El Correo de Burgos

Las denuncias por negligencia sanitaria suben un 32,5% en Burgos

Se ha pasado de 83 denuncias en 2020 a las 110 registradas el año pasado / «La pandemia ha dejado al descubierto las vergüenzas del sistema nacional sanitario», según el Defensor del Paciente

Lydia Sainz-Maza ha recogido más de 140.000 firmas para pedir la recuperación de la atención presencial. RAÚL G. OCHOA

Lydia Sainz-Maza ha recogido más de 140.000 firmas para pedir la recuperación de la atención presencial. RAÚL G. OCHOA

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Castilla y León registró 702 denuncias por supuestas negligencias sanitarias en 2021, lo que supone un incremento del 27% con respecto al año anterior. Del total de casos, 39 tuvieron resultado de muerte, según la memoria anual de la Asociación del Defensor del Paciente. En el caso de la provincia burgalesa crece un 32,5% ya que se ha pasado de 83 denuncias en 2020, una cifra superior a la de ejercicios precedentes, a las 110 registradas el año pasado elevando muy significativamente la litigiosidad de los pacientes burgaleses ante lo que consideran negligencias sanitarias. Cabe deducir que en esta mayor concienciación de los pacientes hayan pesado los casos luctuosos conocidos el año pasado, en el que se produjeron en la provincia varios casos de muertes que fueron denunciados con la ayuda del Defensor del Paciente.Entre ellos, el más conocido y el primero en salir a la luz como fue el de Sonia Saiz de la Maza, fallecida de cáncer sin haber logrado una sóla cita presencial en su consultorio de Espinosa de los Monteros. Una negligencia en época del covid que se conoció en todo el mundo y despertó una ola de rechazo con miles de firmas en apoyo a su familia y a la recuperación de la atención presencial. A este caso le siguieron los de Lidia Bayona, Carlos Martínez o Lidia González, igualmente fallecidos, entre otras negligencias denunciadas. La memoría de la entidad ya había señalado un año antes que «la atención sin citas presenciales se ha cobrado la vida de unos cuantos pacientes oncológicos, con especial incidencia en la provincia de Burgos. Son los daños colaterales de la Covid-19», concluía.Castilla y León fue la sexta comunidad más denunciada de España y el territorio donde más han crecido las cifras, hasta el punto que ha llegado a su máximo histórico al superar los 680 casos contabilizados en 2013.El mayor número de denuncias de la Comunidad procedió de Valladolid, con 211, y León, con 171. A continuación, aparecen Burgos (110), Salamanca (80), Segovia (37) y Ávila (35). Cerraron el listado Zamora (24), Palencia (22) y Soria (12). Los complejos con más quejas por negligencias sanitarias fueron el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, el de Léon, el Clínico de Valladolid, el Universitario de Burgos y el de Salamanca, por ese orden.  La Asociación del Defensor del Paciente subrayó, según recogió la Agencia Ical, que el incremento de las denuncias por negligencias médicas ya no se puede achacar al COVID-19 al criticar que el sistema sanitario sigue sin ser «idílico» por la falta de recursos personales y materiales. «La pandemia ha dejado al descubierto las vergüenzas del sistema nacional sanitario. Nuestra sanidad no da para más debido a que la inversión no es la adecuada. La sanidad española continúa con su carácter abnegado. Tenemos los mejores profesionales, pero por el contrario están sobrecargados y mal retribuidos», sentenció.Incidencia ruralOtro de los puntos débiles denunciados es la falta de médicos, lo que ha provocado la anulación de consultas y pruebas diagnósticas ante la carencia de oncólogos, cardiólogos o radiólogos. Un problema que, precisó, tiene especial incidencia en el mundo rural. «Sacyl debe centrarse en llevar facultativos a los pueblos, por lo que es prioritario efectuar una política que facilite la ocupación de plazas de complicada cobertura», setenció. Además, la asociación advirtió de la dificultad para acceder a las consultas de Atención Primaria que ha saturado las Urgencias de gran parte de los hospitales, fruto de la «nefasta» gestión y el «brutal» recorte presupuestario por parte de la Junta de Castilla y León.

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