el límite entre provincias y comunidades autónomas.

También es uno de los comercios excluidos de las ayudas de apoyo al comercio minorista de la Junta, que excluye a venta itinerante o ambulante, farmacias y combustibles.

Pretenden apoyar a la digitalización, medidas de adaptación a la Covid-19 y para garantizar el abastecimiento de productos cotidianos en el medio rural.

«Nosotros somos comercio minorista, no formamos parte de grandes petroleras y multinacionales, somos pymes, micropymes y autónomos muchos, con una presencia fundamental en el mundo rural donde creamos empleo estable, también somos la tienda, prestamos servicios, pero no se nos tiene en cuenta», apostillan desde Avecal.

Medidas que han tratado de explicar, pero «no se nos escucha o no se nos quiere escuchar». En el ámbito estatal es la Confederación de Organizaciones Empresariales la que negocia con el Ministerio.

En el autonómico, con la segunda convocatoria de ayudas al comercio en la que se les ha vuelto a excluir, han dirigido una carta «bastante dura» al presidente, Alfonso Fernández Mañueco, y se les ha comunicado que «se remitirá a las consejerías pertinentes» de las que esperan respuesta.

Una situación que arrancó con la pandemia. Las estaciones de servicio, 12.000 en toda España, 877 en Castilla y León y 90 en Burgos, estuvieron abiertas por decreto cuando nadie podía moverse de casa.

«En cualquier jornada de huelga se mantiene, por situaciones de emergencia, el 30% de estaciones abiertas con el país a pleno rendimiento, y en el confinamiento, cuando nadie podía moverse de casa y la economía prácticamente parada, estuvimos abiertos igual que supermercados donde había colas y demanda», explica.

En cuanto al servicio al transporte reconoce que «hace mucho que los perdimos como clientes puesto que tienen su servicio propio en asociaciones profesionales o cooperativas».

Si son usuarios de los servicios de descanso, comida o aseo que «se podía haber pactado» Y respecto a los servicios de emergencia «se podía haber organizado con puntos de suministro cada 50 kilómetros», explica. 

El sector está indignado porque «somos claramente a quien mejor se puede fiscalizar sus ventas porque el 60% de lo que recaudamos son impuestos», pero también por el trato.

«Fuimos solidarios en lo peor de la pandemia donando aquello que la administración no podía conseguir y ahora se olvidan».

Se refieren a la donación de material sanitario (2.140 litros gel hidroalcohólico, 8.850 unidades de mascarillas FFP2, 20.000 guantes de látex, 171.000 guantes de nitrilo, 1.000 guantes de vinilo y 60 mamparas de protección) a hospitales, centros de salud y residencias de la Junta de Castilla y León, a Cáritas y a la Guardia Civil por valor de 127.000 euros.