El TSJ avala la concesión de la licencia de obra de la cuarta planta de Santa María, 8

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la sentencia en primera instancia en relación con la situación de la cuarta planta del edificio de la plaza de Santa María, número 8. Concretamente avala la decisión del juez en la que se indicaba que no existe ninguna razón jurídica que posibilite denegar la licencia de obra solicitada e insiste en que no se puede considerar que este último piso esté fuera de ordenamiento.Desestima por tanto el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento contra el fallo judicial del Contencioso Administrativo número 2 y condena a la administración local a pagar las costas de la segunda instancia. El Ayuntamiento defendía que este «voladizo  (como lo define en sucesivos informes) estaba fuera de ordenamiento y, por tanto, perseguía que con la declaración de ruina se demoliese esta construcción con la idea de que se ajustase a lo recogido en los planes generales de urbanismo (PGOU) de los años 1994 y 2014.Sin embargo, sucesivas sentencias de los tribunales han echado para atrás cada una de las pretensiones de la administración. Así, hace unos meses el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 declaró nula la resolución del Ayuntamiento de declaración de ruina inminente y el pasado diciembre el número 2 falló que la administración local debe resolver de manera inmediata sobre la licencia de obras «sin denegársela». El TSJ confirma, en la sentencia notificada el pasado 2 de junio, en todos sus extremos la sentencia apelada. Sin embargo, cabe nuevamente recurso de casación ante el Tribunal Supremo. El letrado José María Castilla, que defiende los intereses de los propietarios de la planta cuarta -los hermanos Fuentes Santamaría-, asegura que el fallo abre la puerta a presentar una querella por prevaricación contra los máximos responsables técnicos de Urbanismo, que han ido firmando los distintos informes en sucesivos años. A su juicio, el procedimiento se ha alargado «de forma  intencionada buscando la ruina de la cuarta planta».Los dueños de la cuarta planta de este edificio (cuerpo superior recrecido y retranqueado como lo define urbanísticamente el área de Fomento municipal), ubicado frente a la Catedral, han visto peligrar su vivienda, adquirida en el año 1961, a causa de las decisiones municipales. Desde 2011Un primer intento de la familia por rehabilitar su propiedad tuvo lugar en el año 2011 cuando solicitaron una licencia que nunca llegó a concederse de manera expresa.La Sala del TSJ argumenta, al respecto de que la construcción no está fuera de ordenamiento, que dicha construcción es anterior a toda normativa urbanística y de suelo y también muy anterior al primer planeamiento de la ciudad de Burgos. También indica que nunca se emitió ninguna infracción grave de incumplimiento de la normativa urbanística. «En el año 1995 en que se previó por primera vez su eliminación en el Plan Especial del Casco Histórico (PECH) en ningún momento se tramitó procedimiento sancionador y/o de restauración de la legalidad», aclara.Por otro lado, en relación con la denegación de la licencia de obra para la reforma de esta construcción la sentencia asegura que no existe causa para rechazarla ya que hace referencia a un proyecto de rehabilitación informado favorablemente por la Comisión Territorial de Patrimonio en 2015.Expone que sería deseable que se aprovechara la intervención para dar cumplimiento al planeamiento, «pero debe llevarse a cabo dando cumplimiento a la normativa y haciendo uso de las fórmulas legales previstas». Reconoce que la situación, aunque transitoria, se ha alargado mucho en el tiempo «con los graves inconvenientes y perjuicios que se derivan de la misma no solo para la propiedad sino también para ese lugar tan emblemático de la ciudad de Burgos».