MUNICIPAL
Unidad frente a la Junta para sacar las casas de apuestas de las zonas residenciales
La Junta ha emitido una Orden para que el Ayuntamiento anule el acuerdo por el que se restringen las nuevas licencias de salas de juego en zonas residenciales
El Ayuntamiento de Burgos presenta un frente común frente a la Orden de la Junta de Castilla y León en la que se requiere que se anule el acuerdo plenario por el que se decidió modificar el Plan general de Ordenación Urbana (PGOU) para restringir las nuevas licencias de salas de juego en zonas residenciales. El alcalde, Daniel de la Rosa, y el concejal de Urbanismo, Daniel Garabito, han comparecido junto a concejales de todos los grupos con representación en el Ayuntamiento para escenificar la unidad de acción y para defender la actuación municipal. La Junta ha dado el plazo de un mes para anular el acuerdo tomado, pero el regidor municipal entiende que la calificación del uso del suelo es una competencia estrictamente propia de los ayuntamientos y, por tanto, asegura que no se ha invadido la competencia de la Junta por la que puede regular el juego y las apuestas en la Comunidad Autónoma. «Si la Junta se cree que vamos a anular nuestro acuerdo, está equivocada, es justamente lo contrario e invito a reflexionar sobre la necesidad de que las administraciones deben realizar actuaciones en pro de la salud pública y de evitar el juego patológico», manifiesta rotundamente el alcalde, que asegura que invita a la administración regional a acudir al Juzgado Contencioso-Administrativo «si considera que merece la pena recurrir el acuerdo».El concejal de Urbanismo precisa, por su parte, que la tramitación del expediente para alejar las casas de apuestas de las zonas residenciales «ha sido impecable» desde que se inició a finales de 2019 hasta su aprobación final en marzo de este año.Garabito recuerda que durante el periodo de información pública la Junta de Castilla y León no presentó alegaciones, es más, añade, que la dirección general de Vivienda emitió informe favorable a esta actuación. «Si la Junta entendía que había un conflicto de competencias ese era el momento de actuar, pero no puso objeciones», relata.La Asociación Burgalesa de Rehabilitación del Juego Patológico (ABAJ) tomó la iniciativa de tramitar la modificación en el Plan General de Ordenación Urbana y logró aunar la voluntad de todos los grupos municipales. De esta manera, en la ciudad de Burgos se estableció una categoría específica de uso terciario recreativo para posibilitar que en algunas zonas de la ciudad, fuera de las áreas residenciales, se puedan ubicar estos negocios privados.