Dos tercios de los vehículos quedan fuera de Burgos Central

Burgos conocerá mañana, a través de un pleno exigido por el Partido Popular,  en qué consiste la Zona de Bajas Emisiones. Es el Burgos Central, una medida que exige la Unión Europea a municipios de más de 50.000 habitantes para el 1 de enero de 2023. Pero la forma de abordarlo por parte del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos ha generado todo tipo de críticas en la oposición por la falta de acceso a la información y, también, la forma de argumentarlo y de tramitarlo. Para el grupo municipal de Vox el problema de "esta dictadura de la nueva religión climática" dejará fuera de Burgos Central a dos tercios de los burgaleses. El portavoz de Vox, Ángel Martín, analizó la realidad del parque automovilístico de la provincia de Burgos que asumió como correlativo a la capital. Señala que de los vehículos cero emisiones, eléctricos e híbridos, suponen el 0,5% de los coches que circulan por la provincia. El distintivo Eco solo lo podrían alcanzar 1,55% de los vehículos matriculados. Ya ascienden los vehículos que pueden colocar la pegatina C de emisiones. En éste último grupo se encuadran, según los datos hechos públicos por Vox, el 28% del parque automovilístico de la ciudad.Así, concluyen que "dos tercios de los burgaleses se quedarán fuera de la zona de bajas emisiones, no podrán acceder no ya al casco histórico, que está prácticamente peatonalizado, sino que no podrán llegar a la avenida de la Paz o a la calle Calzadas o llevar al Centro Médico a un familiar con movilidad reducida".Considera que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos "quiere imponer la Zona de Bajas Emisiones a cuchillo" y que lo hacen "sin plantear alternativas, sin hacer un plan previo para que la ciudad sea más vivible". Como ejemplo la falta de ronda interior sur donde la única circunvalación posible para evitar el centro es el Bulevar que "sin poder girar a la izquierda y el ritmo de circulación, es que la gente huye del bulevar", señala.Añade que nadie explica ni argumenta la superficie establecida dentro del mapa definido de Burgos Central. "No se justifica la elección de la zona cuando y no cumple la ley que habla de que abarque a gran parte de la población, en el mapa que conocemos no sucede; imponen que se implique a las zonas con más circulación, y aquí los ejes más importantes quedan fuera; la elección es arbitraria y no hay datos objetivos que lo justifiquen". Para la formación de Vox el objetivo es doble y único que "los burgaleses gasten más dinero comprando un coche eléctrico " y, también, "ingresar más dinero por sanciones". Ángel Martín avala este último argumento en que el contrato para los equipamientos que permitan implantar la Zona de Bajas Emisiones de Burgos el sistema de gestión de multas es muy amplio. "Hay cuatro apartados técnicos y uno sólo se dedica a hablar de sanciones", señala. Considera inviable que el Ayuntamiento de Burgos gaste cerca de 3,6 millones de euros en "implementar una zona restrictiva de acceso a los burgaleses sin dar alternativas y sin medios para evitar el centro quien no pueda acceder, se llega tarde sólo para llegar a la subvención Europea", explica.