Servicios Sociales tramita 450 peticiones anuales de bono social eléctrico

La subida de los precios de la electricidad y del gas, que tanto preocupa en los hogares y en las empresas, ha supuesto un incremento de actividad para los trabajadores de los servicios sociales municipales. 

Los expedientes que se tramitan no paran de crecer puesto que las familias que necesitan acceder al bono social eléctrico y térmico, que ha regulado el Gobierno de España para proteger a los consumidores vulnerables, requiere un informe de los Servicios Sociales en el que se da cuenta de la situación económica de los solicitantes.

Así, calculan que se tramitan entre 400 y 450 expedientes al año vinculados con situaciones de pobreza energética para el acceso a los bonos sociales. Los trabajadores municipales hacen un trabajo importante en este campo, puesto que además de las condiciones objetivas para el acceso a este beneficio, basadas en las características de la unidad familiar y el nivel de renta, existen otros supuestos que ayudan a acreditar y que permiten ampliar el número de usuarios. Por ejemplo, casos de violencia de género, familias monoparentales, víctimas de terrorismo, discapacidades de alguno de los miembros de la familia superiores al 33% y dependencias de grado II y III.

Además, el área municipal de Servicios Sociales dispone de las ayudas de urgente necesidad, que tienen entre sus funciones atender el pago de los suministros del hogar en situaciones excepcionales de impago.

Estas medidas tratan de evitar que las compañías de electricidad y gas corten el suministro a los hogares. La concejala de Servicios Sociales, Sonia Rodríguez, reconoce un incremento de la carga de trabajo en el Ayuntamiento de Burgos para atender a las familias en este sentido, primero por la crisis económica derivada de la pandemia y en los últimos tiempos por la subida de los precios.

Entre enero y marzo esta área municipal ha notado un descenso en la petición de ayudas de urgencia social en líneas generales, sin embargo en lo que respecta al capítulo energético se han incrementado, en los tres primeros meses de este año con respecto a 2021, en un 37,5%. 

Se pasa de 24 concedidas en el pasado ejercicio a las 33 de la actual anualidad. «Parece que la situación económica de las familias ha mejorado porque de 393 solicitudes de urgencia social se ha pasado a 320, sin embargo son más las que tienen que ver con los gastos energéticos», precisa la edil.

En esta línea llama la atención sobre el hecho de que la cuantía de las ayudas concedidas está siendo mayor que en 2021. Así, si en el primer trimestre con más subvenciones se había gastado ya 200.000 euros, este año con menos peticiones en el mismo periodo de tiempo se ronda una cifra muy similar (183.000 euros).

Las políticas del Estado y de la Junta de Castilla y León, en los últimos meses y ante el alza de los precios energéticos, han ido en la línea de sacar ayudas para la población más vulnerable, pero desde los servicios sociales municipales han tenido que complementar esas subvenciones.

Los bonos sociales y térmicos llevan aparejado un descuento en la factura para familias vulnerables. En el caso del eléctrico puede oscilar entre una rebaja del 25 al 40% en función de si la situación económica es más o menos grave. Excepcionalmente, el Ministerio de transición Ecológica ha elevado hasta el 70% el descuento. Sin embargo, la factura sigue llegando a estos hogares y existen situaciones en las que aún con esa rebaja no se puede hacer frente al pago. Es ahí donde intervienen los Servicios Sociales más cercanos al ciudadano. Cuando ya existen deudas impagadas con alguna compañía, la persona afectada puede solicitar a los trabajadores municipales una justificación de vulnerabilidad para evitar el corte de los suministros.