De la Rosa señala a Rodríguez-Vigil como denunciante del caso de las basuras y dice que no cederá a su "chantaje"
Daniel de la Rosa se defiende asegurando que no cederá al "chantaje" de Julio Rodríguez Vigil
El concejal expulsado del equipo de Gobierno y de Ciudadanos, Julio Rodríguez-Vigil, que actualmente permanece en la corporación municipal como no adscrito, está detrás de la denuncia presentada contra el alcalde y vicealcalde de Burgos, Daniel de la Rosa y Vicente Marañón, respectivamente, por una presunta prevaricación en la adjudicación del millonario contrato de recogida de basuras de Burgos.
Jamás he cedido a ningún tipo de chantaje. Tampoco del concejal no adscrito Julio Rdgez. Vigil, que actualmente está denunciado por la fiscalía.
El daño al honor personal y del gobierno que presido ahí está. Espero que el juzgado no tarde mucho en resolver. Toda mi colaboración. pic.twitter.com/B6B1pKVLi4
— Daniel de la Rosa / ❤ (@danidelarosa)
"Jamás he cedido a ningún tipo de chantaje. Tampoco del concejal no adscrito Julio Rodríguez Vigil, que actualmente está denunciado por la fiscalía. El daño al honor personal y del gobierno que presido ahí está. Espero que el juzgado no tarde mucho en resolver. Toda mi colaboración", ha explicado en su cuenta personal de Twitter.
En ese sentido, el bipartito recuerda que el denunciante, Julio Rodríguez Vigil, fue, a su vez, denunciado por el fiscal «una vez que, desde el Ayuntamiento de Burgos, se dio traslado a la Fiscalía de unos hechos que podrían ser constitutivos de los delitos de prevaricación administrativa por omisión y denegación de auxilio entre administraciones» por un caso de presunto trato de favor a un hostelero de la capital burgalesa.
Rodríguez-Vigil está citado para ratificar su denuncia en los primeros días del mes de febrero, un trámite que se da por seguro.
El equipo de Gobierno, que ha salido al paso de la polémica tanto en declaraciones de su concejal de Hacienda como, posteriormente, en un comunicado en el que aseguran que ni De la Rosa ni Marañón tienen «aún» conocimiento oficial de la denuncia.
No obstante, tras revisar la providencia de la titular del Juzgado de Instrucción nº 4 de Burgos, precisan que la jueza ha abierto diligencias previas ante una denuncia que tendrán la oportunidad de examinar a fondo si aceptan personarse como denunciados para acceder a toda la documentación. Así lo ha confirmado el Ayuntamiento de Burgos en un comunicado en el que señala que «en ningún caso las diligencias previas suponen una citación ni del alcalde ni del vicealcalde para declarar».
En ese sentido, señalan que las diligencias previas «se encuentran en una fase muy incipiente». «Es necesario esperar las conclusiones de la jueza al informe, que será emitido por los servicios jurídicos municipales», recomiendan.
Como ya publicó este periódico, el auto del juzgado, con fecha 11 de enero, abre una primera fase de investigación en la que reclamará a los servicios jurídicos y al secretario general del Ayuntamiento toda la documentación del expediente de adjudicación del contrato para analizarla. A partir de ese momento, y en función del estudio de la documentación, el juzgado adoptaría continuar con las diligencias, que pasarían por tomar declaración al alcalde y al vicealcalde, o decretar el archivo de las actuaciones.
El Consistorio confirma que la juez «ha reclamado que los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Burgos trasladen un informe a ese órgano judicial acerca de la tramitación del expediente del nuevo contrato de recogida de basuras y limpieza viaria sin solicitar el expediente administrativo referido», según explica el equipo de Gobierno.
Tanto el alcalde como vicealcalde, según la versión oficial «no tienen dudas de que en base a dicho informe, será confirmado que el procedimiento en relación con este contrato ha sido impecable desde el punto de vista administrativo, con todas las garantías, reuniendo los pertinentes informes técnicos y jurídicos favorables y con los diferentes pronunciamientos del TARCYL que han ratificado las actuaciones municipales».
Daniel de la Rosa asegura estar «muy tranquilo con este asunto» y añade que le parece «muy bien» que «si la jueza ha recibido una denuncia abra diligencias previas para recabar toda la información necesaria y descartar que se ha producido un delito». Su versión es que el contrato de Basuras «está escrupulosamente bien informado y conformado de acuerdo a derecho con todos los informes jurídicos preceptivos» y recuerda, que la adjudicación es una decisión colegida de la Junta de Gobierno que «únicamente ha aceptado y dado el visto bueno a las propuestas de la mesa de contratación».
Así las cosas, el primer edil confía «en el trabajo de la jueza» y en que «se corrobore la transparencia y diligencia con la que hemos trabajado en este contrato». Lamenta, eso sí, que esta cuestión se produzca en plena campaña electoral de los comicios autonómicos que se celebrarán el próximo mes de febrero. Está convencido de que «la única intención de esta denuncia es enmarañar y menoscabar la credibilidad de mi gobierno». Algo que «no es la primera vez que ocurre», lamentó el alcalde.
De hecho, hace casi un año los diez concejales que se sientan en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos fueron acusados de haber cometido un «posible delito de prevaricación» al aprobar en contra de los reparos de legalidad del interventor y maniobrando para dejarle al margen, el abono de dos facturas que superan los 800.000 euros en favor de la Fundación VIII Centenario de la Catedral como pago a un patrocinio asociado a sus actividades en el año del covid. Izquierda Unida de Burgos fue quien promovió esta denuncia contra siete ediles socialistas y tres de Ciudadanos que finalmente no ha tenido recorrido jurídico.
En la misma línea que el alcalde se manifiesta Vicente Marañón, quien, según el comunicado municipal muestra la misma tranquilidad que su socio de Gobierno. «Hemos sido muy cuidadosos con este contrato, nos ha llevado mucho tiempo y además contamos con el aval del Tarcyl», apuntaba y recordaba que «la concesión de este tipo de contratos es un proceso eminentemente técnico y administrativo».