La Ordenanza de chamizos prevé sanciones de hasta 300.000 euros

El borrador de la Ordenanza de chamizos contempla un régimen sancionador que establece multas por incumplimientos «muy graves» de hasta 300.000 euros. Esta cuestión ha llevado al grupo municipal popular ha desmarcarse del texto, presentado en la Comisión de Licencias, por considerarlo extremadamente «exigente», en especial en cuanto a su régimen sancionador. 

Así, desde el Partido Popular concretan que entre los motivos muy graves sancionables están cuestiones como no tener autorización para ejercer la actividad o superar en un 50% el aforo permitido.

Esta visión es compartida por otros grupos de la oposición en el Ayuntamiento a la vista de las palabras transmitidas por el concejal de Licencias, Miguel Balbás, tras celebrarse la comisión. 

El edil asegura que los concejales de otros partidos se han mostrado preocupados por el elevado nivel de exigencia, en cuanto a las sanciones y en relación con los requisitos que hay que cumplir para dar de alta un chamizo.

Desde el grupo municipal de Vox, su concejal Fernando Martínez-Acitores, considera que este nivel de «restricciones» conllevará a efectos prácticos que no existan chamizos en el término municipal y concreta que si lo que se quiere es prohibirlos en lugar de regularlos el bipartito debería ser más claro.

Los locales menores de ocio privado, como se definen los chamizos en la normativa municipal, deben contar con autorización administrativa para desempeñar esa función que se debe solicitar en el Ayuntamiento y, por tanto, a continuación quedarán incluidos en un registro oficial municipal.

Además, para conseguir esa autorización se exige un certificado técnico firmado por un profesional competente en la materia en el que se acredite que el local cumple con la dotación de servicios como instalación eléctrica garantizada, aseo, ventilación natural o forzada  y medidas mínimas de seguridad contra incendios.

La «farragosa tramitación» que se exige a los grupos de jóvenes, que son los que suelen arrendar este tipo de locales, apenas tiene una vigencia anual por lo que se complica su utilización si cada año hay que renovarla.

El nuevo borrador de la ordenanza incluye la posibilidad de que este tipo de locales permanezcan en los polígonos industriales, cuando en un texto anterior dado a conocer por el anterior concejal de Licencias, Julio Rodríguez-Vigil, se prohibía expresamente esa ubicación. Así, el texto indica ahora que «los locales menores de ocio privado solo podrán ubicarse en planta baja -incluso en parcelas de uso industrial (en polígonos o áreas industriales) en naves industriales de cualquier tipo, incluidas las denominadas ‘naves nido’-, estando prohibida su ubicación en parcelas o edificios de uso residencial unifamiliar. 

Balbás especifica que el borrador está en una fase muy incipiente en la que se quiere escuchar las opiniones de todas las partes implicadas. De hecho, se ha comenzado a recabar las opiniones de los grupos políticos y el concejal indicaba que el primer diálogo «ha sido constructivo». A este respecto, añadía que habrá que «dar una vuelta al texto» en relación con el nivel de exigencia que han criticado los grupos de la oposición. Por ahora, desde el área de Licencias no se marcan un plazo para sacar esta normativa adelante.

Desde el PP opinan que la propuesta del bipartito, en relación con esta ordenanza, es «una persecución» de la juventud y supone un serio problema para los padres si tienen que responder subsidiariamente ante sanciones de 300.000 euros, cuanto en otros municipios, como Villena, se plantean multas que oscilan entre los 500 y los 3.000 euros, en función de la gravedad de los hechos. «El texto vulnera a todas luces el principio de proporcionalidad», remarcan. En este sentido, comparan el régimen sancionador de esta ordenanza con el episodio del antiguo colegio Niño Jesús cuando desde Licencias no se estableció ningún tipo de sanción por el derribo de una fachada protegida.

El grupo popular es partidario de regular los chamizos pero aboga por un equilibrio entre la seguridad de los jóvenes y la convivencia vecinal.