El nuevo reglamento del parque de viviendas se publicará esta semana
Hay cinco viviendas para 105 informes para parar desahucios que se activarán cuando expire la moratoria. «Llega tarde y es insuficiente»
El Ayuntamiento de Burgos espera que esta semana que empieza se publique en el Boletín Oficial de la Provincia el nuevo reglamento del Parque Municipal de Vivienda. El documento definitivo se remitió la semana pasada y la previsión es que salga en estos días. Entonces se abrirá el proceso que muchas familias, afectadas por desahucio o con la sombra de uno cuando expire la moratoria, esperan desde hace meses.
Con la publicación del reglamento no termina el proceso. Aún restan, al menos, tres meses más para que esas seis viviendas del Parque Municipal que hoy están vacías las ocupen familias en situación precaria. Tras publicarse el nuevo reglamento, se necesitará un mes para tener las bases que definan plazos, condiciones de acceso y criterios de puntuación. Después se estiman otros dos meses para presentar solicitudes y un análisis de las recibidas para valorar y adjudicar los inmuebles.
Las familias a las que se adjudique alguna de las seis viviendas del parque aun tardarán tres meses en acceder a ellas, por los procesos administrativos a cumplimentar
El problema es que, como denuncia la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Burgos, «es claramente insuficiente y llega tarde porque la moratoria terminará antes de que se pueden entregar los inmuebles».
Aseguran que el Ayuntamiento ha elaborado 105 documentos de vulnerabilidad para los juzgados y se ofrecen seis nuevos inmuebles, cuatro cedidos por Caixabank a través de Buildingcenter y dos que han quedado vacíos. «En vez de pensar qué hacer con las 100 familias que se van a quedar en la calle, de buscar políticas transversales de vivienda que podían haber perfilado durante el tiempo en el que han estado vigentes las moratorias por impago, hay pasividad. Pero lo que es más desolador es que tienen el mismo argumento que sus predecesores, las competencias impropias», lamentan.
La política de vivienda es de competencia regional, pero si una familia se queda en la calle el auxilio es municipal. Si no hay inmuebles sociales disponibles ni alternativa habitacional, los servicios sociales del Ayuntamiento ofrecen 15 días de alojamiento en un hostal. «Es un dinero público tirado y que no sirve, suelen ser familias con niños en habitaciones donde ni pueden hacer sus tareas o calentar el desayuno antes de ir al colegio», explican. Desde la PAH_reconocen que la situación está empeorando por momento «empieza a parecerse a los peores momentos de la crisis». Por el momento, el trabajo voluntario de la plataforma pasa por renovar el alquiler social si es con entidades financieras que fueron en lo peor de la crisis hipotecaria la solución al desahucio. Los mayores problemas que se ven es cuando el propietario es un particular que cuenta con esas cantidades para su día a día. «Nosotros sin medios ponemos soluciones, ellos con todos los medios del mundo no negocian, deberían ser más proactivos», indican desde la PAH.
Como ejemplo ponen la negociación del reglamento del Parque Municipal. Se inicio en enero de 2021. En noviembre ya contaban con el acuerdo con Caixabank para ceder cinco viviendas vacías, al final han sido cuatro, y asumir cinco con inquilino en situación vulnerable. Las negociaciones para modificar el reglamento arrancan el 2 de diciembre. Tras la reunión de enero sólo presentan propuestas de modificación del reglamento la PAH y Podemos, «el resto nada, incluso Ciudadanos ni siquiera acudió a la reunión». Las bases se aprobaron el pasado 15 de septiembre.
La concejal de Servicios Sociales, Sonia Rodríguez, justifica ese retraso en un problema interno de la entidad financiera que obligó a la firma para la cesión final de los inmuebles al ayuntamiento en verano; y por otro a esperar a contar con inmuebles vacíos en el parque, dos.
De fondo el problema de la alta vulnerabilidad que hace que este tipo de rentas se prolonguen durante años. 17 viviendas del parque llevan alquiladas desde 2015 y 2017 sin poder alcanzar la independencia del apoyo social. El nuevo reglamento aporta cambios como la participación en programas de intervención familiar y de inserción laboral, una renta única de 90 euros y no en función de ingresos al entrar en el inmueble y la revisión del alquiler al año con posibilidad de prorrogar a siete, o más, con informes preceptivos.