TRIBUNALES
Sentencia pionera en Burgos por coacciones y odio contra la comunidad gitana
El Juzgado de lo Penal 2 condena a tres meses de cárcel a tres mujeres por hostigar durante meses a una familia que se vio obligada a cambiar de domicilio / La Unidad de Atención a la Diversidad de la Policía Local comprobó que las denuncias por ruido de las acusadas eran falsas
La familia denunció por odio antigitano y la Policía Local aportó su testimonio. FSG
Marzo de 2020, España se confina. Comienza entonces la pesadilla de una familia burgalesa y no por el Covid precisamente. Tres vecinas la toman con ellos, tal y como ha quedado demostrado en sede judicial, a base de coacciones e insultos como «gitanos de mierda» o «hijos de puta». Por si fuera poco, llegaron a enviarles una carta calificándoles de «salvajes», colgaron un cartel en el portal alertando de presuntos «ruidos» y se despacharon en redes sociales acusándoles de ser personas «problemáticas».
La situación se prolongó hasta el mes de septiembre. La familia no pudo más y decidió mudarse. Pero no se quedó de brazos cruzados y denunció lo sucedido. Finalmente, el Juzgado de lo Penal número 2 de Burgos ha condenado a las tres acusadas a tres meses de prisión por un delito de coacciones con el agravante de odio antigitano.
Tanto la acusación particular como la Fiscalía pedían más de un año de prisión.
La sentencia, confirmada por la Fundación Secretariado Gitano, constituye el «primer incidente judicializado» de este tipo. Sin embargo, la abogada Selene de la Fuente subraya que «no es el único» caso de discriminación que se registra en la ciudad.
De entrada, tanto la acusación particular como la Fiscalía pedían más de un año de prisión para estas tres mujeres. No en vano, reconocieron su delito y la vista oral no llegó a celebrarse porque se alcanzó un acuerdo de conformidad entre las partes. Las víctimas, además, renunciaron a la indemnización inicialmente solicitada en concepto de daños y perjuicios.
«Los estereotipos están muy extendidos y la comunidad gitana tiene muy normalizada esa discriminación».
Más allá del precedente que pueda sentar esta sentencia, De la Fuente señala que «los estereotipos hacia la comunidad gitana están muy extendidos y la comunidad gitana tiene muy normalizada esa discriminación». Tanto es así que «en la mayoría de los casos no denuncian», ya sea por «miedo a represalias» o porque «creen que van a sufrir una doble victimización». Sea como fuere, la letrada anima a visibilizar esta clase de conductas y acudir a los tribunales para frenar en seco los delitos de odio.
Otro factor clave expuesto durante el procedimiento fue el afán de las condenadas por denunciar molestias por ruidos en el piso de la familia afectada. Las llamadas a la Policía Local, «reincidentes» y «periódicas», demostraron que nada de lo expuesto se correspondía con la realidad.
La abogada de la Fundación Secretariado Gitano agradece el «magnífico trabajo en equipo» con la Policía Local.
A raíz de estos hechos, dos agentes de la Unidad de Atención a la Diversidad se hicieron cargo de la investigación, inicialmente en calidad de mediadores, hasta demostrar que las acusaciones eran rotundamente falsas.
De la Fuente agradece el «magnífico trabajo en equipo» con la Policía Local, ya que el testimonio de estos dos agentes ha permitido esclarecer que los denunciantes fueron hostigados durante meses simple y llanamente por ser gitanos.
Ahora, tras la sentencia, la familia reconoce a través de un comunicado difundido por Secretariado Gitano que «esta condena ha supuesto un resarcimiento» porque «se ha reconocido el daño que nos han hecho».
Aún así, todavía queda el recuerdo de cuando «nuestros hijos tenían miedo de estar en casa», hasta el punto de sentirse «aterrorizados cuando se les caía un boli al suelo». Por eso, lo único que desean es que «ninguna otra familia gitana vuelva a pasar por estas situaciones».