Las trabajadoras sociales de Burgos se ponen en huelga indefinida

Salieron a la calle y anunciaron movilizaciones, pero el equipo de Gobierno hizo caso omiso a sus reivindicaciones. Ante esta situación, las trabajadoras sociales del Ayuntamiento de Burgos han decidido, de manera unánime, convocar una huelga indefinida a partir del 3 de mayo. 

No es que la gota haya colmado el vaso, más bien lo ha desbordado por completo. De nada sirven las «buenas palabras» desde la Corporación para un colectivo que lleva soportando una sobrecarga de trabajo desde la crisis de 2008 notablemente incrementada a raíz de la pandemia. 

Una vez acordada la huelga en asamblea, las trabajadoras sociales han leído un comunicado en el que exponen las cuestiones que han propiciado tal decisión. En primer lugar, exigen que se cumpla la ratio recomendada de un profesional por cada 3.000 habitantes, máxime cuando «actualmente atendemos a más de 6.000 personas». 

De igual manera, la plantilla dice 'basta' al elevado índice de temporalidad (más de un tercio), de ahí la solicitud de convocar oposiciones para los 13 puestos eventuales de cara a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). De esta forma, esgrimen, se lograría «mejorar la estabilidad en las intervenciones sociales». 

Otro de los grandes caballos de batalla de este colectivo es la cobertura de bajas, que no son pocas, por estrés o ansiedad. En el caso del Ayuntamiento capitalino, de un tiempo a esta parte se han tramitado siete de larga duración no reconocidas por la mutua.

Sobre este «talón de Aquiles», Susana Santamaría recuerda que el Consejo General de Psicología publicó un informe el mes pasado que revela un dato demoledor: el 52% de los profesionales de este ámbito sufrieron alguna de las patologías anteriormente mencionadas debido a la crisis sanitaria. 

En base a ello, el listado de reivindicaciones incluye la «contratación rápida y eficiente» de trabajadores sociales y administrativos para cubrir bajas «en el plazo de una semana» para evitar el «colapso» a la hora de gestionar los servicios que se prestan. 

Por este motivo, la plantilla lleva tiempo pidiendo un servicio de psicología preventiva extensible a «todo el Ayuntamiento». A este respecto, una de las trabajadoras, Belén Salvador, detallaba a principios de mes a este periódico que se realizó una valoración de riesgos psicosociales, a petición de los sindicatos, de la que nada se sabe a día de hoy. 

Tampoco pasan por alto las trabajadoras sociales el exiguo complemento específico que perciben mientras otros funcionarios de su mismo nivel cobran hasta 7.000 euros más al año. Como ya desveló este diario la semana pasada, en la última RPT hay varios grupos que perciben cantidades muy superiores pese a que sus funciones entrañan menos riesgos. 

Por último, reclaman un «acceso real» a los permisos sin sueldo y a los anuales parcialmente retribuidos y la «disminución de la burocracia» porque «ralentiza, desmotiva e impide nuestro verdadero trabajo social con las familias». 

«Que muevan ficha»

Lo ideal sería «no tener que llegar a la huelga», señala María Jesús González a sabiendas de que la pelota está, más que nunca, sobre el tejado del equipo de Gobierno. Así las cosas, las trabajadoras sociales esperan que «muevan ficha» porque de lo contrario no les quedará más remedio que seguir adelante con la huelga. 

En tal caso, apunta Luis Delgado, se prevén unos servicios mínimos de una compañera por área (norte, sur y Gamonal). Al menos en principio, aunque está por ver. En cualquier caso, el parón conllevaría un bloqueo total de las valoraciones de dependencia, gestión de ayudas económicas, teleasistencia domiciliaria, elaboración de informes para la Fiscalía, intervenciones en casos de desahucio... Un sinfín de actuaciones indispensables para la ciudadanía que cubren los Servicios Sociales municipales. 

Entretanto, el colectivo no descarta movilizaciones paralelas para seguir visibilizando su situación. Por ejemplo, asistiendo al pleno municipal de este viernes. Sea como fuere, las trabajadoras sociales aguardan una respuesta del bipartito -especialmente de la concejala de Personal, Nuria Barrio- para evitar la huelga o, a lo sumo, intentar que «dure lo mínimo posible».