Podemos reivindica que los consorcios funcionen como entidades públicas

El grupo municipal de Podemos reclama al alcalde, Daniel de la Rosa, como presidente de los consorcios, que estos organismos funcionen bajo los criterios y los procedimientos de las administraciones públicas como puso de manifiesto hace unos meses un Auto judicial.

En concreto el Juzgado de lo Contencioso Número 2, del pasado 10 de noviembre, expuso, a raíz del recurso interpuesto por los cooperativistas de la Torre Panorama contra la adjudicación a la constructora Pecsa del suelo al que aspiraban para construir sus viviendas, que el consorcio para la gestión de la variante ferroviaria es una entidad del sector público, adscrita al Ayuntamiento de Burgos, por lo que debería funcionar en la adjudicación del suelo por procedimientos de derecho administrativo como la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas y la Ley de Contratos del Sector Público. 

La portavoz de En Burgos Podemos, Marga Arroyo, preguntó en la última reunión, celebrada este miércoles, al secretario municipal sobre esta cuestión y pidió que su respuesta constase en el acta. Como indica la concejala, el secretario, «efectivamente», afirmó que «los consorcios son una entidad pública y como tales deben regirse por procedimientos administrativos concretos acogidos a la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas y a la Ley de Contratos del Sector Público».

Arroyo reclamó también en esa reunión tanto al alcalde como al consejero delegado de los consorcios, el concejal de Hacienda, David Jurado, que atiendan al recurso  de reposición interpuesto por Torre Panorama contra la adjudicación a Pecsa de la parcela para evitar el juicio. Y apremia a comenzar a funcionar desde ya de forma transparente acogidos a la normativa porque «los consejeros respondemos de manera personal y tenemos que estar recabando información como Sherlock Holmes porque nos nos informan ni de los autos del juez».

En opinión de la concejala, ni el alcalde ni el concejal de Hacienda se atreven a enfrentarse al «lobby del ladrillo que gobierna la ciudad entre bambalinas».  Asegura que, en lugar, de fomentar que los consorcios funcionen bajo criterios de la administración pública, el equipo de Gobierno ha promovido una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para rebajar el uso terciario en 11 parcelas, entre ellas la de Pecsa, para facilitar la comercialización del suelo. «Es muy serio lo que está ocurriendo. Nosotros lo llamamos urbanismo a la carta y el alcalde tiene que empezar a solucionar esta cuestión con la misma celeridad que ha actuado en el caso de la empresa adjudicataria de la gestión del Polideportivo Talamillo por el cierre de la piscina promoviendo un expediente sancionador», sostiene.

En este sentido, desde Podemos advierten que la modificación en el PGOU, que ya está aprobada en Pleno de manera inicial, contiene cambios al alza en el precio de las 11 parcelas en las que se rebaja el uso terciario. Así, al figurar con mayor uso residencial este suelo sería más caro y se prevé solicitar a Pecsa, que ofreció 6 millones por la parcela (frente a los 5,9 de Torre Panorama), otros 720.000 euros más. Arroyo se pregunta por el encaje legal de esta subida con la adjudicación ya realizada hace un año.

Por otro lado, la portavoz de Podemos también se interesó por los motivos por los que los consorcios no presentan sus cuentas al Tribunal de Cuentas desde 2018. A este respecto preguntaron al interventor que puso de manifiesto, según precisa Arroyo, que las cuentas que presenta la oficina técnica del consorcio no cumplen los criterios de las administraciones públicas.