Justicia Restaurativa: Burgos es pionera en tratar los abusos de la Iglesia

La Sociedad Científica de Justicia Restaurativa en colaboración con Eges Bolivia ha cerrado con éxito la primera edición del ‘Programa Individual de Justicia Restaurativa para víctimas de delitos graves’.  «Se trata de un programa pionero que trabaja con personas que han sufrido un daño grave como abusos sexuales, violencia familiar y de género y otros delitos con resultado de muerte», explica Virginia Domingo, presidenta de la sociedad y una de las facilitadoras del programa, junto a Lastenia Elis Ayaviri Álvarez, de Bolivia, Aitziber Bilba, de País Vasco y Marilina Schreiber, de Argentina.

La Justicia Restaurativa centra sus esfuerzos en mostrar que el delito cometido  causa daños a las personas y a las comunidades y la justicia debe propiciar que se reparen esos daños. Lo idóneo es que las partes participen en este proceso ya que «los delitos no solo vulneran la norma creada por el Estado sino que causan un daño a la víctima y los delincuentes deben tomar responsabilidad por su conducta, además se les debe dar una oportunidad para compensar el daño que se ha hecho», señala Domingo, responsable del servicio. 

Este taller «se ha desarrollado en un formato online porque hemos trabajado con víctimas no solo de España si no de varios países de Latinoamérica», apunta Domingo. Así, durante tres meses y durante dos sesiones mensuales, los participantes «han podido compartir sus historias, lo que echaron en falta cuando sufrieron el delito, sus necesidades, como les hubiera gustado ser reparados y cuáles son sus deseos para un futuro no muy lejano».

Todo este proceso «se realiza incidiendo en la justicia restaurativa ya que muchos de estos delitos son difíciles o imposibles de reparar», asevera Domingo, quien avanza que «muy pronto se elaborará la memoria de este  primer grupo y se hará un seguimiento de cada participante esencial para testar cómo  el programa ha impactado positivamente en sus vidas».

Entre los participantes de la primera edición, Domingo explica que se ha trabajado «con una persona española, víctima de abusos sexuales, con la madre de una mujer asesinada en Argentina, con una víctima de violencia machista también de Argentina y con una víctima de violencia intrafamiliar en Bolivia».

La pasada semana y a la vista de los buenos resultados de la primera intervención, arrancaba un segundo grupo. «Se trata también de un proceso online porque al igual que en el primer grupos hay participantes de diferentes países». De hecho,  en este segundo grupo participan «cuatro víctimas españolas de abusos sexuales de la Iglesia y dos víctimas de violencia de género de Argentina y Bolivia». 

En este segundo grupo participan cuatro víctimas españolas de abusos sexuales de la Iglesia y dos víctimas de violencia de género de Argentina y Bolivia 

Antes de entrar en el programa, las facilitadoras desarrollaron «una sesión informativa esencial para conocer las posibles expectativas de los participantes y valorar su idoneidad», apunta Domingo, quien confirma que «los resultados han sido tremendamente positivos» porque «se ha alcanzado el objetivo previsto».

Un objetivo centrado en que las personas «se encontraran en un espacio seguro y de confianza donde pudieran contar y compartir su historia y aquellas necesidades que  considerasen importantes para comenzar su camino hacia el cambio de víctimas a supervivientes».

Y es que, para la presidenta de la sociedad, «el sistema penal preventivo y retributivo actual,  está configurado de tal forma que la víctima asiste como mero testigo a un hecho que  la afecta tan directamente como es el delito».  Así las cosas, «la tradicional concepción retributiva ha distanciado al infractor de la víctima, poniendo a esta última como un simple sujeto pasivo en su propio proceso». 

Una herramienta útil

Esto explica que «sea frecuente la desilusión con el sistema  judicial, después de haber puesto todas las esperanzas en el que se cree el único medio posible». En este sentido, «el proceso penal no solo no  respeta estas necesidades, sino que supone, en algunos casos, una experiencia dolorosa  para las víctimas, generando lo que se denomina ‘victimización secundaria’», apunta Domingo. 

Por todo esto, Domingo asegura que «las prácticas restaurativas se revelan como una herramienta eficaz para que muchas víctimas que tengan interés puedan participar activamente en la forma de gestionar las afectaciones y necesidades que tienen después del delito». 

No siempre es posible realizar  prácticas restaurativa ideales, esto es que impliquen reuniones preparatorias y a ser posible conjuntas

Y es que si algo tiene claro la profesional después de años dedicada a la Justicia Restaurativa es que «no siempre es posible realizar  prácticas restaurativa ideales, esto es que impliquen reuniones preparatorias y a ser posible conjuntas» ya sea porque la persona ofensora no ha sido identificada o no está dispuesto a asumir su responsabilidad y en otras ocasiones porque las víctimas no están preparadas o no es aconsejable su posible reunión con el ofensor o incluso las legislaciones de algunos estados no permiten estas prácticas.

De ahí que, tal y como señala Domingo, «la respuesta idónea a estas situaciones estaría en los programas individuales». De esta manera, «trabajando solo con un grupo de víctimas afectadas por un delito y con enfoque restaurativo atendiendo las necesidades no atendidas tras sufrir el delito».

¿Qué es un facilitador?

El mediador restaurativo o facilitador se encarga de hablar con cada una de las partes para explicarle en qué consiste el proceso restaurativo y, si ambas aceptan, se celebra una primera entrevista por separado. A esas citas ambas partes pueden acudir acompañadas, pero por norma general, si se llega a la segunda fase, únicamente acuden las partes. 

En este punto, el facilitador tiene un papel secundario e imparcial de manera que el protagonista sea el diálogo entre la víctima y su agresor o agresora. En cualquier caso, el facilitador pone de manifiesto que no hay un equilibrio entre las partes y por eso busca la responsabilización del ofensor y la reparación de la víctima.