El Correo de Burgos

Una madre denuncia al HUBU por retención ilegal al ingresar a su hija de 24 años en Psiquiatría

Sanidad mantiene que cumple «una orden judicial» del viernes pasado y que «es en Psiquiatría donde debe ser tratada» la paciente C. H. M.

Un pasillo del Hospital Universitario de Burgos (HUBU). RAÚL G. OCHOA

Un pasillo del Hospital Universitario de Burgos (HUBU). RAÚL G. OCHOA

Publicado por
E. M. VALLADOLID
Burgos

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R. M., madre de una joven de 24 años que responde a las iniciales C. H. M., denuncia al Hospital de Burgos (HUBU) «por retención ilegal» al haber internado en Psiquiatría a su hija el pasado viernes después de casi tres meses en la planta de Medicina Interna. La madre de la paciente asegura que C. H. M. «está ingresada en Psiquiatría en el HUBU contra su voluntad y sin justificación».Por contra, la Consejería de Sanidad, sin entrar en ningún dato concreto de la joven o de sus historia clínica, sí indica que «es en Psiquiatría donde debe ser tratada» y mantiene que «se cumple una orden judicial», según explicó a este diario.Según el relato de la familia, C.H. M. ingresó en Medicina Interna el pasado mes de marzo por «unas úlceras vasculíticas en los pies». La madre defiende que la joven «está enferma de Lyme crónico, desde 2016, una enfermedad infecciosa y multisistémica producida por la bacteria Borrelia y que se transmite a través de mordedura de garrapata, y ha sido ingresada en Psiquiatría pese a tener una serie de síntomas orgánicos», asegura.«El lunes 6 de junio nos dicen los médicos que van a pedir una petición al juez para que se la ingrese en Psiquiatría. El martes la jueza habla con ella por videoconferencia y el miércoles un médico forense la valora», enumera R. M. «El viernes, los médicos nos dicen que el juzgado ha dado la orden del traslado urgente a Psiquiatría y el sábado, ante la indefensión que sufrimos, voy al juzgado de guardia a poner una denuncia por retención ilegal». Continúa R. M. exponiendo que su abogado le apunta que «la resolución judicial habla de que esté ingresada y no especifica dónde». «Queremos que cumpla la orden judicial, ya que no está incapacitada ni con trastorno psiquiátrico, y que se la siga tratando, pero no en esa planta, con esas condiciones», afirma R. M.En la resolución judicial que la familia ha facilitado a este diario, el juzgado de primera Instancia número 9 de Burgos emite un oficio en el que «ratifica el internamiento en el Hospital Universitario de Burgos al que ha sido trasladado para su tratamiento médico por el tiempo que se estime necesario». También dispone que «el facultativo del centro que atiende al enfermo informe al tribunal cada seis meses sobre la necesidad de proseguir el internamiento, a no ser que antes proceda el alta clínica». Y estima que «en caso de quebrantamiento del internamiento debe darse cuenta a este órgano, sin perjuicio de que el mismo centro adopte las medidas precisas para el reintegro de la persona internada, incluso requiriendo el auxilio de las fuerzas y cuerpos de seguridad para lo que se le faculta expresamente». Además, insta a comunicar esta resolución «al Ministerio Fiscal por si estima procedente promover la declaración de incapacidad». La progenitora de C. H. M. relata que este es el segundo episodio de similares características que se produce y que ya en 2016, cuando tenía 18 años, «la ingresaron en Psiquiatría sin permiso de la familia ni de la propia enferma». Por este caso presentó el año pasado una denuncia por retención ilegal que aún no se ha resuelto y que llevará a la joven «a prestar declaración en los próximos días».Tanto entonces como ahora la familia afirma que ha presentado «varias quejas ante el servicio de Atención al Paciente» y al no estimarse ninguna recurren a la vía judicial. «Claro que entendemos que tiene que estar ingresada, quiero que se cure, solo que no en Psiquiatría, incomunicada, sino en otra planta», cuenta a este periódico la madre. «Está en una situación muy grave y además durante este tiempo no ha podido tener una comunicación privada con su abogado, impidiendo así el derecho a su legítima defensa», agrega R. M. A través de una nota de prensa, «su familia, amigos y enfermos de Lyme Crónico de toda España», piden «justicia, que sea tratada sin la merma de sus derechos». Afirman que «no está incapacitada, está enferma de una enfermedad invisible e infradiagnosticada de difícil cura por no haber suficiente investigación».

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