«Mi familia y yo necesitábamos que la Fiscalía nos escuchara»

Las familias de Carlos Martínez y Lidia Bayona, víctimas mortales de cáncer con diagnósticos tardíos e inicialmente erróneos durante la pandemia, todavía tratan de asimilar el «disgusto». La Fiscalía Provincial de Burgos ha dado carpetazo a ambas investigaciones, remitidas en su día por el Defensor del Paciente con el objetivo de esclarecer si estos dos fallecimientos fueron consecuencia de una presunta «negligencia» médica. Sin embargo, el Ministerio Público no considera acreditada la comisión de delito alguno por negligencia u «homicidio imprudente». Por lo tanto, si las familias quieren seguir reclamando justicia en los tribunales deberán apelar a la vía civil. En cualquier caso, lo que ahora predomina es un sentimiento de «decepción» que tanto Laura, la hija de Carlos, como Fátima, hermana de Lidia, tratan de encajar tras recibir la carta de la Fiscalía confirmando el archivo de la causa. Lo más llamativo, en el caso de la familia de Carlos Martínez, es que no se citó a ninguno de sus seres queridos para aportar su versión. Como ya relató este periódico en octubre del año pasado, este burgalés de 75 años murió por una «lesión en el hígado, posiblemente tumoral», cuyos síntomas en un principio fueron asociados a una depresión por parte del facultativo de su centro de salud que le atendió por teléfono. No en vano, también le recomendó solicitar una analítica a expensas de acudir presencialmente a consulta el 14 de octubre. No pudo ser, ya que falleció dos días antes. Tampoco olvida Laura el trato recibido el 2 de octubre en Urgencias del Hospital Universitario de Burgos (HUBU). Con un fuerte dolor de cabeza y de estómago al mismo tiempo, la respuesta que el paciente y su mujer recibieron en triaje fue que «eso eran dos consultas».Si lo ocurrido ya dejó estupefacta a la hija de Carlos por aquel entonces, más le cuesta comprender aún que el Ministerio Público no citase a ningún allegado para relatar los hechos denunciados. Y eso que lo intentó, llegando a personarse en los juzgados para interesarse por el avance de la investigación. «Mi familia y yo necesitábamos que la Fiscalía nos escuchara», lamenta a sabiendas de que esta puerta a la esperanza se ha cerrado a cal y canto. Ahora, Laura se plantea recurrir a la vía civil. No lo tiene del todo claro, pues visto lo visto «se te quitan las ganas». Lo valorará con sus abogados, pero está decidida a presentar una reclamación administrativa ante la Consejería de Sanidad e informar al Defensor del Paciente de lo ocurrido. Si no lo ha hecho hasta ahora es porque tenía la esperanza de que la Fiscalía llegase hasta el fondo del asunto para depurar responsabilidades. Dispuesta a «luchar»Aunque la Fiscalía de Burgos sí tuvo en cuenta su testimonio cuando las diligencias permanecían abiertas, el resultado ha sido el mismo. A tenor de las conclusiones extraídas para cerrar la investigación, Fátima, hermana de Lidia Bayona, no deja de pensar en la «injusticia» cometida con esta burgalesa que desarrolló dos tumores mortales en pleno confinamiento y a la que recetaron (por teléfono) medicamentos contra los vómitos y el insomnio.«Nuestra intención no es meter a nadie a la cárcel, no es llamar asesino a nadie. Mi hermana podía haber vivido un año, medio o un mes. Y hubiéramos podido despedirnos de ella», lamenta Fátima mientras reafirma su intención de «luchar» hasta el final en los tribunales. No obstante, buscará el mejor asesoramiento legal posible para cerciorarse, aunque ella lo tenga claro, que «hay un mínimo de posibilidades» de que se haga justicia. Entretanto, Fátima se siente arropada por las familias de otras víctimas ‘silenciosas’ de la pandemia como Sonia Sainz-Maza y Lidia González, cuyo caso fue remitido este mes desde la Fiscalía de Castilla y León a la de Burgos al entender que no hubo mala praxis en el Hospital Clínico de Valladolid.