Las mujeres maltratadas, sin ayuda para el comedor escolar si llevan a sus hijos al concertado

¿Acaso una víctima de violencia de género es menos víctima porque sus hijos estudian en un colegio concertado? ¿Se presupone que yo tengo más capacidad económica que otra víctima que escolariza a sus hijos en centros públicos y laicos?». Cristina (nombre ficticio) se siente «totalmente discriminada».

Con su exmarido condenado en firme, solicitó el año pasado la beca de comedor escolar para su hija. Necesita conciliar, pero le denegaron la ayuda porque la menor estudia en un colegio concertado de Burgos.

«Me instan desde la Junta de Castilla y León a cambiar otra vez a mi hija de colegio».

Una vez confirmada la negativa, Cristina presentó una queja por escrito ante la Dirección Provincial de Educación. Despachado su expediente en cuestión de días bajo el pretexto de que la beca solo beneficia a centros públicos , decidió apelar al Procurador del Común.

En su escrito, explicaba que «me instan desde la Junta de Castilla y León a cambiar otra vez a mi hija de colegio o de lo contrario pierdo la ayuda».

 Por sus «creencias y valores católicos», y porque «en la propia Junta me dijeron que esa norma es injusta», se niega a cambiar a su hija de centro.

«Ya lo ha pasado bastante mal con todo esto», relata en su misiva al Procurador del Común mientras sostiene que «esta discriminación por razón religiosa atenta directamente contra la libertad de elección de Educación», amén de añadir que esta situación le está causando «daño psicológico y económico».

Cristina no piensa rendirse porque espera que «no le vuelva a ocurrir a ninguna víctima».

Dispuesta a llamar a todas las puertas, esta burgalesa víctima de violencia de género también recurrió al Ministerio de Igualdad. En su queja, no dudó en indicar que necesita la ayuda «igual que una víctima que escolariza a sus hijos en un centro público» por motivos económicos.

Sin embargo, el expediente ha acabado en el fondo de un cajón porque la reclamación, relativa a una línea de ayudas convocada por una Administración autonómica, «excede el ámbito de competencias» de la Unidad de Quejas y Sugerencias ministerial.

Llegados a este punto, Cristina no sabe muy bien a quién acudir. Pero se niega a tirar la toalla porque espera que «no le vuelva a ocurrir a ninguna víctima». En este sentido, confía en que «las Cortes de Castilla y León tomen nota y se pongan a legislar para todas las víctimas», máxime cuando esta «lacra» afecta a mujeres «cada vez más jóvenes».

Por otro lado, no deja de insistir en que «da lo mismo que el padre te pague pensión o que no te la pague, da igual que te pague la extraescolares o no. Solo les importas si te inscribes en un colegio público».

De las bromas a los golpes

«Empieza con bromas, luego te ridiculiza. Más tarde vienen los insultos diarios, te vas aislando de tu familia y amigos y al final te quedas sola. Me hizo pensar que yo era una vaga, que no valía para nada, que su trabajo era más importante que el mío». El relato de Cristina, como el de tantas otras mujeres maltratadas, no es fácil de digerir.

«Se estrenó golpeándome la barriga y amenazándome con quitarme a mi hija».

Todavía tiene miedo, mira «para atrás y a los lados en cada cruce». No descarta que su exmarido aparezca de repente. Y aunque preferiría no hablar de ello y pasar página, ha decidido romper su silencio. Manteniendo el anonimato, eso sí, por cautela. De lo contrario, ya hubiese iniciado una recogida de firmas para dar a conocer su caso ante la opinión pública.

Echando la vista atrás, recuerda que los «menosprecios» pronto se transformaron en «amenazas continuas de divorcio». No en vano, el  maltrató físico comenzaría «a los pocos días de dar a luz». Sin venir a cuento, «se estrenó golpeándome la barriga, llamándome mala madre y amenazándome con quitarme a mi hija alegando que estaba loca».

Por aquel entonces, lo lógico hubiese sido celebrar la llegada de «una niña sana y preciosa». Pero se encontró, tal y como le confirmó su médico, con una «depresión posparto de manual» provocada por «un agente externo que vivía conmigo y que me anuló casi totalmente como persona».

«Jamás he llorado tanto en mi vida», confiesa al rememorar aquella «ansiedad que me hacía desmayarme y sentirme incapaz de cuidar incluso de mí misma».

«Hija de puta como el pan nuestro de cada día. He tenido que salir corriendo de mi casa»

Entretanto, Cristina tenía que lidiar a diario con su agresor. «Discutir por nimiedades sin ninguna importancia y volverse loco, negarse a una relación sexual y recibir insultos por ello, tener que encerrarte en una habitación de tu casa para intentar estar sin él...».

Tampoco olvida las vejaciones delante de la pequeña, del «hija de puta como el pan nuestro de cada día» o de aquellas ocasiones en las que «he tenido que salir corriendo de mi casa» tras verse acorralada y temiendo por su integridad física.

 «Es agotador mentalmente y al final somatizas el dolor psicológico en dolores físicos crónicos a los que los médicos no dan explicación», advierte esta madre coraje incapaz de dar crédito aún al informe del Sacyl, cuando aún no había interpuesto la denuncia, en el que se le diagnosticaba «malestar afectivo». Todo un «eufemismo» para alguien que, de entrada, se sintió como «un caso más».

Por el camino, Cristina ha tenido que soportar toda clase de reproches. «Hasta que pasan los meses y dictan sentencia firme parece que te tienes que defender. Todo el mundo te juzga, incluso tu propia familia. Te dicen que tú te lo has buscado por haberte enamorado».

«Solo me faltaban dos peldaños para llegar a la cúspide: la violación sexual y la muerte».

Por suerte, una trabajadora social y un enfermero del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) le hicieron «abrir los ojos» y comprobar que «solo me faltaban dos peldaños para llegar a la cúspide: la violación sexual y la muerte».

A tenor de su experiencia, si algo tiene claro es que los denominados ‘chiringuitos’ «sirven para ayudar». Mucho más incluso que los servicios públicos de Salud Mental, donde «te atienden cada equis meses y es claramente insuficiente».

En su opinión, tanto el HUBU como los centros de salud deberían contar con unidades especializadas en maltrato. Sería más efectivo que «mandarte de un lado para otro». 

De igual manera, cree que debería reforzarse la atención psicológica en los Centros de Acción Social (CEAS). «Recibes una atención de calidad, pero si te dejan sin médico cuando mas lo necesitas... ¿De qué sirve esa terapia? Pues para darte cuenta de que estás sola porque en 10 sesiones solo puedes coger cierta orientación, pero el daño causado no se repara ni mucho menos».

«Condición sine qua non» para la ayuda

Sobre el papel, la Junta de Castilla y León establece en el Decreto 20/2008, de 13 de marzo, y la Orden EDU/693/2008, de 29 abril, un criterio de prioridad para víctimas de violencia de género a la hora de conceder las ayudas para el servicio de comedor.

De hecho, solo se situarían por delante los beneficiarios en régimen de acogimiento. Sin embargo, la normativa también plantea «condición sine qua non estar matriculado en un centro docente público».

Cristina no paga cuota alguna en el colegio de su hija porque «no puedo económicamente».

Esa fue, precisamente, la respuesta que recibió Cristina de la Dirección Provincial de Educación a finales de febrero tras presentar una queja donde expone, entre otras cosas, que no paga cuota alguna en el centro en el que estudia su hija porque «no puedo económicamente».

En cualquier caso, Educación se escuda en que cualquier modificación de la normativa vigente excede el marco de sus competencias.