El presupuesto menos inversor en más de 15 años en la provincia pero «el más social»

Los presupuestos «más expansivos» en lo social «de la historia» concebidos para una «recuperación justa» que cumpla el objetivo de «no dejar nada atrás», según la valoración del subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente. Pero también son las cuentas públicas del Estado menos inversoras para la provincia de Burgos desde hace más de quince años. Con mucha diferencia.

Los 107 millones en inversiones reales previstos para el ejercicio 2022 están muy lejos de los 389 millones de euros que se consignaron para el año 2015, los 285,3 millones de euros del anterior o los 150,9 millones de euros de las cuentas de los primeros presupuestos de Pedro Sánchez ya en el Gobierno en 2019.

De la Fuente, a quien le hubiera gustado que «fueran mucho mejores», insistió en la vertiente social en este borrador presupuestario en el que en seis de cada diez euros se destinan al gasto social, que comprende las políticas de dependencia, sanidad y educación en las que se ha incrementado de forma «significativa» el gasto según el representante del Gobierno en la provincia.

El subdelegado del Gobierno, siguiendo el hilo argumental del Ejecutivo central, hizo gran hincapié en la «apuesta por los jóvenes» que «por primera vez cuentan con un capítulo propio dentro de las cuentas públicas» y serán los destinatarios de la inversión en nuevas políticas como los polémicos bonos de alquiler joven y el cultural.

 Destacó igualmente los incrementos en las aportaciones para los beneficiarios del ingreso mínimo vital, del que ya se benefician 3.173 burgaleses; las pensiones no contributivas, de las que gozan 3.163 perceptores en la provincia; y otros subsidios, además de resaltar que los más de 23.000 empleados públicos de la provincia verán aumentado su salario en un dos por ciento. A mayores, anticipó un aumento de la contratación publica para los próximos ejercicios que se verá ya recogido en el presupuesto de 2022 en el que coste del capítulo de personal se eleva un dos por ciento, según De la Fuente.

Aunque cuando la inversión es baja no cabe sino detallar el gasto , aunque sea corriente, De la Fuente argumentó que «las infraestructuras y las inversiones no definen la personalidad de un presupuesto» e insistió en que la «cobertura social se reparte de forma equitativa entre toda la población» desde unas cuentas que «priorizan a las personas», como no podría ser de otra manera dada la emergencia social derivada de la epidemia.

Garoña, 18 millones de euros

Así las cosas, el desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña es el proyecto unitario que concentra la mayor inversión del Estado en Burgos para el año próximo. Se trata de una actuación «muy encorsetada» en los plazos y la inversión, lo que obliga al Gobierno a reservar fuertes partidas para completar el desmantelamiento en el plazo previsto. Se trata de un proceso que costará 127 millones de euros y que en 2022 se lleva 18,2 millones de euros de los 107 millones de euros totales de la inversión en la provincia.

Como novedad, De la Fuente reseñó que el Gobierno ha admitido para el próximo año que los municipios de la zona de influencia de la central nuclear de Garoña puedan presentar proyectos que opten a la línea de ayudas en concurrencia competitiva de 48 millones de euros a través del Instituto para la Transición Justa. Las subvenciones no son automáticas sino que los ayuntamientos tendrán que idear proyectos que casen con los requisitos de estos fondos inicialmente ideados para compensar la desindustrialización de las zonas mineras.

En ese sentido, el subdelegado del Gobierno en Burgos animó a los alcaldes a que empiecen a preparar los proyectos para concurrir a esta línea de ayudas. Destacó además, que los emprendedores de la zona de Las Merindades y Miranda podrán recibir ayudas a la creación de nuevas empresas gracias a una partida de 6,7 millones dirigidos a empresas que quieran establecer nuevos proyectos en la zona para ir generando un nuevo tejido productivo,

La A-73, en noviembre

Junto con Garoña, la inversión en las carreteras es la otra gran partida de las cuentas de 2022 con 18,7 millones que servirán para conservar y mejorar los más de 900 kilómetros que componen la red estatal en la provincia de Burgos y subrayó que la Comunidad de Castilla y León recibe el 20% de la inversión en carreteras de todo el país. Una cuestión «significativa para De la Fuente dada que, argumentó, la población de la Comunidad, obviando la gran cantidad de desplazamientos que absorbe Castilla y León con destino a otras autonomías. 

Pedro de la Fuente anticipó ayer que el mes que viene se pondrá en servicio el tramo de la autovía A-73 Burgos Aguilar entre Pedrosa de Valdelucio-Báscones de Valdivia, cuya inauguración está a falta de cuadrar las fechas con el Ministerio de Fomento. Además, resaltó la inclusión de 2 millones ya para el próximo ejercicio en el tramo Quintanaortuño-Montorio.

De la Fuente quitó hierro a la circunstancia de que el nuevo tramo que se abrirá en la A-73 supone el desdoblamiento en autovía entre dos tramos de carretera nacional argumentando que «a los usuarios lo que les importa es que se termine», si bien reconoció que «tiene lógica» que las obras hubieran avanzado por los extremos en vez de abrirse el tramo central.

Por otro lado, el representante del Gobierno reconoció que el tramo de la autovía de Logroño A-12 más cercano a la capital «va para largo», ya que ha sido necesario proceder a la resolución del expediente y habrá que volver a realizar la totalidad de los trámites «desde el principio». Sin embargo, para De la Fuente, el hecho de que tanto la A-12 como la autovía del Duero A-11 mantengan sus líneas presupuestarias abiertas, aunque sea con cantidades simbólicas, «permitirá seguir avanzando en estos proyectos tan importantes para  nuestra provincia».

También hizo hincapié en la partida de 5,59 millones para los trabajos que se están efectuando en la mejora de la carretera N-I entre Rubena y Fresno de Rodilla, que «sigue siendo una alternativa muy útil, sobre todo en los momentos en que la AP-1 registra niveles muy altos de circulación».

 

La previsión presupuestaria para la Línea de Alta Velocidad Valladolid-Burgos-Vitoria, recoge 3,6 millones de euros para la llegada del AVE a la capital burgalesa y continuar avanzando en la tramitación de la conexión con el País Vasco. De la Fuente volvió a insistir en los plazos dados por el exministro José Luis Ábalos en su última visita a la ciudad de Burgos y plantea la llegada de la alta velocidad a la ciudad «vencido el primer trimestre» de 2022. 

Sin embargo, como ya publicó este periódico en base a las previsiones de Adif, se da de plazo hasta que acabe junio del año que viene antes de solicitar la autorización de Puesta en Servicio de la línea para explotación comercial a la Agencia Española de Seguridad Ferroviaria. Un trámite que podría demorarse semanas e incluso meses. Por tanto, es más aproximado aventurar que la llegada del AVE a Burgos llegará como pronto tras el próximo verano.

«Nada» al Directo

El subdelegado reconoció que los presupuestos del Estado para 2022 no recogen «nada» para el corredor central ferroviario, aunque De la Fuente defendió las gestiones de la diputada socialista y secretaria provincial Esther Peña en Madrid y en Europa sobre proyecto. Cero euros, sin embargo, para el tan demandado tren directo entre Aranda y Madrid, que es el proyecto más vilipendiado por los presupuestos del Estado en la última década.

En el año 2018, el Gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy recetó para la provincia los presupuestos más bajos del lustro anterior, en línea con las inversiones menguantes para Burgos a partir del año 2015. Aquella cifra de 2018 llevó a poner el grito en el cielo al PSOE que se desgañitó contra unas cuentas públicas para Burgos que calificaron como «tramposas», en palabras del secretario local socialista y hoy alcalde, Daniel de la Rosa.

Tan «terribles» para Burgos les parecieron esos presupuestos del Estado a los socialistas burgaleses que lanzaron una batería de enmiendas por un valor de 63,5 millones de euros para corregirlos. Al año siguiente Pedro Sánchez abrió la mano hacia Burgos y elevó la inversión a 150 millones de euros y desde entonces se han ido recortando.

Peor en 2018, Esther Peña, cargó especialmente contra el «abandono explícito» del proyecto del tren directo a pesar de las reivindicaciones ciudadanas, empresariales e institucionales. «Nos han engañado», subrayaba entonces.