La Gerencia de Justicia se trasladará a una nueva ubicación «a lo largo de este año»

El Ayuntamiento de Burgos y el Ministerio de Justicia crearán próximamente una «mesa de trabajo técnica», con arquitectos y aparejadores de ambas administraciones, para propiciar el traslado de la Gerencia Territorial de Justicia a un nuevo emplazamiento «a lo largo de este año». Así lo han acordado el alcalde, Daniel de la Rosa, y el secretario de Estado de Justicia, Antonio Julián Rodríguez Esquerdo, tras reunirse para solventar una petición que el Ejecutivo municipal trasladó formalmente el pasado mes de mayo. 

Convencido de que se alcanzará un «acuerdo inmediato», Rodríguez Esquerdo ha precisado que los siete funcionarios que trabajan en la Gerencia, compartiendo instalaciones con el centro cívico de San Juan y la Gerencia municipal de Servicios Sociales, podrían desempeñar sus funciones con total comodidad en un espacio «no superior a 400 o 500 metros». En su opinión, «sería más que suficiente» para realizar los trámites habituales, como la expedición de certificados penales, de últimas voluntades o la gestión de solicitudes de asistencia jurídica gratuita. 

Aunque el Ayuntamiento no tiene «ningún tipo de propuesta formal que trasladar», ya se están «barajando algunas posibilidades» como determinados locales municipales «en el centro de la ciudad». 

El compromiso adquirido, según ha detallado De la Rosa, se fundamenta en que tanto el Ayuntamiento como el Ministerio busquen «alternativas». Es decir, la Corporación podría «conveniar» la cesión de un espacio de titularidad municipal o Justicia plantearse la posibilidad de reubicar la Gerencia en dependencias de la Administración General del Estado. Así las cosas, «ambas opciones están encima de la mesa», ha puntualizado el regidor. En cualquier caso, la Subdelegación del Gobierno asumirá la «intermediación» a la hora de analizar los emplazamientos que se propongan. 

Por ahora, el Ayuntamiento no tiene «ningún tipo de propuesta formal que trasladar». No obstante, De la Rosa ha reconocido que ya se están «barajando algunas posibilidades». En concreto, determinados locales de propiedad municipal situados «en el centro de la ciudad» y que «reúnen esas características» que el Ministerio de Justicia demanda. 

Una vez formalizado el acuerdo, el edificio de la calle San Juan aprovechará el hueco para «redistribuir» los servicios que allí se prestan. Según ha confirmado la concejala de Servicios Sociales, Sonia Rodríguez, se pretende reubicar las oficinas de la Gerencia en los pisos superiores para que «los espacios comunes (del cívico) puedan ser más grandes». Eso permitiría, a su juicio, «mejorar la habitabilidad de ambos espacios» e incrementar el número de despachos, que «hoy por hoy es insuficiente».  

No existe «ninguna opción» hoy por hoy de que dicha dotación conlleve el traslado de salas del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) a Valladolid.

El TSJ se queda como está en Burgos

Sin avanzar plazos concretos, pero en disposición de «avanzar» a lo largo de esta legislatura en la consolidación de la Ciudad de la Justicia de Valladolid, Rodríguez Esquerdo ha señalado que se trata de una ciudad «muy importante» porque representa la «centralidad» de Castilla y León. 

Por si las moscas, más que nada por el debate suscitado hace años y que en cualquier momento puede saltar de nuevo a la palestra, De la Rosa ha subrayado que este proyecto «no tiene nada que ver con la reubicación de sedes judiciales en Valladolid, sino con la concentración de servicios que tienen desperdigados por la ciudad». De esta forma, el alcalde ha querido dejar claro que no existe «ninguna opción» hoy por hoy de que dicha dotación conlleve el traslado de salas del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) a Valladolid. 

Preguntado sobre la petición de más juzgados para Burgos por parte del presidente del TSJCyL, José Luis Concepción, el secretario de Estado de Justicia ha salido al paso diciendo que ayer tuvo la oportunidad de saludarle durante el IV Congreso de la Abogacía de Castilla y León y que, pese a conocer sus demandas, «no me reclamó nada».