Burgos paga a sus trabajadoras sociales 7.000 euros menos que a otros funcionarios

Las situaciones de riesgo que afrontan las trabajadoras sociales del Ayuntamiento de Burgos aumentaron considerablemente a raíz de la crisis económica de 2008 y experimentaron un nuevo pico durante la pandemia. Sin embargo, los complementos salariales anuales fijados en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de 2019 no hacen justicia a los episodios de «agresividad» que este colectivo soporta habitualmente. Al menos si se comparan con otros grupos funcionariales del mismo nivel que perciben mayores retribuciones.

Obviamente, la cuantía complementaria en puestos de idéntica categoría dentro de la Policía Local y el Cuerpo de Bomberos es mucho mayor habida cuenta de los peligros que puede conllevar su actividad. Dejando al margen ambos estamentos, la última RPT aprobada por la Corporación estableció una diferencia de hasta 7.688 euros entre un puesto en la Sección de Medio Ambiente y Sanidad y las trabajadoras sociales, que perciben la retribución mínima concretada en el documento de acuerdo a su nivel (8.366 euros).

En muchos casos, la horquilla entre este colectivo y otros grupos de funcionarios se sitúa en unos 4.900 euros. Cifras aparte, las trabajadoras sociales están a punto de plantarse por éste y por otros motivos que llevan tiempo tratando de visibilizar.

«Está muy bien que nos vayan aumentando las funciones, no nos negamos», esgrime María Jesús González mientras recuerda la predisposición, tanto de ella como del resto de sus compañeras, en casos de extrema gravedad como el atentando de ETA contra la Casa Cuartel de la Guardia Civil o los momentos más duros de la pandemia, que les obligó a situarse «en primera línea».

Así las cosas, le parece «muy injusto seguir cobrando un complemento específico muy por debajo de otros grupos más masculinizados del Ayuntamiento en el mismo nivel».

El martes, repartieron octavillas, pegaron carteles y trasladaron su malestar al alcalde. 

Otro de los frentes abiertos, máxime en los tiempos que corren, es la falta de personal. La ratio actual se ubica muy por debajo de lo recomendado (un profesional por cada 3.000 habitantes) y no hay visos de que se vaya a corregir. Por otro lado, González reclama «estabilidad» para las compañeras interinas que llevan más de una década encadenando contratos temporales «de muy poca duración», de tal manera que pasen por fin a ser indefinidas.

De momento, la presión ejercida a nivel mediático no ha obtenido apenas respuesta por parte del equipo de Gobierno. No obstante, el alcalde, Daniel de la Rosa, se comprometió este martes a analizar las demandas y a «emplazarnos a una reunión». Lo hizo después de que el colectivo repartiese octavillas, pegase carteles a las puertas del Ayuntamiento y le entregase un chaleco naranja que simboliza su lucha a pie de calle para que «se sienten a negociar».

Teniendo en cuenta que estamos en Semana Santa, González ve «difícil» que el encuentro se produzca o convoque en los próximos días. Entretanto, las trabajadoras sociales anunciarán el próximo lunes por la tarde las acciones que prevén a partir de ahora si la situación se mantiene intacta.

En principio, la próxima RPT contempla sumar «alguna plaza más este año».

Esta vez sí, las movilizaciones se llevarán a cabo. Anteriormente, cuando la cuerda parecía estar a punto de romperse, no se llegó a dar ningún golpe sobre la mesa por los problemas de «conciliación de vida familiar y laboral» en un «colectivo mayoritariamente feminizado».

A expensas de que el bipartito se pronuncie, González celebra que se haya dado «un pequeño paso» al confirmarse un «análisis del puesto de trabajo para incluirlo en la RPT». De esta forma, se determinarán «cuáles son nuestras responsabilidades y funciones». Además, se contempla sumar «alguna plaza más este año», aunque a este respecto «solo hay palabras, no un acuerdo concreto firmado».